MÉRIDA, Yucatán, 23 de febrero de 2017.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) reportó en su Informe anual de Actividades que los cuatro penales de Yucatán obtuvieron una calificación promedio aprobatoria de 6.37, en tanto que el 73 por ciento de las 106 cárceles municipales carecen de los requerimientos mínimos para garantizar la integridad de las personas detenidas.
Además, el Ombudsman, José Enrique Goff Ailloud, informó que 230 servidores públicos estatales y/o municipales fueron sancionados por violaciones a derechos humanos a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas, dependiendo de la gravedad de los hechos.
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| El ombudsman José Enrique Goff Ailloud al rendir su segundo informe. |
Respecto a los cuatro penales, se informó que obtuvieron una calificación aprobatoria de 6.37, con lo que Yucatán se ubica en el lugar número 15 de los 32 estados de la República.
Las calificaciones por centro fueron: 7.52 del femenil; 6.49 el de Mérida; 6.18 de Ebtún, Valladolid y 5.30 el de Tekax.
Se realizaron 106 visitas de supervisión a las cárceles municipales, donde se observó que el 73 por ciento no cumplen con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos ni con los Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.
Es decir, carecen de registros de ingresos y egresos de las personas detenidas, no se les practica ninguna valoración médica, presentan deficiencias en cuanto a higiene, ventilación e iluminación tanto artificial como natural, las comandancias se encuentran lejanas a las cárceles municipales, carecen de personal médico, entre otras.
Además, durante el período que se informa se registraron 3 decesos en dichas cárceles y en lo que va de este año, en apenas 2 meses ya se han registrado 3 casos más.
Las 10 cárceles que presentaron mayores deficiencias fueron las de los municipios de Tzucacab, Ticul, Temozón, Tixméhuac, Acanceh, Maní, Chemax, Río Lagartos, San Felipe y Dzan.
Asimismo, se realizaron 115 visitas de supervisión a centros de salud ubicados en los diversos municipios y comisarías del estado, siendo los 10 centros que presentaron mayores deficiencias en cuanto a personal, infraestructura o equipamiento médico, los ubicados en los municipios y comisarías de: Sanahcat; Halachó; Santa María Acú, comisaría de Halachó; Tecoh; Xcanchakán, comisaría de Tecoh; Ticul; Cenotillo; Calcehtok comisaría de Opichén; San Simón, comisaría de Santa Elena; y Pustunich, comisaría de Ticul.
El Presidente de la CODHEY, informó que durante el periodo del primero de enero al 31 diciembre de 2016, se recibieron en las oficinas de Mérida, las Delegaciones de Valladolid y Tekax, así como en las oficinas de enlace, un total de 4 mil 2 solicitudes de atención, es decir, un promedio de 12 asuntos por día.
Se registraron 333 quejas, un promedio de 28 por mes. Debido a la trascendencia de hechos que constituyeron presuntas violaciones a derechos humanos, observados a través de publicaciones en los diversos medios de comunicación, iniciamos de oficio 25 expedientes.
Los hechos violatorios más recurrentes durante el periodo que se informa fueron: prestación indebida del servicio público, 244; detención arbitraria, 205; lesiones, 169; retención ilegal, 66; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 64; allanamiento de morada, 63; violación a los derechos de los niños, 58; amenazas, 53; robo, 50; y violación al derecho a la educación, 41.
Las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública con 135; la Fiscalía General Justicia del Estado, 55; Secretaría de Educación, 37; Ayuntamiento de Tekax, 16; Servicios de Salud de Yucatán, 15; Ayuntamiento de Progreso, 14; Ayuntamiento de Kanasín, 13; Ayuntamiento de Izamal, 12; Ayuntamiento de Maxcanú, 5; y Ayuntamiento de Mérida, 5.
El Presidente de la CODHEY detalló que dentro de los procedimientos de quejas se dictaron 119 medidas cautelares a un total de 23 autoridades, de las cuales 91 fueron aceptadas, es decir, el 76 por ciento de las medidas dictadas.
Insistió en que las medidas cautelares son el recurso previsto en ley para restaurar a las personas la inmediata restitución de sus derechos y exhortó a tosas las autoridades a las que se dirijan, cumplirlas en todos sus términos.
Se interpuso ante el Ministerio Público un total de 25 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que además de ser presuntas violaciones a derechos, a criterio de la propia institución, se pudieran desprender hechos presuntamente delictivos.
Se llevaron a cabo 256 diligencias con relación al incidente extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente ante autoridades.
Asimismo, se emitieron 31 recomendaciones, de las cuales 30 específicas dirigidas a un total de 19 autoridades distintas y 1 General dirigida a los 106 municipios del Estado.
Las autoridades recomendadas fueron: el Secretario de Seguridad Pública del Estado, 6; Fiscalía General Estado, 4; Presidente Municipal de Tekax, 4; Secretario de Salud del Estado, 4; Cabildo de Tekax, 2; y con una recomendación cada uno, el Cabildo de Acanceh, de Cacalchén y Sotuta.
También recibieron una recomendación el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán; la Defensora General del Estado de Yucatán; el Director del Centro de Reinserción Social de Mérida; el Director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán; el Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán; el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el Secretario de Educación del Gobierno del Estado así como los presidentes municipales de Chichimilá, Izamal, Dzitás y Kanasín.
En materia de capacitación se realizaron diversos cursos y talleres en 18 ejes temáticos, alcanzando a más de 54 mil personas.
