CIUDAD DE MÉXICO, 11 de julio.- La autoridad federal va en contra del sistema de ‘blindaje’ que los gobiernos de Quintana Roo y Veracruz habían entramado para cubrir los pasos de los mandatarios estatales que dejarán el cargo, esto luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó acciones de inconstitucionalidad contra los gobiernos y congresos de estos estados.
En conferencia de prensa, el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, dijo que esta acción se da por orden del presidente Enrique Peña Nieto, ya que consideró que las disposiciones y normas aprobadas recientemente en los congresos de esos estados pondrían en riesgo el recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción.
Por esto es conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise dichas legislaciones estatales, las cuales han sido catalogadas como medidas de blindaje promovidas por el veracruzano Javier Duarte y el quintanarroense Roberto Borge –que buscan realizar reformas en las fiscalías y nombramientos de última hora–, en su respectivo congreso.
“Ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de gobierno puede estar al margen de la ley”, dijo el portavoz de la Presidencia.
Salvador Sandoval Silva, titular de la subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, explicó que con estas acciones de inconstitucionalidad se busca que la Suprema Corte advierta que las entidades carecen de facultades para crear sistemas locales anticorrupción y que no pueden nombrar funcionarios en dichas materias.
“(Serán) la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas las leyes generales, el medio que el Congreso de la Unión utilice para marcar la misión y la visión que debe tener ese Sistema Nacional Anticorrupción”, precisó Sandoval. (Presidencia / Forbes)
Así lo informa La Jornada:
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los gobernadores y congresos de los estados de Veracruz y Quintana Roo por la aprobación de leyes locales anticorrupción, porque generarán inseguridad jurídica que podría en riesgo las reglas de operación de dicho mecanismo establecido mediante reforma constitucional en mayo pasado.
En conferencia de prensa realizada en la residencia oficial de Los Pinos, el subprocurador jurídico y de asuntos internacional de la PGR, Salvador Sandoval Silva anunció lo anterior y precisó que, “lo que en esencia se ha solicitado”, es que la SCJN advierta que las entidades federativas mencionadas, carecen de facultades para crear sus Sistemas Locales Anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y, lo que es más, que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias
Acompañado por el vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández, el funcionario de la PGR adelantó que la dependencia, a cargo de Arely Gómez, estudia la posibilidad de presentar una demanda similar ante el máximo tribunal de justicia del país en contra de las autoridades de Chihuahua, debido a que también aprobaron recientemente una legislación similar.
Cuestionado si las demandas tienen un trasfondo político en contra de los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte y Roberto Borge Angulo, respectivamente, quienes han sido acusado por la oposición por impulsar las leyes impugnadas para “blindarse” de demandas en su contra por actos de corrupción una vez que dejen el cargo, Sandoval Silva se limitó a señalar que no podía comentar nada sobre denuncias en curso y aseguró que en todas las demandas que se presenten en contra de cualquier gobernador, la PGR agotará todas y cada una de las líneas de investigación.
En tanto que el vocero presidencial aseguró que para el gobierno de Enrique Peña Nieto “ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley”, por ser ésta una demanda de la sociedad, “ni más ni menos”.
Eduardo Sánchez agregó que el gobierno federal está comprometido con la legalidad y que actuará para preservar el Estado de Derecho en la Unión.
El subprocurador de la PGR advirtió que, de subsistir los decretos impugnados, los actos emanados de ellos adolecerían de vicios de inconstitucionalidad, pues serían emitidos con base en normas jurídicas que carecen de sustento constitucional, tales como:
Los nombramientos de los Contralores Generales de los Estados, de Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, así como de los magistrados en materia anticorrupción, en dichas entidades federativas; la creación de Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz; la designación que realice el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de los Fiscales, peritos, policías y demás personal que se requiera para cumplir con esas atribuciones, así como la creación ex profeso de la Sala Superior especializada en materia anticorrupción que dependerá del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para dar cumplimiento a la legislación en materia anticorrupción.
Además de que afectará la legalidad de las resoluciones que condenen al pago de las indemnizaciones y sanciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten la hacienda pública estatal; las sanciones a las personas físicas que actúen a nombre o representación de una persona moral y en beneficio de ella, así como la suspensión de las actividades, disolución o intervención de la persona moral, cuando se trate de faltas administrativas graves; entre otras.
