viernes, 13 de abril de 2018

10:23:00
NUEVA DELHI, India, 13 de abril de 2018.- El nudo que sujeta las tensiones entre las comunidades religiosas de la India se ha vuelto a desatar, en esta ocasión a raíz de la brutal violación y asesinato de una niña de ocho años a manos de varios hombres en Cachemira.

Asifa Bano desapareció en enero mientras se encontraba en un prado de su localidad, Kathua, en el estado indio de Jammu y Cachemira. Su cuerpo apareció en el bosque varios días después. La investigación policial determinó que durante ese tiempo la pequeña fue violada en grupo, torturada y asesinada.

Ocho hombres se encuentran detenidos, incluidos cuatro policías que están acusados de encubrir el crimen. Las pruebas de ADN vinculan a varios de los acusados con el crimen y más de 130 testigos entrevistados "corroboraron indiscutiblemente los hechos", según fuentes policiales citadas por 'The New York Times'.

Asifa Bano tenía apenas 8 años.

No se trata de un caso más de violencia sexual contra las mujeres en este país; no es uno de los que aparece prácticamente diario en algún recorte de prensa, ni tampoco uno de los que ni siquiera se registra en los medios o en comisaría.

Porque desde que se descubrió el cadáver de la menor ha ido calentándose la tensión religiosa en la zona. Y es que la pequeña pertenecía a los bakarwal, una comunidad nómada musulmana, mientras que los acusados de la atrocidad son todos hindúes.

Protesta de hindúes que consideran que se está atacando injustamente a su religión.

Los primeros denuncian que los segundos perpetraron el crimen para forzarles a abandonar la región. Los pastores bakarwal se mueven por el Himalaya y alquilan a los hindúes sus terrenos para que puedan pastar sus rebaños, pero en los últimos años su presencia no es muy bienvenida entre algunos nacionalistas hindúes. Jammu y Cachemira es el único estado de mayoría musulmana de India, pero la parte de Jammu es sobre todo hindú. La mala relación entre las poblaciones de ambas creencias se palpa nada más aterrizar en cualquiera de las dos zonas.

La policía, además, sostiene que detrás del crimen está el sacerdote de un templo hindú, lugar en el que supuestamente se habrían cometido el secuestro, la agresión sexual y el asesinato.

Protestas

Las protestas de los bakarwal exigiendo justicia están siendo respondidas por las de los grupos de hindúes que consideran que se está atacando injustamente a su religión. Estos últimos aseguran, además, que no es posible fiarse de los agentes estatales que investigan el caso porque son musulmanes, como la víctima.

Esta semana, una multitud de abogados hindúes se presentaron en las puertas del Palacio de Justicia del estado para tratar de impedir físicamente que la policía presentara los cargos contra los acusados. No lo consiguieron, pero estos días se han extendido las protestas en Kathua, como el bloqueo de carreteras a manos de mujeres hindúes que afirman que son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de que nadie dañe el nombre del hinduismo.

Desde la policía estatal responden que quieren que lleven el caso dos fiscales sijs para que no haya dudas sobre su independencia. Pero tanto los grupos locales de hindúes como algunos miembros del BJP, el partido nacionalista hindú que gobierna el país, quieren que sea la Oficina Central de Investigaciones (CBI, el FBI indio) la que asuma el proceso, lejos de las manos del estado de Jammu y Cachemira.

Hoy la jefa del gobierno estatal, Mehbooba Mufti, ha señalado que la investigación está siguiendo los procedimientos adecuados. "La ley no se verá obstaculizada por las acciones y las declaraciones irresponsables de un grupo de personas", dijo la política, que gobierna el estado en coalición con el BJP. "Las investigaciones avanzan rápidamente y se hará justicia".

Los partidos de la oposición han criticado el silencio de los principales líderes del BJP, incluido el del primer ministro, Narendra Modi, alrededor de un suceso cuya indignación empieza a expandirse al resto del país. Este jueves, el viceministro de Asuntos Exteriores, Vijay Kumar Singh, fue el primer miembro del Gobierno en referirse al caso en su cuenta de Twitter: "Hemos fallado a Asifa como seres humanos. Pero no se le negará la justicia". (Víctor M. Olazábal / El Mundo)

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