jueves, 29 de junio de 2017

17:35:00
MÉRIDA, Yucatán, 29 de junio de 2017.- La integración de Comités de la Policía Vecinal en Mérida revela la ineficacia del Escudo Yucatán, a pesar que desde abril del año pasado el Congreso del Estado autorizó, al Poder Ejecutivo de la entidad, endeudar al estado con mil 500 millones de pesos bajo el argumento de garantizar la seguridad, sostuvo Silvia América López Escoffié, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano.

Aunque se manifestó a favor de fortalecer la participación ciudadana haciéndola corresponsable con acciones que aporten a la tranquilidad del entorno que habitan, dijo que sería una mala señal la posibilidad de que la Policía Vecinal no sea resultado genuino de la organización comunitaria basada en el compromiso compartido.

Silvia López Escoffié, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano.

Silvia América López Escoffié apuntó que el incremento de robos a casa-habitación y asaltos a establecimientos comerciales hace necesaria la participación de los ciudadanos en la prevención del delito; sin embargo, se debe cuidar que la Policía Vecinal no se convierta en una estructura de control político al servicio del partido en el poder, de frente a la jornada electoral de 2018, porque entonces perdería su carácter ciudadano.

Para disir dudas, solicitó a Rolando Zapata Bello, gobernador de la entidad, que informe a la ciudadanía en qué se ha gastado el millonario recurso del denominado Escudo Yucatán, así como el destino real del equipo electrónico, cámaras, unidades automotoras, personal, capacitación y pago de asesorías a instructores nacionales y extranjeros.

También precisó que debe comunicar los criterios para integrar los Comités de la Policía Vecinal, si los instalan por zonas de incidencia delincuencial, decisión de alguna instancia gubernamental, por invitación de vecinos, iniciativa individual para contribuir a la tranquilidad comunitaria o si es importante la militancia y simpatía partidista.

Puntualizó que lo verdaderamente importante es la seguridad de los habitantes, así como el fortalecimiento de la participación ciudadana no la simulación o el uso indebido de los programas sociales.

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