MÉRIDA, Yucatán, 8 de abril.- El Congreso del Estado aprobó este día por unanimidad la iniciativa para expedir la Ley para la Protección de las Personas que Intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán y modificar el Código Penal de la entidad.
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| Marena López, Marco Vela y Rafael Montalvo durante la sesión (foto: José Repetto) |
La iniciativa, suscrita por el gobernador Rolando Zapata Bello y el secretario general de gobierno Roberto Rodríguez Asaf, es la primera del Programa Escudo Yucatán, que contempla una amplia reforma al marco jurídico estatal, en ser aprobada.
La ley tiene por objetivo garantizar la protección de las personas que intervienen en el proceso penal cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro a través de la regulación de las medidas de protección, el procedimiento para determinarlas y las autoridades competentes.
Ésta protege a aquellas personas que puedan verse en una situación de riesgo para su vida, integridad física o psicológica por haber participado en la investigación o el proceso penal o, sin haber sido parte, tengan una relación parental o afectiva con un interviniente y compartan la misma situación de riesgo, independientemente de si en su participación fue víctima, ofendido, testigo, perito, policía, defensor, fiscal, juez o colaborador.
La aplicación de esta ley corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE), que tendrá entre sus facultades recibir las solicitudes de protección, otorgar y dar seguimiento a las mismas, al igual que realizar las gestiones administrativas necesarias para garantizar su eficacia.
Las entidades de la administración estatal y municipal, al igual que las instituciones privadas con las que se firme convenio, están obligadas a colaborar en la correcta aplicación de las medidas y mantener en estricta confidencialidad toda información a la que tengan acceso.
Toda la información y documentación relacionada con las personas protegidas será considerada como reservada, conservando tal carácter en tanto subsista el riesgo por el que se dio la protección.
Entre las medidas de protección se incluyen las siguientes:
- Asistencia psicológica, médica, sanitaria y jurídica.
- Alojamiento temporal en albergues, refugios y centros de protección.
- Apoyo económico para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, trámites, sistema de seguridad, acondicionamiento de vivienda, servicios de educación, reinserción laboral y demás gastos mientras la persona protegida esté imposibilidada para tener los propios medios.
- Custodia personal del domicilio.
- Traslado con custodia de las personas protegidas donde se deba practicar alguna diligencia.
- Instalación de dispositivos de seguridad en su domicilio.
- Cambio de teléfono y entrega de celulares.
- Intervención quirúrgica para modificar rasgos físicos.
- Cambio de domilicio ya sea en territorio estatal, nacional o fuera del país.
- Revisión periódica de su situación de riesgo.
- Separación del resto de los reclusos o traslado a otros centros penitenciarios, en caso de personas privadas de su libertad.
- Desalojo del imputado o sentenciado del domicilio de la persona protegida.
- Prohibición a las personas que generan un riesgo de acercarse a cualquier lugar donde se encuentre la persona protegida, comunicarse o realizar cualquier conducta de intimidación.
- Cambio de identidad con la documentación que lo acredita.
- El uso de métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva para permitir su participación remota en las diligencias en que intervenga.
- La confidencialidad de su domicilio.
- Las demás que sean necesarias para garantizar su vida, seguridad física, psicológica y laboral.
Las medidas podrán otorgarse por la FGE de oficio o bien a petición de parte desde que comience la investigación inicial y hasta después de concluir el proceso penal siempre que la situación de riesgo persista.
El Ministerio Público deberá informar a aquellos susceptibles de protección sobre la posibilidad de acceder a estas medidas.
La lectura de la iniciativa estuvo a cargo de la diputada María Marena López García.
La propuesta contó con el voto a favor de los 25 diputados que conforman el Congreso, pertenecientes al PRI, PAN, PRD, PVEM, PANAL y Morena. (José Repetto)
