viernes, 5 de agosto de 2016

04:00:00
MÉXICO, 5 de agosto.- El sector privado prepara más denuncias contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En esta ocasión la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) presentará una demanda colectiva de tipo penal y la próxima semana interpondrá un amparo para que los integrantes de este organismo magisterial dejen de violar los derechos humanos de terceros.

Actos vandálicos delictivos en una manifestación de la CNTE (foto: Archivo - Raúl Estrella para El Universal)

Para ello busca que los empresarios que sufrieron algún saqueo, robo o cualquier tipo de daño presenten su denuncia correspondiente, para luego integrarlas todas e interponerlas a nivel federal y en los tribunales de circuito de las entidades en las que más se sufre por las movilizaciones de la CNTE, explicó el presidente de la Concanaco, Enrique Solana Sentíes.

Expuso que busca “empresarios valientes que digan sus nombres y den a conocer los daños que han sufrido con la denuncia correspondiente”, a fin de integrarlas todas y presentarlas.

Agregó que como Concanaco también presentarán otra demanda de amparo ante el Poder Judicial para que ordene de inmediato la suspensión de los actos violatorios por parte de la CNTE y los jueces pidan al gobierno federal que ordenene a los maestros dejar de violar los derechos humanos de los demás.

Por ello, la Concanaco recaba firmas entre los empresarios de las zonas afectadas como la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, a fin de interponer tan pronto como sea posible la demanda de amparo. Se sabe que cuentan al menos con un centenar de firmas, por lo que se espera que se interponga el juicio de amparo la próxima semana.

Solana explicó que serán cuidadosos para sustentar bien la demanda para que no se deseche la petición y se les dé respuesta en no más de 72 horas, de acuerdo con lo que marca la ley.

Estas acciones se suman a las que inició la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el martes pasado, al interponer una demanda de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.

La Coparmex presentó la demanda en contra del presidente Enrique Peña Nieto, de los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Educación Pública, Aurelio Nuño, y de la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, así como de los gobernadores de los estados más afectados por la CNTE para que frenen los bloqueos y movilizaciones que, afirman, violan los derechos humanos de las personas.

El presidente de la Concanaco recordó que existe un antecedente de que el sector privado ganó una demanda de amparo contra el magisterio en 2013, cuando empresarios de Chiapas solicitaron al gobierno que los maestros terminaran con los bloqueos en el estado.

“En Tuxtla Gutiérrez hay amparos y existe la resolución por parte de Tribunal de Circuito de Tuxtla, donde se determinó la posibilidad de levantar una demanda de daños y perjuicios contra la CNTE. Ya se expresó el Poder Judicial de manera positiva a un amparo en Chiapas”, dijo.

Los comerciantes organizados, con base en los antecedentes, añadió, “nos vamos a sumar [a la denuncia] para hacerla nacional y que la atraiga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se obligue al Poder Ejecutivo a que impongan orden en esa zona, eso es lo que estamos pidiendo de acuerdo con la ley”, expuso.

Solana Sentiés dijo que el gobierno mexicano tiene firmados acuerdos internacionales de protección a los derechos humanos y en las legislaciones de México también está, pero la autoridad no cumple con su facultad.

“Se está violando todo el Estado de derecho y luego preguntan si estamos invitando a una desobediencia civil [con la exención que piden del pago del IMSS, Infonavit y de los impuestos Sobre la Renta y de Nómina]”, dijo.

Añadió: “No sé por qué no ha actuado nadie; eso es Estado de derecho, tienen en la propia ley la posibilidad de que el Poder Judicial imponga al Ejecutivo penas que van desde destitución a cárcel. Eso es la ley”.

Los empresarios, expuso, pedimos que se aplique la ley y que actúen porque pareciera que ningún juez se ha dado cuenta de que hay violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, hace unos días el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que gracias a la “acción de la autoridad” se liberaron carreteras y vías férreas, lo que no habría sucedido sin la intervención del gobierno. (Ivette Saldaña para El Universal)