viernes, 20 de abril de 2018

abril 20, 2018
DALLAS, Texas, 20 de abril de 2018.- El exgobernador del estado de Tamaulipas, Tomas Yarrington, llegó este viernes a Estados Unidos para enfrentar 11 cargos por una confabulación de crimen organizado, que incluyó contrabando de drogas, lavado de dinero y fraude, confirmó la Oficina del Procurador Federal para el sureste de Texas.

Yarrington, quien fue detenido en Florencia (Italia) en abril de 2017, fue extraditado este viernes a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones presentadas por un gran jurado en mayo de 2013 ante una Corte Federal en Brownsville, Texas, según un comunicado del procurador federal para el sureste de Texas, Ryan K. Patrick.

Tomas Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. (Foto: Cuartoscuro)

"Ahora ha llegado al Distrito Sur de Texas para enfrentar los cargos y se espera que haga su aparición inicial el lunes 23 de abril a la 1:30 p.m. ante el magistrado estadunidense Ronald Morgan en Brownsville”, señaló.

La acusación de 53 páginas, imputa a Yarrington de haber violado la Ley de Crimen Organizado, Corrupción y Chantaje (RICO) para lavar dinero, cometer fraude y hacer declaraciones falsas a los bancos estadunidenses asegurados por el gobierno federal.

En la querella se acusa a Yarrington de haber aceptado sobornos de los cárteles mexicanos del narcotráfico desde que era candidato a la gubernatura de Tamaulipas en 1998 y de haber mantenido la colaboración con estos grupos a lo largo de todo su mandato.

Precisa que el exgobernador de Tamaulipas trabajó desde 1998 para tres cárteles del narcotráfico, incluyendo el cártel del Golfo, los Zetas y el cártel de los Beltrán Leyva, todos los cuales en distintos momentos lucharon entre sí.

La acusación también señaló al empresario mexicano Fernando Alejandro Cano Martínez, como cómplice de Yarrington, por haber participado juntos en las operaciones de lavado del dinero que recibían como soborno de parte de los cárteles de la droga.

En la imputación, se indicó que Cano aceptó sobornos del cártel del Golfo y entregó el dinero a funcionarios de alto rango en Tamaulipas.

Las autoridades estadunidenses también acusan a Cano de haber creado empresas en San Antonio y en el sur de Texas para adquirir propiedades con el dinero que recibían. Millones de dólares fueron utilizados para efectuar adquisiciones, principalmente de bienes raíces.

"Cano tiene una orden de detención emitida por un juez en Estados Unidos y es considerado fugitivo por las autoridades estadunidenses”.

Yarrington también está acusado de conspirar para violar las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas, de dos cargos de fraude bancario y de conspiración para estructurar transacciones monetarias en una institución financiera nacional, según documentos judiciales.

De acuerdo con la acusación, el exgobernador presuntamente recibió sobornos, por millones de dólares de los cárteles para permitir que las organizaciones criminales operaran libremente en el estado de Tamaulipas.

La acusación sostiene que en 2007 Yarrington acordó con los representantes de los cárteles de Golfo y Beltrán Leyva permitir el acceso sin trabas para grandes cargas de cocaína al Puerto de Veracruz, a cambio de un porcentaje de cada carga.

Esa cocaína fue luego enviada en barco a los Estados Unidos, según la acusación presentada.

Las autoridades federales estadunidenses aseguran que esa droga fue vendida en Estados Unidos y los ingresos fueron devueltos a México, algunos de los cuales fueron utilizados para sobornar a Yarrington.

En el momento en que supuestamente se otorgaron los sobornos, los Zetas seguían trabajando como el grupo de defensa del cártel del Golfo, aunque luego se distanciaron cómo un cártel separado.

Las autoridades han confiscado ya millones de dólares en activos que Yarrington había presuntamente adquirido en Estados Unidos con dinero proveniente del crimen organizado, incluyendo un condominio en la Isla del Padre, en el sureste de Texas, casas en McAllen y en Kyle, un suburbio al oeste de Houston, además de un avión.

En un caso ligado a Yarrington, en abril de 2014, el empresario mexicano Antonio Peña Arguelles, fue sentenciado a dos años y medio de prisión y a la devolución de 5.5 millones de dólares en efectivo y propiedades, luego de declararse culpable de lavar dinero producto del narcotráfico.

Las autoridades acusaron al empresario de fungir como intermediario para traspasar dinero del cártel de Los Zetas a fin de otorgárselo a ex funcionarios públicos de Tamaulipas, como pago por protección.

En la acusación se menciona que uno de los exfuncionarios que habría recibido este tipo de sobornos, habría sido Yarrington.

De ser declarado culpable en Estados Unidos, el ex gobernador de Tamaulipas enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión, por crimen organizado y lavado de dinero y hasta 30 años de cárcel por cargos de conspiración para cometer fraude bancario.

Yarrington enfrenta también otra sentencia de 10 años de prisión por los cargos de conspiración para traficar drogas.

En los últimos años, Yarrington ha negado las acusaciones en su contra en entrevistas concedidas a diversos medios de comunicación.

El representante federal demócrata Filemon Vela, quien a lo largo del ultimo año estuvo pugnando por traer a Yarrington a la justicia de este país, dijo que la extradición “no es una hazaña".

"Ha venido después de años de duro trabajo y dedicación por parte del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y la comunidad internacional”, manifestó.

Yarrington es uno de varios ex gobernadores mexicanos que enfrentan cargos federales en Estados Unidos, incluyendo a Eugenio Hernández, otro exgobernador de Tamaulipas, acusado de lavado de dinero en una Corte Federal de Corpus Christi. Actualmente es considerado fugitivo.

También el exgobernador del estado mexicano de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, acusado de haber transferido durante su administración, (2004-2010) unos 5.5 millones de dólares para adquirir propiedades en el área de San Antonio, según documentos en una Corte Federal del sur de Texas.

Además, el ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, también está acusado en Corpus Christi y es un fugitivo. (Notimex)

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