Carlos Loret de Mola Álvarez / Historias de reportero
El Presidente convocó al Palacio Nacional a los reporteros que habitualmente cubren sus actividades. Cuando llegaron, los colegas descubrieron que se habían dispuesto todos los arreglos para un anuncio muy formal, de ceremonia, de Estado.
Tan pronto estuvieron listas las cámaras de foto y video, y la señal oficial era retomada por las televisoras, radios y portales de internet, el Presidente apareció en el templete seguido de todo su gabinete:
“Esta mañana, debo informarles, el gabinete del Gobierno de la República y un servidor hemos hecho públicas nuestras declaraciones patrimoniales, de ingresos y de intereses a través del portal 3de3. A la vez, he instruido a todos los servidores públicos de nivel director de área o superior a hacer lo mismo en un plazo no mayor a 30 días naturales. De esta manera, este gobierno responde a la exigencia de la sociedad en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción”, sorprendió el primer mandatario al arrancar el discurso.
No pausó por un sorbo al vaso de agua que estaba en el atril con el escudo nacional. Siguió con más énfasis: “sé que este ha sido un tema que ha lastimado a la ciudadanía que reclama honestidad de sus gobernantes. Nosotros debemos ser más cuidadosos de nuestras cercanías y nuestros comportamientos. Y esto va desde el Presidente de la República hasta cualquier funcionario con poder de decisión”.
“Por eso, he convocado a los coordinadores parlamentarios de mi partido en el Congreso para que impulsen decididamente una nueva ley anticorrupción que adopte para México los más altos estándares internacionales de limpieza institucional, que obligue a todo funcionario y candidato a cargo de elección popular a publicar su 3de3 e incluya un órgano de vigilancia independiente y autónomo que sustituya a la Secretaría de la Función Pública, dotado de capacidad para investigar y procesar a quien falte a la norma”.
Ahora sí una pausa. El Presidente deja el tono recio, gira levemente la cabeza y estrecha los ojos como quien busca enfocar más profundamente. Habla con seriedad, con serenidad también:
“Sé que en lo personal debo a las mexicanas y mexicanos una disculpa. Fui descuidado en el manejo de mi patrimonio y el de mi familia. He entendido el mensaje de indignación, por eso anuncio estas medidas y me someto a ellas; pero no permitiré que nadie se aproveche de este clamor para minar la democracia ni para detener el paso de las reformas que hemos aprobado, que, no tengan ustedes duda, ponen a México en la ruta de la modernidad y cuyos beneficios ya perciben los bolsillos de las familias de México. El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que hoy apoyo e impulso garantiza su exitosa y transparente implementación. Muchas gracias por su atención y muy buenos días”.
Nada de esto sucedió. Hace meses que pienso que esto debió haber sucedido, y pienso que todavía debe suceder. Y que algo así despertaría al gobierno federal de la especie de “estado de bache” en el que se asienta desde hace año y medio. Pero no.
En cambio, el partido en el poder y sus aliados en el Congreso se alistan para desinflar la ley anticorrupción, desoyen la exigencia ciudadana y no aprenden del destino que han tenido los regímenes del mundo —de izquierda o derecha— que son acusados de corruptos.
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