viernes, 9 de diciembre de 2016

11:27:00
MANILA, 9 de diciembre de 2016.- Alejandro Ormeneta trabaja como sepulturero en Manila, una ciudad en primera línea de la guerra contra la droga que ensangrienta Filipinas. Nunca ha tenido tanto trabajo como en los últimos cinco meses, pero sólo pide una cosa: que las matanzas cesen.

Cada noche, Ormeneta recoge con sus colegas un promedio de cinco cuerpos, en general en los barrios pobres de los suburbios. Una rutina macabra que le plantea interrogantes sobre la campaña de represión contra el crimen emprendida por el presidente Rodrigo Duterte.

"Esto no debería de suceder, son personas, no animales", declara a la AFP el enterrador de 47 años que trabaja para las pompas fúnebres Veronica Memorial Chapels.

Recuerda haber extraído tres clavos grandes del cráneo de un presunto narcotraficante. "Creo que seguía vivo cuando le metieron los clavos en la cabeza. Tuvo que dolerle muchísimo".

Nora Acielo se acaba de enterar de que el hombre que mataron unos desconocidos en su vecindario es su esposo. El hombre iba a recoger sus hijos a la escuela y las autoridades dicen que el asesinato está relacionado con drogas. Cientos de personas están muriendo en las calles de Manila en la "lucha contra las drogas". (AFP)

Ormeneta acudió recientemente a una barriada donde unos enmascarados mataron a un hombre. La víctima todavía olía a alcohol. Su hermana gritó cuando los policías le dieron la vuelta al cuerpo, acribillado a balazos, en medio de un charco de sangre.

La policía declaró a la AFP que Danilo Bolante, de 47 años, vendía shabu, una metanfetamina a buen precio a la que el presidente Duterte acusa de destruir la sociedad.

Pero Chona Balina afirma que su hermano había dejado de dedicarse al tráfico de droga y que alguien lo denunció a la policía por la campaña lanzada por Duterte para incitar a traficantes y consumidores a reformarse, conocida como Tokhang.

"¿Para qué lanzar Tokhang si es esto lo que hacen a la gente que cambia?", se preguntó.

Rodrigo Duterte ganó las presidenciales anunciando una guerra contra la droga que causaría decenas de miles de víctimas. Durante la campaña bromeó diciendo que las pompas fúnebres no se quedarían en paro.

Cumplió su palabra. La policía mató a más de 2.000 personas y otras 3.000 murieron a manos de desconocidos, lo que hace temer asesinatos extrajudiciales a gran escala.

Las cosas no parecen que vayan a cambiar. Duterte declaró recientemente que se sentiría "feliz de masacrar" a tres millones de toxicómanos.

Esta política suscita fuertes críticas, tanto en el archipiélago como en el extranjero, pero los sondeos muestran que los filipinos apoyan la cruzada presidencial.

Pese a estar muy ocupados los enterradores no cobran más forzosamente. Muchas familias son demasiado pobres para pagar el funeral.

"No sé cómo vamos a hacer porque no tengo trabajo", dice Balina, tras haber aceptado en Veronica una oferta por 62.000 pesos ($1.220 dólares) para el embalsamamiento, el ataúd y el funeral de su hermano.

Las tarifas oscilan entre los 18.000 y los 400.000 pesos, cuenta Rico Teodocio, director de la empresa. Propone normalmente descuentos y explica que las familias mendigan a veces en los cementerios para conseguir féretros gratuitos. "No sé si patético es la palabra correcta pero dan lástima. Nosotros también sufrimos porque aplicamos precios bajos".

Veronica, como otras pompas fúnebres visitadas por la AFP, afirma que algunas familias no reclaman los cuerpos porque son demasiado pobres o tienen miedo.

Los guardan dos o tres meses y luego los enterradores los sepultan gratis.

"Es triste. Mueren y nadie viene a buscarlos", dice Ormeneta, mostrando los cadáveres ennegrecidos de la morgue.

Su sector no se salva de la corrupción: algunos policías exigen el pago de dinero para informar a las empresas de los fallecimientos.

Duterte bromeó también sobre este asunto durante la campaña. "Estos policías son pícaros. Llaman a las pompas fúnebres para decirles 'hay un cuerpo, pasaré mañana para cobrar mi comisión'".

Una práctica que viene de lejos y que en resumidas cuentas abulta el costo a las familias, explican varios enterradores a la AFP que piden el anonimato. "¿Qué podemos hacer? Hay que añadirlo a la factura".

Para algunos empleados es una profesión como cualquier otra, pero para Ormeneta, un católico con cuatro hijos, es muy duro.

Para él, los pequeños traficantes no merecen la muerte. "Son víctimas de la droga. Tuvieron que ganarse la vida para no pasar hambre, a lo mejor por sus hijos. Habría que haberles dado una oportunidad. ¿Acaso no es eso lo que dice la Biblia? ¡No matarás al prójimo!". (AFP)