domingo, 4 de febrero de 2018

01:29:00
REDACCIÓN, 5 de febrero de 2018.- Alerta Daniela Barragán en reportaje en SinEmbargo de un nuevo intento del PRI por pasar una ley que privatice el agua.

Recuerda que en 2015 apareció la Ley Korenfeld, redactada por el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman. Esa fue la Ley General de Aguas que presentó la administración federal de Enrique Peña Nieto. Fue congelada.

Su contenido generó protestas de ciudadanos, sociedad civil y académicos, quienes argumentaron que violaba los derechos humanos, era privatizadora y no garantizaba la accesibilidad del líquido, particularmente para la gente de escasos recursos.

SinEmbargo afirma que en el último año de este Gobierno federal reaparece la Ley Korenfeld, pero ahora bajo el seudónimo de Ley Pichardo, ya que el borrador fue presentado por José Ignacio Pichardo Lechuga, diputado federal del PRI por el Estado de México.

La similitud que guarda el nuevo documento con el anterior es notable, salvo algunas diferencias que la hacen aún más riesgosa, de acuerdo con académicos y especialistas consultados por la periodista.


El temor, señalaron expertos, es que el borrador se convierta rápidamente en una iniciativa que puede ser aprobada gracias a la mayoría que tiene el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a pesar del malestar que genere en la población, explican.

El documento, que consta de seis capítulos, puede convertirse en unas dos semanas en iniciativa que pueda ser llevada a Pleno, se turne a dictamen y pueda ser aprobada, incluso en fast track.

Daniela Barragán considera que reformar el sistema de aguas del país es la “joya de la corona” de la Reforma Energética de Peña Nieto, y en específico para actividades como la explotación de hidrocarburos con la técnica del fracking, que demanda una gran cantidad del vital líquido para realizarse.

Según Miguel Ángel Montoya, consultor en Gestión Integral del Agua, expone que hubo un proceso de simulación cuando se dijo que cualquier organismo podía hacer observaciones al documento, que habría interacción con la ciudadanía y que las observaciones hechas se tomarían en cuenta para elaborar la ley.

“Pero es falso. Antes de que se presentara como borrador, hubo una primera etapa en la cual fueron convocados de manera “plural” diversas organizaciones empresariales, grupos de interés, varias industrias, organizaciones civiles y académicos. Ninguno de los puntos de vista fue tomado en cuenta. Fue un proceso de simulación. La Ley Korenfeld es la base de este borrador completo y hay coincidencias en los artículos más graves. Pero si se compara con la iniciativa Agua para Todos, que es la iniciativa ciudadana, no hay ninguna”, comenta.

Para Montoya, la causa por la que el gobierno insiste en esta ley, cobra sentido con la Reforma Energética. Así se convierte en el “eslabón que faltaba”.

Las concesiones sólo se entregarán a perpetuidad, cuando lo ideal, advirtió el consultor, sería hacer las concesiones cada tres o cuatro años, bajo disponibilidad e incentivar el reúso y el tratamiento del agua, y si una industria lo está haciendo, que sí se le renueve el permiso.

Ahora no sólo se concesionará la infraestructura, sino toda el agua que tiene ese trasvase será de los particulares, se les concesionará a perpetuidad.

Esto implica que prácticamente todas las aguas superficiales, los ríos del país, van a ser privatizados. “Eso es privatización extrema”, denunció.

“Los efectos son graves porque desde luego se incrementan tarifas, se hacen cortes discrecionales, los subsidios beneficiarán a los privados. Con la Ley Pichardo estamos ante un proceso de privatización en extremo, donde un puñado de empresas, los cuates del Presidente, los más cercanos, serán los beneficiados”, concluyó Montoya.

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