miércoles, 9 de noviembre de 2016

19:55:00
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2016.- La Comisión de Puntos Constitucionales votó en contra el dictamen que proponía incorporar, en el primer párrafo del artículo 4º de la Carta Magna, la posibilidad de que cualquier persona pueda contraer matrimonio sin importar la orientación sexual, atendiendo el reconocimiento de la dignidad humana.

En reunión de trabajo, los legisladores externaron sus posicionamientos y, posteriormente, en votación nominal, emitieron 19 votos en contra, 8 a favor y una abstención.

El pasado lunes, el vicecoordinador de los priistas, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que su partido había tomado la decisión de votar en contra y que en ello los acompañaría el Verde.

También reconoció que la propuesta de Enrique Peña Nieto les afectó negativamente en las elecciones pasadas, sobre todo en Aguascalientes, “donde la gente es un poco más conservadora”, y se las cobró votando en contra del PRI y a favor del PAN.

Incluso el PRI impugnó ante el Tribunal Electoral el triunfo del PAN alegando la intromisión del Clero en el proceso al llamar a votar en contra de quienes presuntamente están en contra de la vida y promueven las bodas gay. Sin embargo, el recurso se rechazó quedando en firme la recuperación del gobierno por parte de los panistas.

El voto de los priistas en contra de la iniciativa de Peña Nieto se da luego del encuentro que el titular del Ejecutivo federal sostuvo con parte de la jerarquía católica.

Los votos a favor fueron dos de Morena, con Virgilio Caballero y Rodrigo Abdalá. Del PRD, Acosta Naranjo, Omar Ortega, Ángel Pedraza y Evelyn Parra, en tanto que por el PRI votaron a favor Ivonne Ortega y el zacatecano Benjamín Medrano. (Foto @IvonneOP)

El secretario de la comisión, Edgar Castillo Martínez (PRI), refirió que votado en contra por la mayoría, conforme al artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el dictamen se considera como total y definitivamente concluido.

Éste fue leído al inicio de la reunión de la comisión e incluía tres iniciativas: del Ejecutivo federal, presentada el 18 de mayo; de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (Encuentro Social), el 8 de septiembre, y la del legislador Francisco Martínez Neri (PRD), propuesta el 4 de noviembre.

El documento base fue el del Ejecutivo federal, cuyo propósito era incorporar en la Constitución Política que: “Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), enfatizó que debido al cálculo político electoral, se dio marcha atrás a una iniciativa que podría denominarse progresista. “Una reforma de la que deberíamos sentirnos orgullosos; porque los derechos de las minorías no se ponen a votación, se amplían y reconocen, y es el Congreso quien debería tutelarlos”.

Señaló que la reforma, la cual cumple con todos los requerimientos para modificar la Constitución, amplía los derechos humanos que han sido parte de una lucha milenaria. “Es absurdo decir que porque se trata de una materia civil, la discusión debe irse a los estados. Tenemos la oportunidad de tutelarlos, respaldarlos y ampliarlos, lo otro es una argucia para evitar manifestarse sobre algo”, sostuvo.

El de familia no es un concepto de la religión católica, es universal y cada persona tiene derecho a construirla como decida; plantear que el matrimonio debe tener como fin último la reproducción, es como si planteáramos que las personas de 70 años no se pueden casar. “De qué lugar estamos: en los de ampliación, protección y reconocimiento de los derechos, o de quienes legislan por cálculo político electoral”, cuestionó.

Virgilio Caballero Pedraza (Morena) señaló que la pandemia del SIDA representa hoy en día un alto costo para el Estado por los recursos económicos, médicos y la pérdida de vidas que genera, por lo que aseguró que el matrimonio igualitario contribuirá a reducir este costo a partir de reconocer e incluir en la vida económica, social, cultural y política a todas las personas sin importar su orientación sexual para combatir el estigma, la discriminación y la homofobia, además de contribuir a disminuir los crímenes de odio.

El diputado Ángel II Alanís Pedraza (PRD) se pronunció a favor de la iniciativa porque garantiza el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. Refrendó el compromiso de su partido con el avance del reconocimiento universal y progresivo de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, ya que responden a una realidad social, por lo que se debe dar reconocimiento y certeza jurídica a todas las personas por igual con independencia de sus preferencias sexuales.

La diputada del PRD, Evelyn Parra Álvarez, votó a favor del dictamen porque “es una lucha de izquierda de muchos años”. La Ciudad de México se transformó y actualmente las personas con diferentes orientaciones pueden contraer matrimonio; estimó que debe ser así porque las realidades son otras y el mundo está cambiando y “nosotros no vamos en contra de los derechos humanos sino que los protegemos”.

Del PVEM, Lorena Corona Valdés dijo que su partido no se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo; sin embargo, argumentó que en términos del artículo 124 de la Constitución Política, las entidades federativas son competentes para legislar en la materia, por lo que “resulta inconveniente que la autonomía local se vea disminuida por la centralización. “No debemos adoptarnos facultades en detrimento de las entidades federativas”, afirmó.

El diputado Benjamín Medrano Quezada (PRI) afirmó que no puede estar en contra de un dictamen por el que la comunidad gay ha luchado, a pesar de que son los estados quienes tienen la facultad potestativa de dictaminar al respecto. “Esta es una decisión personal, votaré en pro del dictamen porque va a favor de mi dignidad como ser humano, como homosexual y como diputado federal”, sostuvo.

De Movimiento Ciudadano, Víctor Sánchez Orozco, mencionó que se trata de un tema de trascendencia nacional que debe ser discutido abiertamente en el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que se deben escuchar y respetar todos los puntos de vista. Advirtió que los diputados de su partido decidirán de manera individual el sentido de su voto. “Afrontaremos esta votación con absoluto respeto a la libertad de conciencia, no daremos paso a imposiciones”, acotó.

El diputado Cándido Ochoa Rojas (PVEM) decidió votar en contra del dictamen, ya que, aseguró, presenta una serie de contradicciones frente a la Constitución General, además que la unión de las personas es un apartado regulado en los códigos civiles estatales. “Cómo se va a desarrollar la familia si la exposición de motivos dice que la procreación no es un elemento decisivo del matrimonio”, cuestionó.

El diputado de Acción Nacional, Javier Antonio Neblina Vega, consideró innecesaria una modificación a la Carta Magna para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo: el camino adecuado son los Congresos locales quienes tienen a su cargo las reformas a sus códigos civiles, por lo que informó que su voto sería en contra.

Agustín Basave Benítez, PRD, enfatizó que la principal razón para votar a favor es la no discriminación, que señala el artículo 1 de la Constitución. “Nada impide que quienes tengan una fe religiosa, mantengan las reglas de su creencia y permitan en ella solamente casar hombres con mujeres, pero el Estado va en un carril diferente y no puede discriminar a quienes tienen una orientación sexual diferente”.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES) manifestó su postura en contra del dictamen, al contener inconsistencias, por ejemplo, al pretender que el matrimonio civil tiene como objetivo garantizar el amor. “Se confunden derechos con sentimientos y no discriminación”. El principal problema, sostuvo, es que se legalizaría un experimento que no tiene nada de científico; una compensación a una minoría de grupos privilegiados discriminados.

El diputado independiente, Manuel Clouthier Carrillo, consideró que el dictamen debería precisar que las personas que busquen contraer matrimonio sean mayores de edad –no establecer los 18 años de edad- y sobre cómo formar una familia dependa de los estados que, sin violar los derechos humanos, lo lleven a cabo en la legislación al respecto.

Del PAN, José Hernán Cortés Berumen se pronunció en contra del dictamen. Hay distintas reflexiones importantes sobre si hay o no discriminación al establecer que las personas deben tener 18 años de edad para contraer matrimonio. Agregó que existe un andamiaje jurídico que debe respetarse y, si bien la Suprema Corte emite sus interpretaciones, también la Cámara de Diputados debe expresar sus opiniones sobre el tema.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (Morena) indicó que el matrimonio igualitario está basado, principalmente, en la no discriminación y no se puede privar a un grupo de personas por alguna orientación sexual a sus derechos fundamentales.

En su turno, el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola (PRI), precisó que la postura de su partido es en sentido contrario al dictamen “para no polarizar y sí para armonizar, construir ventanas y salidas a encuentro de los razonamientos y criterios nacionales e internacionales que permitan establecer las diversas modalidades que existen para quienes pretenden y quieren un proyecto de vida en común”. Aclaró que el PRI dice sí a los derechos humanos y a buscar alternativas constitucionales que pueden darse a partir de una discusión más amplia.

Del PRD, el diputado Daniel Ordoñez Hernández dijo que, ante una iniciativa progresista del Ejecutivo, “le dice no su propio partido y le dicen que está mal hecha, incompleta y es deficiente, no tiene argumentos jurídicos sólidos”, cuando se trata de una iniciativa “bien sustentada”. Estimó que el tema no es de una argumentación jurídica, sino de posturas políticas, éticas y morales y enfatizó que los diputados tienen la obligación de adecuar la norma jurídica a la realidad social.

Del PRI, la diputada Ivonne Ortega Pacheco explicó que su voto a favor se basa en que ese tipo de matrimonio civil es una expresión de la igualdad ante la ley, establecida por la Constitución, por lo que es un tema de derechos y no de prácticas religiosas. “Para ejercer ese derecho, tienen que recorrer un camino tortuoso y, en muchos, casos ampararse”, precisó.

El diputado Alejandro Ojeda Anguiano apuntó que, aunque la propuesta del Ejecutivo es correcta, falta aún más por hacer debido a que más allá del matrimonio igualitario hay que reconocer la diversidad de familias. “El Estado laico tiene que prevalecer en todo momento y las instituciones públicas deben actuar apegadas a una absoluta neutralidad. Los dogmas que pretende imponer el credo en temas de familia, son inadmisibles”.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Araceli Damián González (Morena), aseguró que esta iniciativa permitiría que derechos en seguridad social se aplicaran de manera indistinta, ya que, aunque los institutos ya lo hacen de alguna manera, esto no está aún reconocido en la ley. “No puede haber ningún tipo de discriminación en materia de derechos humanos ni imponer a otro el concepto de familia, ni de vivir felices”, enfatizó.

Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada de Nueva Alianza, planteó posponer la discusión, en tanto existan mejores condiciones para su aprobación, con un debate de argumentos progresistas y “no consignas, miedos y chantajes”; no obstante, dijo, la propuesta del Ejecutivo busca garantizar “un derecho que, actualmente, se le niega a un grupo de la población y que busca ser reconocido”.

Por el PRD, el legislador Ángel II Alanís Pedraza llamó a votar a favor del dictamen, ya que, dijo, sólo existe una raza humana. Además, cuestionó: ¿por qué “muchos no están a favor de la propuesta del Ejecutivo federal, cuando normalmente se ve que hay unidad con el Presidente de la República, y en este momento, no se visualiza?”.

La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (Morena) afirmó que la Constitución es clara, al establecer que todos los mexicanos tenemos los mismos derechos; sin embargo, lamentó que “aquí se quiera desconocer esta garantía por fanatismo religioso y por el fenómeno Trump. Es atroz que satanicemos y discriminemos de esta manera a jóvenes, hombres y mujeres que tienen derecho a amarse y ser felices, y más que en pleno Siglo XXI se tenga este tipo de discusiones”.

El diputado de Morena, Vidal Llerenas Morales, consideró preocupante que no sean el raciocinio y la propia ley los que determinen las políticas públicas, sino una combinación de influencias de parte de las iglesias y el cálculo político lo que decreta la acción legislativa. Exhortó a los diputados a poner los derechos humanos de las personas antes de cualquier cálculo político, “cuando el propio presidente de la República tuvo el valor de proponer la iniciativa”.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (PRI) aclaró que no se busca dar marcha atrás a los derechos adquiridos por los mexicanos, cualquiera que sea su preferencia sexual, y “tampoco estamos en contra de una postura presidencial”. Afirmó que están a favor de respetar los derechos de las minorías, conforme a lo establecido en la Constitución, pero “también queremos que exista una postura de parte de este Congreso, que de forma responsable pueda emitir una conciliación entre los grupos de mexicanos actualmente enfrentados por este tema”.

Puntos del dictamen sobre matrimonios igualitarios

Al inicio de la reunión, se dio lectura al dictamen que señalaba: “la Comisión de Puntos Constitucionales consideró procedente adoptar la iniciativa del Ejecutivo, en los términos propuestos, a fin de que se reconozca desde la propia constitución el derecho que tienen personas de distintos sexos para contraer matrimonio”.

La finalidad es, entre otras cosas, no sólo el respeto a los derechos de aquellos que tienen una posición distinta, en cuanto a la orientación sexual, sino incidir en la percepción de la ciudadanía. Se dice, en la propuesta del Ejecutivo, que es la apreciación social la que se trata de modificar mediante la normativización de este tipo de reconocimiento de derechos, agregó.

Refiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), han emitido criterios jurisprudenciales que son obligatorios para el Estado mexicano, en el sentido de reconocer la diversidad y orientación sexual, la posibilidad de que puedan contraer matrimonio e, incluso, establece la opción de acceder a la adopción.

Señala que debe considerarse el derecho al matrimonio como una garantía fundamental, basada en lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y compromiso mutuo de quienes desean tener una vida en común, poniendo énfasis en que no es la procreación la finalidad que se debe buscar con esta institución.

Menciona que, de acuerdo con sus criterios, la SCJN establece “que (cuando) se pretende vincular los requisitos del matrimonio a preferencias sexuales, violenta y discrimina a las personas. Si la finalidad del matrimonio no es la procreación, se tiene que respetar el derecho de cualquier persona que quiera unir su vida con otra”.

La SCJN, continúa, hace énfasis en que en el momento de que una pareja de personas que pudieran ser del mismo sexo, tienen también derecho a adoptar porque a pesar de que la propia Constitución establece en varios artículos, fundamentalmente en el 4º el Interés Superior del Niño, que debe permear en todas las políticas públicas, “es esto lo que se debe atender, al momento de la decisión que pudiera tomar un juez, caso por caso, para poder adoptar a una persona menor de edad”.

Sostiene que la iniciativa que presenta el presidente de la República está orientada a esos criterios jurisprudenciales, tanto de la CIDH como de la SCJN.

Se ajusta también a la recomendación 23-2015, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el pasado 6 de noviembre de 2015, sobre el matrimonio igualitario.

Insta al Congreso de la Unión, es decir, a las cámaras de Diputados y Senadores, a adecuar los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar, “con el fin de permitir el acceso al matrimonio a todas las personas, y en condiciones tales, que se impida cualquier tipo de discriminación en términos del quinto párrafo del artículo 1º de la Constitución Política”.

El dictamen hace una consideración sobre el uso de la palabra matrimonio. (Boletín / Proceso)