CIUDAD DE MÉXICO, 6 de junio.- Tres de los virtuales ganadores de las elecciones estatales del domingo afirman que una vez que lleguen al poder, llevarán a la cárcel a sus antecesores priistas, señalados desde hace años por desvió de fondos del erario, enriquecimiento ilícito, represión hacia las voces críticas y por formar parte del llamado “pacto de impunidad” que impide emprender acciones legales en contra de mandatarios salientes.
El candidato que aventaja en el conteo en Chihuahua, el panista, Javier Corral Jurado, aseguró que Chihuahua “será el estado que realmente toque el fondo del sistema de intereses y de complicidades que llevó al enriquecimiento del Gobernador [César Duarte Jáquez], para que pueda librarse una orden de aprehensión e inicie el proceso de recuperación de los bienes”, que Duarte habría adquirido con dinero público.
“Es irreversible nuestro compromiso, en eso vamos a documentar una de las acciones más importante que demanda el cambio político en el país que es romper el pacto político de impunidad”, expresó.
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| En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, el panista aseguró que a pesar de los intentos por “robar” la elección, la victoria fue contundente y ésta, dijo, pertenece a los habitantes de Chihuahua. (Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo) |
En casi seis años, el priista César Duarte aumentó 233 por ciento la deuda de Chihuahua, por motivos que aún no quedan claros para legisladores y ciudadanos. Pasó de 12 mil 547 millones de pesos a 41 mil 926 millones [hasta marzo de 2015]. Este endeudamiento, dijo Corral, “es inexplicable y escandaloso”.
Desde hace dos años existe ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia interpuesta por el activista Jaime García Chávez por el caso del banco Progresa Chihuahua. La misma dneuncia se interpuso ante autoridades estatales, pero fue desechada, ante lo cual Corral Jurado afirma que se buscarán nuevos elementos para interponer una nueva querella.
Duarte y su esposa constituyeron un fideicomiso (contrato 744743) en noviembre de 2012, en Banorte, por 65 millones de pesos. En él instruye a Banorte que adquiera acciones en una institución financiera, Banco Progreso Chihuahua, que apenas se va a crear.
Ante la ola de acusaciones que ese acto desató, declaró que ese fideicomiso era un listado de las asociaciones crediticias que respaldarían algún riesgo que Banco Unión Progreso pudiera tener en el futuro, al estar de por medio más de 100 mil ahorradores y más de 3 mil accionistas. Fue un fideicomiso previo a la creación del banco, que hasta ese momento sólo existía en papeles.
Sin embargo, en marzo de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó la creación del banco, donde el secretario de Hacienda del estado, Jaime Ramón Herrera Corral, es fundador y el Gobernador sería uno de los principales socios vía el contrato de fideicomiso por 65 millones de pesos para que la fiduciaria, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, siguiendo sus instrucciones, realizara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V. Entre el 7 de julio de 2012 y el 14 de octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua realizó 342 depósitos de sus propios fondos a la Unión de Crédito Progreso (siendo Herrera su Director y representante legal y funcionario).
Así fueron 80 mil millones de pesos de Chihuahua para Unión de Crédito Progreso.
La socia mayoritaria de ese banco es Alma Dalila Martínez Corrujedo, quien es esposa del empresario Olegario Guzmán Ortiz, quien fuera secuestrado en 2011, cuando se había convertido en uno de los empresarios más reconocidos de la entidad por sus negocios de madera.
“Habría que decir que en medio de este triunfo está la exigencia de justicia. Hace 2 años empezó un movimiento muy fuerte para llevar el asunto ante las autoridades”, dijo Corral a SinEmbargo.
Afirmó que las acciones que emprenderá su Gobierno no solamente serán contra Duarte Jáquez sino también en contra de integrantes de su equipo de trabajo, como el secretario de Finanzas.
Los otros dos casos son el de Quintana Roo, donde Carlos Joaquín González dijo al diario Reforma que auditará el manejo financiero y la deuda que dejará el actual mandatario estatal priista, Roberto Borge Angulo.
Asimismo en Veracruz, donde al candidato del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares dijo en entrevista con Adela Micha que Javier Duarte de Ochoa deberá responder por el desvío de casi 50 mil millones de pesos del erario, lo cual dijo, ha sumido a la entidad en una crisis. “(Javier) Duarte tendrá que responder frente a los jueces, de eso no hay duda”, aseguró.(Juliana Fregoso / SinEmbargo/Excélsior)
