miércoles, 30 de noviembre de 2016

16:26:00
OAXACA, 30 de noviembre de 2016.- Este 1 de diciembre, cuando Gabino Cué Monteagudo entregue el cargo a su sucesor, el priista Alejandro Murat Hinojosa, el estado estará hecho añicos: una deuda de 16 mil 200 millones de pesos, una economía destrozada, desempleo creciente, inseguridad y corrupción.

Hace seis años, cuando tomó posesión, abanderado por el PRD, PT, PAN y Convergencia, Cué declaró: “Nunca más un gobernador que abuse del poder público para beneficio personal o el interés de un grupo en detrimento de la población en su conjunto; nunca más el uso de la fuerza pública para reprimir; nunca más el uso de la fuerza pública para acallar demandas sociales”.

Sin embargo, durante su administración Cué sepultó la incipiente transición en ese estado. No supo controlar la violencia que dejó 3 mil 705 crímenes de alto impacto, de los cuales 610 fueron por motivos políticos o agrarios, 526 feminicidios, 11 asesinatos de periodistas, 174 desapariciones de mujeres, una desaparición forzada, 300 ataques a defensoras, 236 agravios a periodistas, 67 presos políticos, e infinidad de torturados y desplazados.

El gobernador saliente de Oaxaca, Gabino Cué. (Foto: Ezequiel Leyva)

Hoy, el “humanista” y “demócrata” mandatario es acusado de saquear 30 mil millones de pesos. El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos en el Camino, es contundente: “Lo que nunca le van a perdonar es que haya traicionado al pueblo y que haya entregado de nuevo el estado de Oaxaca al PRI”.

Solalinde calificó de “lamentable y deplorable el sexenio de Gabino Cué porque le falló a mucha gente de la sociedad civil que exigió justicia y se quedó esperando.

“Empezó bien pero los ladrones ya estaban en casa, no lo dejaron gobernar, no impuso su voluntad, lo cooptaron y acabó haciendo lo mismo que los anteriores. Es una desilusión muy grande”.

Expresidente de la Comisión de la Verdad por los disturbios de 2006 y 2007, Solalinde critica los compromisos de la administración de Cué con el PRI, así como con los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos. “Es algo escandaloso –dice–, que agravia la conciencia de los oaxaqueños”.

La violencia, según el religioso, se debe a que fue “un gobernador débil. No tuvo el valor de enfrentar (a los delincuentes) y terminó pactando con el PRI”.

Funesto legado

La defensora de derechos humanos Yésica Sánchez Maya también considera al mandatario saliente como una decepción. Su gestión, más que de esperanza, fue una pesadilla.

“Gabino no sólo dejó calles rotas, baches, zonas no iluminadas, un puente deforme, obras muy mal logradas, sino una sociedad agujereada, con deudas, déficit y muchos pendientes”, resume la activista.

La persecución a los maestros disidentes de la sección XXII y la represión del 19 de junio último en Asunción Nochixtlán, que dejó ocho muertos y más de 100 lesionados, aún es una herida abierta.

Sánchez Maya resaltó que el lema “Paz y progreso” se quedó en un eslogan de campaña, aunque también cuestionó a los partidos políticos que llevaron a Cué a la gubernatura porque nunca asumieron su responsabilidad de obligarlo a cumplir con sus promesas y ahora se desgarran las vestiduras.

El apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez, habla de seis años perdidos para la historia de Oaxaca, con consecuencias desastrosas.

Cué manejó presupuestos “históricos” que superaron los 500 mil millones de pesos, pero no supo canalizarlos. Tal es la precariedad en los servicios de salud, por ejemplo, que en el Hospital Civil los directivos comenzaron a cobrar a los derechohabientes, pues no tienen fondos ni para medicamentos.

Los agravios son múltiples; tanto, que los integrantes de la LXIII Legislatura pidieron que se declare a “Oaxaca como zona de desastre”. El PAN y el PRD, los dos principales partidos que lo llevaron al gobierno en 2010, no dan crédito a lo que hizo su protegido Cué, mientras la inconformidad crece.

Los burócratas se quejan porque les suspendieron teléfono e internet y en las dependencias no hay papel ni para el baño por falta de pagos. Para expresar su descontento, organizaron un paro laboral durante una semana.

El jueves 24, los 534 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública se quejaron por el incumplimiento de los compromisos contraídos por las autoridades luego de un paro que se prolongó un mes. Ese día organizaron un plantón en el edificio de la dependencia para exigir al gobierno estatal el pago inmediato de 177 millones de pesos que adeuda al Fondo de Pensiones.

Transportistas y proveedores realizaron bloqueos carreteros, tomas de oficinas y del aeropuerto de Puerto Escondido para exigir al gobierno de Cué que les pague.

El malestar incluye a la clase empresarial, que, por medio del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana-Oaxaca, Raúl Ruiz Robles, declaró: “Oaxaca está herida y necesita un rescate en todos los sentidos” porque Cué deja una deuda a proveedores cercana a los 2 mil 500 millones de pesos, situación que provocará un gran hoyo y hundirá al sector productivo en la falta de liquidez”.

También abandonó la obra del Metrobús de 8.5 kilómetros, cuya inversión inicial de 500 millones de pesos, se disparó a mil 244.6 millones. Y en el sector educativo el déficit rebasa los 6 mil millones; en el de salud, supera los 9 mil millones.

Fue peor que Ulises

Joaquín Rodríguez Palacios, quien fue subsecretario de Gobierno en los sexenios de Heladio Ramírez López, Diódoro Carrasco, José Murat Casab, Ulises Ruiz Ortiz y el del propio Cué, admite que el aliancista deja un estado colapsado y manchado de sangre.

Durante la administración de Cué se cometieron 610 crímenes por motivos políticos y cuestiones agrarias. En contraste, con Ramírez López hubo 97, incluidos 17 policías en un conflicto entre pobladores de San Baltazar Chichicapan y San Nicolás Yaxe.

Con Carrasco fueron 87, con todo y la aparición del Ejército Popular Revolucionario que dejó una treintena, principalmente en la región de Los Loxicha. Con Murat la cifra bajó a 85, pese a la masacre de 26 campesinos en el paraje de Agua Fría, de Santiago Xochiltepec, Sola de Vega, en la Sierra Sur.

Y con Ruiz la cifra se elevó a 108 muertos, incluido el conflicto sociopolítico de 2006-2007 protagonizado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que dejó 26 muertos, alrededor de 500 detenciones y 380 casos de tortura.

Con Cué la violencia se exacerbó: las 10 muertes en Santiago Choapan, las ocho entre gente de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera, los 10 calcinados por el conflicto de Santo Domingo Yosoñama con San Juan Mixtepec; el operativo fallido del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán ejecutado por las fuerzas policiales federal y estatal que dejó ocho civiles muertos y 155 heridos, 84 de ellos por arma de fuego.

Dentro de la lista negra de ejecuciones sobresale la del subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán Escalante, por presuntos malos manejos en los Servicios de Salud al tener nóminas discrecionales.

La dirigencia de la sección 35 los denunció a él y Rubén Portillo Mijangos y Marco Antonio Fuentes del Toro, directores de Administración y de Recursos Humanos, respectivamente.

Pérez Gavilán también fue acusado por el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud de manejar una “nómina secreta” y de un presunto desvío de 2 mil millones de pesos en los Servicios de Salud de Oaxaca.

Pérez Gavilán fue cesado el 19 de febrero de 2015. Semanas después, a principios de marzo, cuando amenazó con revelar nombres, fue ejecutado. El gobierno de Cué intentó ocultar el caso.

Los crímenes de políticos fueron también marca del gobierno de Cué. La dirigencia estatal del PRD denunció 27 casos aún no resueltos.

Entre los más relevantes se encuentran el de Nicolás Estrada Merino, en 2013; el de Everardo Hugo Hernández, diputado local, y Carlos Martínez Villavicencio, exdiputado local, en 2015; Ernesto Fidel López Nelio, Eusebio Cruz Cortés, exprecandidato a diputado federal, y José María Caña, líder del PRD en San José Independencia, en marzo pasado, y el de Rolando Vásquez Castillejos, líder de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, en agosto pasado.

Los otros agredidos

La prensa también fue blanco de la violencia en el gobierno que acaba el 30 de noviembre. La organización Artículo 19 afirmó que con los recientes asesinatos de periodistas, Oaxaca es la cuarta entidad con mayor número de bajas en México. En los últimos dos años hubo 11, entre ellas las de Marcos Hernández Bautista, Abel Bautista Raymundo y Filadelfo Sánchez Sarmiento.

La coordinadora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Ana María Hernández Cárdenas, afirmó que el gobierno de Cué resultó todo un “fracaso” porque en su sexenio se cometieron 526 feminicidios, de los cuales 101 ocurrieron este año.

Aunque prometió combatir la impunidad, dice, terminó igual o peor que sus antecesores. En el sexenio de Murat hubo 429 crímenes de mujeres, en el de Ruiz bajó a 283, con la actual administración la cifra se disparó a 526.

En 2016, el acto de violencia más emblemático fueron los ocho muertos, 155 civiles heridos, 84 de ellos por arma de fuego, que dejó el operativo fallido de las policías federal y estatal el pasado 19 de junio.

Oaxaca es una de las siete entidades con mayor aumento en la pobreza. De acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En la entidad hay 2 millones 662 mil 700 pobres 66.8% de la población. La mitad sobrevive en la pobreza extrema.

Estos índices contrastan con el despilfarro que realizó Cué en su despacho –15 millones 978 mil 687 pesos–, en el auditorio Guelaguetza–1.5 millones– y en la construcción del estadio de futbol de Los Alebrijes. (Pedro Matías / Proceso)