Eduardo Ibarra Aguirre / 30-X-17
Hace una década fue aprobada la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y como parte de ella, como instrumento para atender su gran propósito explícito, fue aprobada la alerta de violencia de género.
La declaración de alerta de género por los órganos competentes –bajo la égida de la Secretaría de Gobernación en tanto que responsable de las políticas para atajar la violencia de género–, en uno u otro estado es un reclamo creciente de las organizaciones de mujeres, acompañadas por organismos de diverso tipo y género en una batalla muy desigual, pues junto a la violencia machista está la indiferencia de autoridades de municipios, estados y la Federación para asumir obligaciones estampadas en la ley.
Hasta hoy fueron atendidas 12 de las 27 peticiones de alerta solicitadas para igual número de estados, pero se decretó sólo para una parte de sus municipios. Y en Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo –entidad que gobernó el titular de Gobernación–, no existe registro de solicitud de alerta y ningún municipio cuenta con ella a pesar de que los tres primeros estados son del grupo puntero en homicidios dolosos y secuestros.