miércoles, 23 de noviembre de 2016

12:04:00
MADRID, España, 23 de noviembre de 2016.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este miércoles una pena de dos años de prisión para el delantero del FC Barcelona Neymar por corrupción en los negocios en relación con los contratos que formalizó con la entidad culé para su fichaje entre los años 2011 y 2013. El ministerio público ha presentado esta mañana su escrito de acusación en el caso derivado de la querella interpuesta por la entidad DIS, antigua propietaria del 40% de los derechos federativos del jugador.

En su escrito, el fiscal José Perals reclama una pena de cinco años de cárcel para el expresidente culé Sandro Rosell por corrupción y también por delito de estafa. Además, solicita una multa de 8,4 millones de euros para el club como persona jurídica. La acusación pública, que logró reabrir el caso después de que el juez instructor José de la Mata lo archivara, pide cerrar la causa contra el actual presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu.

Neymar en el partido del 19 de noviembre contra el Málaga. (AFP)

La causa deriva de la querella interpuesta por el fondo de inversión DIS en junio de 2015. Esta entidad, que poseía el 40% de los derechos federativos del delantero cuando este jugaba en el Santos de Sao Paulo, denunció haber sufrido un perjuicio económico por el contrato de 40 millones de euros que firmó el Barça con él en 2011 para amarrar su fichaje antes de que pasara a ser agente libre.

En esta causa judicial se dirimen dos delitos. El primero es de corrupción entre particulares y tiene que ver con el pago en 2011 de los 40 millones para hacerse con los servicios de Neymar antes de que quedara libre en el mercado. Este contrato incluía una penalización de otros 40 millones en caso de que el jugador no fichara por el Barça en 2014, cuando pasaba a ser agente libre. Además, existió un segundo contrato en 2011 por el que el Barça pagaba 10 millones a la sociedad N&N, controlada por los padres de Neymar, en concepto de “préstamo”, aunque en realidad era un pago parcial del traspaso del jugador.

Según las tesis de las acusaciones, ni el Santos, donde militaba Neymar, ni DIS, conocieron estos contratos. La FIFA impide negociar traspasos de jugadores hasta seis meses antes de que termine la ficha que tiene en vigor, y Neymar pertenecía al Santos hasta julio de 2014. En 2013, el Real Madrid ofreció al Santos 36 millones de euros —el doble de lo que pagó el Barça— por el traspaso del delantero, lo que no pudo prosperar al estar vinculado en secreto y de forma fraudulenta a la entidad culé. Mediante la firma de los contratos se alteró el libre mercado del fichaje de futbolistas, aprecia la fiscalía.

El segundo delito es de estafa. Los clubes, además del contrato de transmisión de los derechos federativos firmaron otros dos contratos. El primero, por valor de 7,9 millones de euros, corresponde a un supuesto derecho de preferencia del club catalán sobre tres jugadores del Santos: Victor Andrade, Givanildo Pulgas y Gabriel Barbosa. El segundo contrato, por 4,5 millones, es un acuerdo para disputar un amistoso entre ambos clubes. Ni el Barça ha llegado a ejercer el derecho de hacerse con los servicios de los tres jugadores ni el encuentro amistoso se ha llegado a disputar. Estos dos contratos deberían haber formado parte, y no lo fueron, de los beneficios de la mercantil DIS.

El fiscal considera que no hay pruebas de que Bartomeu, que en 2011 firmó como vicepresidente uno de los contratos que ligaban a Neymar con el Barça, supiera que la negociación se estaba realizando a espaldas del Santos, que no se había informado a DIS de esos contactos y que la contratación se realizaba al margen de la normativa de la FIFA.

Este supuesto desconocimiento de Bartomeu de los detalles ocultos del contrato lleva al ministerio público a rechazar la acusación de corrupción en los negocios contra él. También descartan que Bartomeu participara en un delito de estafa porque no estuvo al corriente de que a Neymar se le abonara, a través de una maraña de contratos, una cantidad superior por su fichaje a la reflejada en el contrato de traspaso oficial, con el consiguiente perjuicio para DIS.

Sin embargo, es probable que si no hay un acuerdo previo y el juicio sigue adelante, Bartomeu se vea obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. La entidad DIS, al contrario que la fiscalía, sí mantiene la acusación contra él. (Fernando J. Pérez / El País)