jueves, 15 de diciembre de 2016

diciembre 15, 2016
José Repetto

Hace algunos días intentaba acordarme de cuándo se realizó el último reemplacamiento, aunque tenía claro que ya había pasado mucho tiempo. Una breve búsqueda en Google indica que éste fue en 2009, hace ocho años. Prácticamente una década.


El Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán manda que el reemplacamiento se lleve a cabo cada 3 años. Sin embargo se han concedido prórrogas, tal como es facultad del Ejecutivo Estatal, con el fin de no afectar la economía familiar.

A pesar de ello, todos sabíamos que tarde o temprano se iba a tener que hacer, pues no es algo que pueda simplemente suspenderse de manera definitiva.

¿Cuántos vehículos en situación irregular circularán por el estado? La cifra podría ascender, fácilmente, a las decenas de miles, pues al no tener que reemplacar muchos habrán vendido o adquirido vehículos sin hacer el trámite, tendrán multas sin pagar y habrán manejado sin problema siempre que no los parara la policía por incurrir en una infracción o se hayan visto involucrados en un accidente.

Suspender el reemplacamiento de manera permanente equivaldría en la práctica a que los vehículos pudieran circular sin placas. El no tener una base de datos actualizada dificultaría la localización de automóviles robados así como las investigaciones relacionadas con hechos delictivos, por ejemplo si las autoridades buscan dar con el propietario de un vehículo y la información respecto a éste no está actualizada.

Todavía falta que se dé a conocer el calendario y los precios finales para el reemplacamiento. Es válida la exigencia, ciudadana y de la oposición, de que éstos no sean excesivos para el ciudadano. Estímulos como descuentos por un pronto pago, tal como hace el Ayuntamiento de Mérida con el impuesto predial, sin duda facilitarían cumplir de manera pronta con este requisito.