Son antidemocráticos, autoritarios, impositivos y expertos succionadores del erario público.
De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como finalidad promover la participación de la sociedad en la vida democrática de la nación. Para ser congruentes con esa obligación y darle puntual cumplimiento, los partidos políticos, para empezar, tendrían que actuar obligatoriamente, dentro de su propia casa, de manera democrática. Cosa que no suelen hacer.
Se caracterizan, todos ellos, por ser antidemocráticos, autoritarios, impositivos y expertos e infatigables succionadores de fondos públicos.
Siempre que se aproxima un proceso electoral esas agrupaciones políticas, invariablemente, declaran que elegirán a sus candidatos a puestos de elección popular en forma democrática. Acatando la voluntad y decisión mayoritarias de sus afiliados. Pero, llegado el momento de elegirlos, actúan en dirección contraria a lo que afirman en sus discursos y declaraciones de prensa.
Los designa una camarilla de manera antidemocrática mediante las diversas modalidades del prostituido y clásico dedazo.
Este método, instaurado por lo que ahora es el PRI, lo aplican todos los partidos políticos, sean de izquierda, centro o derecha, cada vez que participan en procesos electorales. La designación de candidatos a la presidencia de la república para la elección de 2018, no fue la excepción.
El inventor, propietario y administrador, además líder único y candidato presidencial vitalicio del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, repitió la película de 2006 y 2012, al autodedearse nuevamente como aspirante a la presidencia de la república. Esta vez, tres años antes de fundar, en 2014, su lucrativo negocio, que le permite continuar viviendo, cómodamente, sin trabajar y sin pagar el Impuesto Sobre la Renta.
Se caracterizan, todos ellos, por ser antidemocráticos, autoritarios, impositivos y expertos e infatigables succionadores de fondos públicos.
Siempre que se aproxima un proceso electoral esas agrupaciones políticas, invariablemente, declaran que elegirán a sus candidatos a puestos de elección popular en forma democrática. Acatando la voluntad y decisión mayoritarias de sus afiliados. Pero, llegado el momento de elegirlos, actúan en dirección contraria a lo que afirman en sus discursos y declaraciones de prensa.
Los designa una camarilla de manera antidemocrática mediante las diversas modalidades del prostituido y clásico dedazo.
Este método, instaurado por lo que ahora es el PRI, lo aplican todos los partidos políticos, sean de izquierda, centro o derecha, cada vez que participan en procesos electorales. La designación de candidatos a la presidencia de la república para la elección de 2018, no fue la excepción.
El inventor, propietario y administrador, además líder único y candidato presidencial vitalicio del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, repitió la película de 2006 y 2012, al autodedearse nuevamente como aspirante a la presidencia de la república. Esta vez, tres años antes de fundar, en 2014, su lucrativo negocio, que le permite continuar viviendo, cómodamente, sin trabajar y sin pagar el Impuesto Sobre la Renta.
Como ha ocurrido desde 1929 ─a excepción de 2006 y 2012─ el presidente de la república, sin tomar en cuenta la opinión de los militantes priistas, eligió, por decisión personal suya, al candidato del PRI ─ya no a su sucesor─ José Antonio Meade, a través del dedazo.
Por su parte, los líderes del PAN, el PRD y MC, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, en teoría, decidieron que los partidos políticos que representan se aliaron con la finalidad de designar “democráticamente”, según dijeron, un candidato único a la presidencia de la república para asegurar, de antemano, la derrota del PRI en las elecciones del 1 de julio de 2018.
Esa alianza, a final de cuentas, resultó una extraña mezcolanza compuesta, esencialmente, por dos partidos políticos ─PAN y PRD─ que se hermanaron, siendo ideológicamente antagónicos. Porque mientras el primero, respondiendo a sus arcaicos y arraigados prejuicios religiosos, condena, cada vez que lo considera necesario, la interrupción condicionada del embarazo y la unión de personas del mismo sexo, el segundo partido político, promovió, exitosamente, su legalización en la capital del país. Donde ahora ya a nadie sorprende que una mujer recurra al aborto, dentro del término que señala la ley, en caso de un embarazo no deseado o que se unan, en términos de la ley, personas del mismo sexo.
El Movimiento Ciudadano, que usufructúa el expriísta Dante Delgado desde hace varios años, con excelentes resultados financieros para su bolsillo, es el imprescindible compañero de viaje que necesitan el PAN y el PRD para sacar adelante su aventura aliancista.
Inicialmente, esa sociedad electoral adoptó el nombre de Frente Ciudadano por México. Poco después, para cerrar el paso a una eventual y efectiva participación ciudadana que pudiera echar por tierra la antidemocrática autodesignación del panista Ricardo Anaya, como candidato a la presidencia de la república de la alianza PAN, PRD, MC, el trio Anaya-Barrales-Delgado decidió cambiarle nombre de Frente Ciudadano por México por el de coalición Por México al frente.
De esta manera, esos tres partidos políticos legitimaron que Ricardo Anaya haya tomado por asalto la virtual candidatura presidencial, después de haber eliminado, amañadamente, a sus correligionarios y contrincantes Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle.
Abundan elementos de juicio, para pensar que por apoyar a Anaya en el latrocinio de la referida candidatura presidencial, Alejandra Barrales obtuvo, como moneda de cambio, la anuencia de ese panista para apoderarse, a su vez, de la candidatura al gobierno de la Ciudad de México.
Con la salvedad que esta señora nunca se imaginó que Miguel Ángel Mancera, enviaría a dos de sus más cercanos colaboradores a disputarle esa importante posición electoral, en venganza que la perredista Barrales apoyó a Ricardo Anaya en el asalto a la candidatura presidencial de la coalición PAN-PRD-MC, cosa que alejó al jefe de gobierno de la Ciudad de México de la postulación que con exagerado ahínco buscó.
Sin embargo, más allá de todas esas artimañas, la elección presidencial de 2018, no ofrece, a los mexicanos, la oportunidad de contar con buenos candidatos presidenciales para elegir un buen presidente de la república. Como el que necesita México, urgentemente, para salir del atolladero ─corrupción e ineficiencia gubernamental, falta de estado de Derecho, ingobernabilidad, desbordamiento de la delincuencia y de la inseguridad pública e impunidad, entre otras cosas más─ en que se encuentra hundido el país desde hace varias décadas.
Así las cosas, ni el panista Ricardo Anaya, ni el priista José Antonio Meade y menos todavía, el moreno Andrés López Obrador, representan la remota posibilidad que la situación nacional pudiera tener una leve mejoría, porque los tres carecen del perfil de estadista que requiere la persona que habrá de gobernar durante el sexenio 2018-2024.
Los altos niveles de incapacidad para bien gobernar alcanzados por los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, así como por el priista Enrique Peña Nieto, tienden a empeorar con Ricardo Anaya, José Antonio Meade y López Obrador.
Tras la candidatura independiente por la presidencia de la república, con la probabilidad de obtener la mayor cantidad de firmas de apoyo de electores, se encuentran Jaime Rodríguez y Margarita Zavala.
Sin embargo, Rodríguez tampoco tiene el perfil del gobernante que necesita México. La ventaja de Zavala es su condición de mujer y que no se le conocen aspectos negativos como a Anaya, Meade y López.
Por ser mujer, Zavala, es menos proclive a cometer actos de corrupción y despilfarrar los fondos públicos. Podría gobernar con responsabilidad y sin los exhibicionismos de Peña Nieto. Sin embargo, a ninguno de los dos les resultará fácil obtener, primero, su candidatura independiente y posteriormente el triunfo en la elección presidencial.
Dentro de ese desalentador contexto, el domingo 1 de julio de 2018, como no existe materia prima para elegir un buen presidente de la república, los electores tendremos que otorgar nuestro voto al candidato que consideremos menos peor.
Abstenernos de votar sería ayudar al PRI para que continúe practicando e incrementando la corrupción e ineficiencia gubernamental.
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