jueves, 11 de octubre de 2018

17:32:00
MÉRIDA, Yucatán, 11 de octubre de 2018.- Con el fin de evitar que los Ayuntamientos sigan heredando millonarios laudos por ex trabajadores, con el riesgo de quebrantar las finanzas municipales afectando obras y programas sociales, la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentó un proyecto de decreto para que se reforme la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán y se armonice con la legislación federal.

Al presentar la propuesta, la diputada local de Movimiento Ciudadano Milagros Romero Bastarrachea afirmó que al poco tiempo de haber comenzado su gestión, los alcaldes de más de 80 municipios deben pagar más de 450 millones de pesos por adeudos a más de dos mil ex trabajadores que ganaron sus demandas laborales por despidos injustificados.

La diputada local de Movimiento Ciudadano Milagros Romero Bastarrachea.

“Se trata de un eterno problema que va pasando de administración en administración, debido a que muchas veces los alcaldes entrantes no tienen la menor intención de pagar adeudos, alargando el conflicto. En algunos casos, los laudos son de la magnitud de sus presupuestos, por lo que de pagar de golpe, pondría en riesgo las finanzas de sus municipios”, explicó.

Por tal motivo, el proyecto de decreto presentado por la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano pide homologación de las dos leyes antes mencionadas, lo que significa que los salarios vencidos se paguen desde la fecha del despido hasta en un plazo máximo de 12 meses.

En caso de no concluirse el juicio en dicho período, proponen medidas para salvaguardar los intereses de los trabajadores, de manera que se pagarán los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago.

Romero Bastarrachea explicó que también se impondrán multas de hasta mil veces el salario mínimo a abogados litigantes o representantes que promuevan acciones dirigidas a prolongar u obstaculizar la sustancian de un juicio laboral, mientras que los servidores públicos que incurran en irregularidades serán suspendidos hasta por noventa días de su cargo.

Por último, propuso al gobernador Mauricio Vila Dosal a que considere en su partida del Presupuesto de Egresos a tomar en consideración esta problemática, ya que de no hacerlo de este modo, tendría repercusiones para los ciudadanos del interior del estado.

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