CIUDAD DE México, 19 de abril.- La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo cinco órdenes de aprehensión en contra de tres elementos de la Policía Federal y dos del Ejército Mexicano por su probables participación en la tortura contra una joven de 22 años detenida por portación de armas en Ajuchitlán del Progreso.
En un comunicado, la dependencia confirmó esta noche que, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), obtuvo del Juez Quinto de Distrito en el estado de Guerrero, con residencia en Iguala, cinco órdenes de Aprehensión en contra de los miembros de las Fuerzas federales “por su probable responsabilidad en el delito de Tortura cometido en agravio de una mujer detenida en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, ocurrido el 4 de febrero de 2015”.
La Procuraduría detalla que las ordenes librados en contra de dos agentes del sexo masculino de la Policía Federal fueron cumplimentadas hoy y que ambos serán ingresados al Centro de Reinserción Social de Iguala. En cuanto a la agente de la policía federa aún está por cumplimentarse la orden, la dependencia no detalló por qué no ha sido aprehendida.
“Respecto a la orden de Captura girada contra los dos miembros del Ejército Mexicano, esta será ejecutada en reclusión, ya que actualmente se encuentran privados de su libertad en una prisión militar”, indica el comunicado.
La PGR informó también que el pasado 5 de enero de 2016 su representación social recibió la averiguación previa que por “actos contrarios a la disciplina militar” inició la Procuraduría General de Justicia Militar.
“El día 7 de enero de 2016, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la SEIDF, inició la averiguación previa para investigar la probable responsabilidad de quienes presumiblemente habrían participado en los hechos que se observan en el video difundido en redes sociales”, agregó.
Finalmente, la PGR dijo que luego de que se realizaron las diligencias de Ley y se acreditaron los elementos del cuerpo del delito, descritos y previstos en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, “el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal en contra de cinco servidores públicos y consignó el expediente ante la autoridad jurisdiccional, quien obsequió las órdenes de Aprehensión hoy cumplimentadas”.
El pasado viernes un video que fue difundido por la prensa nacional e internacional evidenció a una integrante de la Policía Militar y a un agente de la Policía Federal, interrogar a una mujer con una bolsa en la cabeza.
La mujer que aparece en la grabación fue identificada como Elvira Santibáñez, de aproximadamente 22 años de edad es originaria de Ajuchitlán, Guerrero, quien fue detenida por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Delito por el cual está sujeta a proceso.
Santibáñez se encuentra presa en el penal federal de Nayarit desde hace un año y dos meses.
En el video, Santibáñez, en medio del llanto, pide clemencia a los uniformados mientras que ellos le retiran la bolsa sólo para cuestionarla sobre otra persona e incluso la amenazan con sus armas, al parecer de cargo.
En las imágenes se distingue, además de los dos elementos que llevan a cabo los actos de tortura, a otro integrante de la Policía Militar que presencia todo lo ocurrido sin intervenir. La persona que grabó el video pertenece a una de estas corporaciones de seguridad.
En el tramo final del video se aprecia cuando el Policía Federal se aproxima a la joven para colocarle otra bolsa en la cabeza y asfixiarla por unos segundos, acto que deja a la mujer tendida sobre el suelo, mientras que la mujer militar le pregunta: “¿Ya te acordaste, o quieres más?”
Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), han hecho públicas sus disculpas por este caso de tortura. El sábado, el General Salvador Cienfuegos Zepeda dijo: “En nombre de todos los que integran esta gran institución nacional ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agravada por este inadmisible evento”.
Por su parte, ayer Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, ofreció también una disculpa y dijo que el Gobierno sería “implacable en la sanción de conductas que vulneren los Derechos Humanos”.
Sin embargo, hoy, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Ángel Bravo Contreras, y el relator especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, Juan Ernesto Méndez, coincidieron en que las disculpas no eran suficientes.
El Ombudsman nacional dijo que no es suficiente la disculpa ofrecida por el General Cienfuegos, pues dijo que “tiene que ir acompañado del fincamiento de responsabilidades, no solamente en el ámbito militar, sino en el fuero civil. La PGR tiene que integrar la averiguación”.
Por su parte Juan Méndez, dijo en el Senado: “El hecho de que el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, haya reconocido públicamente que elementos militares torturaron a una persona y que también la Policía Federal haya reconocido esa práctica, es un cambio de actitud del gobierno en materia de tortura, pero aún es insuficiente”. (sinembargo.mx)
