Carlos Loret de Mola Álvarez / Historias de reportero
Ayer en estas Historias de Reportero le conté cómo se fueron gestando las primeras negociaciones del paquete de leyes anticorrupción, hasta el momento en que el PRI con sus aliados del Verde mostraban todas las resistencias posibles, y eso lo supieron exhibir PAN-PRD y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la discusión, para hacerles pagar un costo político que empezó a reflejarse en sus encuestas de la elección de junio.
Ante ello, el PRI dio el bandazo y su postura cambió dramáticamente. Querían desarmar el discurso de sus opositores. No se acercaron al PAN ni al PRD, sino a las organizaciones de la sociedad civil. Y les ofrecieron una aritmética simple: si quieren que se aprueben esta semana 5 de las 7 leyes, las apoyamos con nuestros votos; si quieren las 7 de un jalón, nos vemos después de las elecciones y es “juego nuevo” en la negociación que ya está tan avanzada.
En esta oferta, PRI y Verde estaban también acompañados por una veintena de senadores panistas. Así que el bloque original PAN-PRD-ONG dejó de serlo. El PAN se dividió entre los más cercanos al dirigente Anaya y los agrupados en torno al presidente del Senado, Roberto Gil. A Anaya le conviene que el PRI quede como el malo de la película de la corrupción, porque de eso tratan sus exitosos spots que lo han puesto en la carrera presidencial. A Gil no le conviene un Anaya tan fuerte, así que los suyos se acercaron más al PRI. Y las ONG también. Vieron que el PRI tenía los votos y tenía la voluntad, pero había puntos aún dónde negociar:
Las organizaciones evaluaron que estaban muy bien armadas 4 de las 5 leyes que ofrecía el PRI (Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).
Pero...
La quinta, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, era una versión descafeinada de la 3de3 que restringía la información accesible al público de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
Para la sociedad civil, si bien la redacción de todo el paquete garantizaba que a largo plazo ni hubiera necesidad de hacer públicas estas declaraciones (porque habría órganos independientes y ciudadanos encargados de cruzar los datos para verificar su veracidad) surgía un tema de imagen: explicar a los más de 600 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa 3de3 que era aceptable una propuesta del PRI que mantendría muchos datos ocultos.
El dilema dividió a las ONG. Unas prefirieron amarrar un avance sustancial aunque incompleto y otras quisieron ir por todo el paquete (la 3de3 con todos los documentos públicos, y las dos leyes que no estaban entre las 5: las reformas al Código Penal y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República).
Cuando parecía que el bloque PRI-PVEM y parte del PAN, con el apoyo de algunas organizaciones, iría hacia adelante con 5 de las 7, difundieron lo que aprobarían: cuatro leyes completas pero poco conocidas y una 3de3, la más popular de todas, la que es referencia, incompleta.
Ahí entró un nuevo factor: en los medios de comunicación y en las redes sociales hubo un rechazo automático. Las ONG escucharon a su propio “electorado” y se alinearon en contra de la propuesta que tenía la mayor posibilidad de ser aprobada. Y se fracturó la negociación.
La Ley 3de3, que empezó uniendo a todos, terminó separándolos. Y nada se aprobó.
Al final, PAN y PRD echaron la culpa al PRI de proteger a los corruptos. El PRI reviró recordándoles que ellos, juntos, tendrían los votos para aprobar las leyes anticorrupción si quisieran. Y las ONG les recordaron a Emilio Gamboa y Raúl Cervantes del PRI, Pablo Escudero del Verde, Roberto Gil y Ernesto Cordero del PAN, Miguel Barbosa y Armando Ríos Piter del PRD... que ninguno ha presentado su 3de3.
