lunes, 30 de enero de 2017

17:39:00
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de enero de 2017.- Con el objetivo de establecer un diálogo interinstitucional para generar propuestas que enriquezcan las políticas contra las drogas con un enfoque de género, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Equis Justicia para las Mujeres A.C., realizaron la primera de cuatro mesas denominada: “Reformas en materia de Justicia sobre Delitos relacionados con Drogas cometidos por Mujeres”.

Tras considerar la resolución adoptada en la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, en la que México ha sido promotor para que se incorpore la visión de género en todo el proceso de procuración de justicia, así como la atención de las mujeres privadas de su libertad, Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del INMUJERES, señaló que 53% de las mujeres acusadas de delitos del fuero federal, se encuentran en prisión por delitos relacionados con drogas.

Mesa “Reformas en materia de Justicia sobre Delitos relacionados con Drogas cometidos por Mujeres”.

“En INMUJERES estamos trabajando para que se incorpore la perspectiva de género en las investigaciones, que se valoren las circunstancias por las cuales las mujeres están involucradas en la comisión de un delito y que se les juzgue con perspectiva de género”, abundó.

Cruz Sánchez dijo que más del 90% de las mujeres encarceladas por delitos contra la salud son primo-delincuentes, es decir, no tienen antecedentes penales, por lo que se les debe juzgar tras dilucidar sus acciones tomando en cuenta sus contextos.

“Se trata de reconocer que gran parte de estas mujeres en reclusión son madres, que requieren que el Estado cuide a sus hijas e hijos, o vigile que alguien se ocupe de ellos; algunas incluso, tienen a sus hijos viviendo con ellas y es fundamental garantizar sus derechos humanos”, agregó.

Como parte del diagnóstico, la titular del Instituto indicó que se evidencian las precarias condiciones en las que se encuentran las mujeres en situación de reclusión, entre éstas: un deficiente acceso a la justicia y sobrepoblación de los centros penitenciarios, así como una errónea interpretación del principio de igualdad que termina, en muchos de los casos, discriminando a las mujeres.

Estas mesas de diálogo deben impulsar cambios en las políticas de drogas y perspectiva de género en los ámbitos legislativo y judicial, en materia de procuración de justicia y en el sistema penitenciario; debe crearse un grupo de trabajo inter-institucional alrededor del tema propuesto y que se establezca un diálogo permanente que siga operando después de las cuatro reuniones, puntualizó.

En esta primera mesa, a la que asistieron el Embajador Joel Hernández, Director General para la ONU; el Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazziteli; Ignacio Rubí Salazar, Subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Ana Hadzi Pecova, Directora Ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres A.C. e Isaac Morales Tenorio, Director General Adjunto para Seguridad Multidimensional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se abrió el diálogo para propuestas de políticas públicas en la materia.

Participaron también los representantes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; del Poder Judicial de la Ciudad de México; del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; de México Unido contra la Delincuencia; de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB; del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la SEGOB; de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.