viernes, 12 de mayo de 2017

02:31:00
MÉRIDA, Yucatán, 12 de mayo.- El padre Raúl Lugo Rodríguez señaló que la legislación federal en lo relativo al matrimonio igualitario es clara, indicando que el problema es cómo operativamente se pasa del mandato grande a los estados y municipios, indicando que hay entidades que han dado mucha más apertura para modificar sus leyes.

Raúl Lugo, sacerdote católico (foto: José Repetto)
"Aquí hay mucha resistencia. Creo que es bueno que la Suprema Corte defina algún criterio con respecto a esto", señaló al ser entrevistado ayer jueves 11 de mayo previo a su participación en una mesa panel del Coloquio Internacional Narrativas de Violencia y Paz, celebrada en la Universidad Modelo.

La situación de Yucatán, destacó, es bastante particular pues es la legislación local la que previó un tribunal constitucional que juzgara eso.

Dicho tribunal, recordó, reconoció que tenía que hacerse la modificación pero su determinación final avaló la omisión del Congreso del Estado en el tema. Raúl Lugo expresó el deseo de que la Suprema Corte se pronuncie acorde con la ponencia del ministro ponente, que va por el asunto de revisar esto a fondo.

Explicó que ante la Suprema Corte está la problemática de si no puede ser esto una invasión de poderes, indicando que no está a discusión la constitucionalidad del matrimonio igualitario ni la obligación que los estados tienen de apegarse a la normatividad federal.

"Está a discusión cómo se va a hacer, si esta acción por omisión legislativa puede realizarse, si hay posibilidades de entre comillas obligar al Congreso a que legisle sobre el campo, que es sobre lo que va a definir, nosotros estamos a la espera", señaló.

El punto de partida, recordó, es que la Reforma Constitucional de los Derechos Humanos de la Constitución Federal contempla que el criterio último de definición de las medidas legales es el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

"El asunto de poder casarse y formar una familia es un derecho que no debe reconocer distingos ¿cómo se hace eso en las legislaciones locales? ¿qué pasa cuando como en Yucatán hay interés de personas homosexuales, gays y lesbianas de casarse? ¿qué dificultades han encontrado? ¿qué proceso desgastante tienen que llevar con amparos y todo?", dijo.

Lugo opinó que hay una especie de resistencia de parte de la autoridad para coherentemente hacer las modificaciones de ley que se requieran y dar el acceso al derecho a casarse y formar una familia para todas las personas.

Señaló que a la fecha se han celebrado sesenta y tantos matrimonios igualitarios con amparos en la entidad y que la Suprema Corte tiene que dictaminar de manera que el proceso por el que el derecho pueda verse cumplido para las personas que quieren establecer una familia o que el reconocimiento del estado a su unión sea garantizado. (José Repetto)