José Repetto
El Congreso del Estado de Yucatán aprobó hoy martes 7 de junio la Ley de Voluntad Anticipada, que surge de la convergencia de las iniciativas presentadas por los diputados Josué Camargo, del PAN, y David Barrera, del PRD.
Esta nueva ley, la cual sería publicada en los próximos días en el Diario Oficial, sin duda representa un importante avance en materia de los derechos del paciente, pues reconoce derechos que en países del primer mundo existen desde hace décadas, pero se ve muy limitada debido a la injerencia de agrupaciones como Médicos Católicos de Yucatán y la Red Pro Yucatán, conocidas por ser socialmente conservadoras, así como un Congreso que permite que se vulnere el estado laico con la intromisión de estos grupos, los cuales imponen de nueva cuenta sus dogmas de fe en toda la sociedad.
Éstas y otras agrupaciones religiosas que se presentan como "sociedad civil organizada" operan con el objetivo de impedir cualquier cambio que contravenga los principios de la doctrina Católica.
En este caso, los legisladores hicieron énfasis en que la iniciativa presentada no legaliza la eutanasia ni el suicidio, oponiéndose a ésta por motivos de carácter moral y religioso.
Hubieran hecho bien los legisladores en escuchar el testimonio de enfermos terminales o personas que carguen consigo una enfermedad incurable, y no el de gente que literalmente no hace nada más con su tiempo que intentar regir sobre la vida de los demás.
Aunque la denominada ortotanasia permite al paciente ejercer su derecho a rechazar con anticipación medidas heroicas en fase terminal y dejar su voluntad por escrito, ésta no contempla la situación que afrontan quienes pasan semanas o meses muriendo en agonía por una enfermedad terminal, pues no les brinda una salida a su sufrimiento.
El acceso a opiáceos utilizados para aliviar dolores extremos como la morfina en México es virtualmente inexistente por la guerra contra las drogas. Cualquier médico podrá confirmar que hay dolores que las medicinas disponibles en México simplemente no alivian. Al no ser legal la eutanasia, debido en gran medida al bloqueo impuesto por las organizaciones religiosas en ésta y otras ocasiones, esto deja a los pacientes terminales con las alternativas de sufrir hasta el último día de su vida o bien optar, si aún gozan de la movilidad necesaria para ello, por cometer suicidio para acabar con su sufrimiento ya que el Estado, movido por argumentos de carácter netamente religioso y presionado por grupos radicales, se enterca en impedirles optar por una muerte digna y sin sufrimiento, en sus términos, con la asistencia de un médico.
El Estado, al fin y al cabo, no puede prohibir el suicidio porque una vez consumado no puede castigarlo. ¿Por qué entonces no permitir que la persona que enfrenta meses de dolor, postrada en cama, conectada a tubos y sondas, tenga una salida digna? ¿Por qué torturarla al obligarla atravesar ese trance?
En la práctica ni siquiera se respetan, muchas veces, los derechos más fundamentales del paciente, tales como al consentimiento informado y a un trato digno, por lo cual aun esta iniciativa a medias sigue siendo un ideal muy distante de la realidad.
"Existe una línea muy delgada pero que hace una gran diferencia entre provocar la muerte o detener la vida y la de procurar una muerte digna, pero que ésta llegue de manera natural", dijo Josué Camargo durante su intervención en tribuna.
