LIMA, Perú, 11 de febrero de 2017.- La Mesa Directiva del Congreso de la República acordó retirarle algunos beneficios al ex presidente Alejandro Toledo, sobre quien actualmente pesa una orden de captura y 18 meses de prisión preventiva en el marco del proceso por los US$20 millones en coimas que habría recibido de la empresa Odebrecht.
La primera vicepresidenta del Parlamento, Rosa María Bartra, indicó esta mañana a El Comercio que la decisión se tomó ayer con el fin de “cautelar los bienes del Estado” considerando la situación de Toledo actualmente.
“Se trata de aquellos bienes que, en la condición en la que se encuentra Alejandro Toledo, no podría asegurar el Congreso que son utilizados para el fin para el cual se destinan”, señaló.
El oficial mayor del Congreso, José Cevasco, precisó a este Diario que a Toledo se le han retirado los siguientes beneficios: un automóvil Kía que tenía en calidad de préstamo, los 150 galones mensuales de gasolina para ese vehículo, una persona asignada en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) con un sueldo no mayor a S/ 3.700.
Cabe recordar que el ex mandatario tiene también personal policial asignado para su seguridad, pero este tema está a cargo de Seguridad del Estado. “La pensión vitalicia (S/ 15.600) y seguros se mantiene bajo el principio de inocencia, tiene que terminar el proceso. De acuerdo a ley, si ya está sentenciado se le quita”, agregó Cevasco.
En tanto, Bartra dijo esperar que Toledo retorne al Perú y afronte al proceso en su contra.
“Esperamos que sea un proceso justo, célere y responda a las necesidades que tiene nuestro país con respecto a una lucha frontal contra quienes hubiesen cometido actos tan graves de corrupción, especialmente en el cargo que él tuvo”, sentenció.
Recompensa
Un juez peruano dictó este jueves una orden de captura nacional e internacional contra el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y su posterior encarcelamiento preliminar por 18 meses por supuestamente haber cobrado 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El magistrado Richard Concepción, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, declaró fundada la petición de prisión preventiva solicitada por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien imputa al ex mandatario los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
Además el Gobierno peruano ofrece una recompensa de 100.000 soles (unos 28.000 euros) a quien brinde información sobre su paradero, que se desconoce hasta el momento.
"Hay una recompensa de 100.000 soles que se pagará en cualquier país del mundo", ha asegurado a la prensa el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien ha instado a Interpol a actuar con la mayor celeridad posible.
Toledo se encuentra fuera de Perú, y aparentemente estuvo el pasado fin de semana en París, aunque su residencia habitual la tiene en Estados Unidos, donde trabaja como investigador en la Universidad de Stanford (California).
Esa circunstancia fue uno de los motivos que esgrimió el magistrado para ordenar el ingreso en prisión de Toledo una vez que pueda ser detenido, mientras que otras razones fueron la complejidad del caso y la gravedad de los delitos imputados, con penas de al menos cuatro años de prisión.
Además, indicó que los "elementos de convicción" existentes son suficientes y "respaldan con alto grado de fiabilidad" las acusaciones contra el ex presidente.
El juez rechazó así la solicitud realizada por el abogado de Toledo, el ex congresista Heriberto Jiménez, para que el ex presidente tuviera un régimen de comparecencias periódicas en el juzgado, en lugar de tener que permanecer en prisión mientras continúa la investigación.
Según el fiscal Hamilton Castro, Odebrecht y Toledo acordaron el pago de 20 millones de dólares en favor del mandatario si lograba la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.
A cambio, Toledo se encargaría de que los plazos no se postergaran y que se pudieran modificar las cláusulas del contrato para impedir la competencia empresarial de la obra, adjudicada por 1.184 millones de dólares, y con un coste final de 2.346 millones de dólares, según la Contraloría (tribunal de cuentas).
De los 20 millones de dólares en sobornos, la Fiscalía tiene identificados un poco más de nueve millones de dólares pagados entre 2006 y 2010 en cuentas de empresas 'offshore' de Josef Maiman, el empresario peruano-israelí que hizo de testaferro del presidente, indicó Castro.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht, cuyos responsables confesaron a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios de Perú entre los años 2005 y 2014.
Ese período de pagos ilícitos comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
También relacionado el presidente de Panamá
El escándalo de Odebrecht salpicó hoy a otro mandatario latinoamericano: el presidente panameño, Juan Carlos Varela, que fue acusado de haber recibido "donaciones" de la constructora brasileña, lo que negó tajantemente.
En un comparecencia convocada de urgencia, Varela aseguró que "no existen donaciones de la empresa Odebrecht" y se comprometió a entregar una lista de los donativos privados que recibió en la campaña de 2014, contradiciendo así la acusación de su antiguo ministro consejero y socio del bufete Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora.
Fonseca Mora llevaba callado muchos meses, prácticamente desde que su despacho de abogados protagonizó en abril del año pasado los denominados papeles de Panamá, pero este jueves, horas antes de quedar en una especie de detención provisional, soltó una bomba informativa que ha desatado un vendaval político en el país. (El Comercio / El Mundo)
