viernes, 8 de abril de 2016

abril 08, 2016
MÉRIDA, Yucatán, 8 de abril.- El diputado Daniel Granja Peniche, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, destacó este día en tribuna la necesidad de aumentar los niveles de certidumbre jurídica en Yucatán.

Daniel Granja Peniche, diputado del PRI (foto: José Repetto)

En el marco de la discusión de la iniciativa para expedir la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, misma que fue aprobada por unanimidad, el legislador describió la propuesta como "una ley que fomenta la cultura de la denuncia".

La iniciativa fue presentada por el gobernador Rolando Zapata Bello como parte de las propuestas que conforman el Programa Escudo Yucatán, que tiene por objetivo fortalecer la prevención y actuación sobre cualqueir delito cometido en la entidad, el legislador del Distrito I indicó que, ante las transformaciones que está viviendo el Estado en diversos sectores, también se va modificando la dinámica social, lo cual hace necesario establecer nuevos mecanismos que sean idóneos para otorgar certeza jurídica a todos los ciudadanos.

Para lograrlo, explicó, se han implementado estrategias consistentes en impulsar, de manera decidida, la actualización constante de nuestro marco jurídico.

Precisamente con el análisis de las iniciativas turnadas por el Ejecutivo y las fracciones representadas en el Congreso, señaló el diputado, se han presentado varias propuestas para actualizar y modernizar el marco normativo y legal en materia de seguridad pública.

"Sin duda estamos trabajando para que la sociedad yucateca cuente con leyes que favorezcan el dinamismo de las actividades de los ciudadanos y garanticen la seguridad y justicia de nuestro Estado", aseguró.

Sobre los antecedentes de la legislación en materia de protección de testigos, Granja recordó que en 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en un Procedimiento Penal.

En enero del mismo año, el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán publicó la Ley de Protección de Testigos y Terceros Involucrados en el Proceso Penal.

La nueva ley, dijo Granja, contempla en un solo concepto a todas aquellas personas que pueden verse en una situación de riesgo para su vida o integridad física o psicológica por haber participado en la investigación o proceso penal o bien tengan una relación parental o afectiva con un interviniente o compartan con éste la misma situación de riesgo, independientemente del papel que jugaran en el proceso.

El diputado local agregó que la iniciativa contiene los principios de proporcionalidad, necesidad, celeridad, confidencialidad, provisionalidad y gratuidad, que son la base para el otorgamiento y aplicación de las medidas de protección.

Entre otros puntos el legislador destacó que, con la reforma al Código Penal hoy discutida y aprobada como parte de la iniciativa, se tipifica como delito el revelar información sobre el otorgamiento de las medidas de protección a las que refiere la inciativa.

"Continuemos el arduo trabajo que tenemos por delante con el resto de las iniciativas que impulsarán una exitosa seguridad para todos los que nos beneficiaremos, que somos los yucatecos", remarcó.

Granja se expresó complacido porque tanto él como el panista Moisés Rodríguez Briceño hablaran a favor de la referida iniciativa. (José Repetto)