lunes, 22 de mayo de 2017

17:49:00
MÉRIDA, Yucatán, 22 de mayo de 2017.- El gobierno de Yucatán no garantiza la aplicación de la ley a quien haya cometido delitos que pretendieron afectar el patrimonio público en el municipio de Celestún, lamentó la Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano, Silvia América López Escoffié.

Agregó que el gobierno del Estado, que fungió como mediador entre las partes, evadió pedir al Fiscalía General del Estado (FGE) que inicie una investigación a Leonel Rosado Mena, alcalde de Celestún, para llegar hasta las últimas consecuencias.

Explicó que, a su vez, la FGE debe solicitar al Congreso del Estado que le quiten el fuero al servidor público en cuestión y lo llamen a rendir cuentas, para evitar que el delito quede impune, pues la función mediadora del gobierno de Yucatán se quedó corta porque sólo se limitó a anunciar la liberación de detenidos en la manifestación del fin de semana y la anulación de la presunta venta ilegal de terrenos.

La Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano, Silvia América López Escoffié., consideró prioritario implementar mecanismos institucionales para que el alcalde de Celestún sea separado de su cargo y se le inicie una investigación.

Dijo que aunque el Ejecutivo estatal señaló en un comunicado que “se realizaron los trámites necesarios que garanticen que los terrenos señalados permanezcan dentro del patrimonio del municipio costero”, no hizo lo apropiado para que el presidente municipal de Celestún esclareciera la operación de compra-venta.

Consideró prioritario implementar mecanismos institucionales para que el alcalde sea separado de su cargo, se le inicie una investigación, se deslinden responsabilidades y, en caso de resultar responsable de la comisión de algún delito, sea inhabilitado de la función pública.

“Hay que aplicarle la ley a quien no vaciló, ni pensó en la indignación que generaría en la población atentar contra del patrimonio de los celestuneneses, al suponer que imperaría el desinterés, la desinformación, la apatía,  la docilidad, el distracción y la indolencia ciudadana, sobre el deshonesto y fraudulento proceder”, aseveró.

Silvia América López Escoffié afirmó que es necesario investigar de manera integral y objetiva la violencia ejercida durante las manifestaciones para que, en caso de que las autoridades policiales hayan incurrido en abuso de autoridad y violación de los derechos humanos, se proceda conforme a la ley.

Resulta cuestionable, añadió, la violencia ejercida por los ciudadanos que vieron agraviado el patrimonio público, pero lo es aún más que, con el pretexto de sofocar y controlar los hechos de violencia suscitados, se haya actuado sin el respeto a los protocolos que establecen el pleno respeto y la vigencia de los derechos humanos.

No se debe cubrir con el manto de la impunidad al hasta hoy alcalde de Celestún, pues con ello se está enviando el mensaje a la ciudadanía de que no  importa poner en riesgo la integridad física de los habitantes, sino lo que verdaderamente le importa  a la clase política priísta de Yucatán es  proteger a un distinguido integrante de la cofradía que gobierna la entidad, puntualizó.