jueves, 13 de septiembre de 2018

septiembre 13, 2018
SAN SALVADOR / CIUDAD DE MÉXICO, 13 de septiembre de 2018.- El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca (2004-2009) ha sido condenado este miércoles a 10 años de prisión por el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares de las arcas públicas. "El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condena al señor Elías Antonio Saca a cinco años de prisión por el delito de peculado (malversación) y cinco años por el delito de lavado de dinero", ha afirmado el juez Alejandro Guevara.

Saca, que llegó al poder bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) aceptó —a cambio de penas mínimas— confesar en un juicio abreviado la estrategia que usó para extraer y lavar los fondos públicos. Es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en ser condenado por delitos de corrupción y tendrá que reintegrar al Estado salvadoreño casi 261 millones de dólares.

El expresidente salvadoreño habla con sus abogados antes de la sentencia, el 12 de septiembre de 2018 en San Salvador. (Reuters)

"Al escuchar las declaraciones de estos personajes, la prueba documental y pericial", el juez —uno de los tres que componen el tribunal— ha determinado que "lo que habían confesado era verídico". Antes de dar a conocer las penas, Guevara ha señalado que el pacto con la Fiscalía, a pesar de desconocer el destino de 191 millones de dólares que fueron sacados en efectivo, fue un "limite" y un "valladar" para establecer la pena. La legislación salvadoreña establece que los jueces no pueden imponer una condena mayor a la pactada entre los imputados y el Ministerio Fiscal en un juicio abreviado, como este.

El tribunal ha decretado, además, la misma pena de 10 años de prisión para al exsecretario privado de Saca, Elmer Charlaix, que tendrá que devolver al fisco 15 millones. Por su parte, los exsecretarios de Juventud y Comunicaciones, César Funes y Julio Rank, han sido condenados a cinco años de cárcel cada uno por un delito de lavado de dinero y tendrán que retornar 8,3 millones y 887.000 dólares, respectivamente.

El ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga tendrá que cumplir una condenada de seis años de prisión por los mismos dos delitos que Saca y Charlaíx, mientras que el exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera ha sido sentenciado a tres años de cárcel. La pena más elevada será para el excolaborador de la Presidencia, Pablo Gomez —que no se acogió al beneficio del juicio abreviado y enfrentó un proceso común— y que pasará 16 años en prisión.

Hace poco más de un mes, durante el proceso, Saca detalló que el dinero fue traspasado puntualmente durante sus cinco años de gestión a 13 cuentas de Charlaix y de otros dos empleados, y que buena parte se retiró en efectivo. El expresidente también confesó que le pagó 10.000 dólares mensuales a su esposa, Ana Ligia de Saca, y que ese dinero salió de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia, "que eran entregados en efectivo". "De igual forma, se le abonó a la primera dama en concepto de viáticos los gastos en los que había incurrido para el uso de su tarjeta de crédito de los viajes en el exterior", declaró.

Para lavar el dinero, Saca pactó "sin licitación y de manera ilegal" con tres agencias de publicidad el pago mensual de unos 100.000 dólares, y que las empresas se quedaban con el 20%, y el 80% era trasladado a empresas de radiodifusión en las que poseía entre el 50% y el 90% de las acciones. Además, el expresidente acotó que entre 2005 y 2006 se propuso "extraer mayores cantidades de dinero y que no fuera rastreado", por lo que mediante "testaferros" fundó varias sociedades para que "fingieran" prestar servicios de publicidad al Gobierno.

Saca, quien antes de convertirse en empresario y presidente se dedicó al periodismo deportivo, confesó que estas empresas compraron diversos inmuebles en el país. También declaró, sin la presencia de los otros seis imputados en la sala de audiencias, que el partido político Arena recibió "varios millones de dólares" para "actividades que no tenían ninguna relación con la presidencia". Y pagó a ministros, viceministros y presidentes de entidades autónomas de su Gobierno cantidades de entre 5.000 y 10.000 dólares mensuales en concepto de "sobresueldos". Además, abonó a Jorge Hernández, acusado en un proceso paralelo y expresentador de noticias de la principal cadena de televisión, un salario "ilegal" de 10.000 dólares mensuales para recibir una "cobertura amplia y favorable".

La corrupción se lleva cada año sumas millonarias en El Salvador donde más del 40% de la población es pobre. Solo por evasión y elusión de impuestos no llegan a las arcas del Estado unos 2.000 millones de dólares, casi la mitad del presupuesto nacional. (El País)

0 comentarios:

Publicar un comentario