Carlos Loret de Mola Álvarez / Historias de reportero
Todos los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos e incluso el del gobierno de Estados Unidos —aliado cercano— coinciden en algo que los ciudadanos de México saben, pero que el gobierno insiste en negar: Hay una crisis de derechos humanos e impunidad en todo el país.
Cada vez que se comete un delito en México, desde un robo hasta una violación, sea una desaparición o un homicidio, la probabilidad de que quede sin castigo es mayor a 95%. La posibilidad de que al denunciarlo la víctima o sus familiares sean revictimizados por las instituciones públicas encargadas de investigar y hacer justicia es igual de elevada. Y cuando las autoridades deciden aprehender a alguien por ello, lo más seguro es que se pasen de la raya para obtener sus confesiones. Bonito retrato.
Es verdad que en algunos círculos de las organizaciones pro-derechos humanos hay una actitud militante y que en algunas ocasiones hay reportes que carecen de rigor y buscan más sacar raja política que hacer justicia, pero el gobierno de México no puede escudarse en esos casos y negar que los abusos son cotidianos. Ya están hasta en Youtube:
El último que se convirtió en un escándalo fue el de la tortura por parte de militares y policías federales contra una mujer. Ocurrió hace más de un año, pero tuvo consecuencias políticas sólo cuando el video que lo documentó se hizo público.
Propició una disculpa inédita del secretario de la Defensa, de la Comisión Nacional de Seguridad, de la Policía Federal y de la Secretaría de Gobernación. Se promete justicia y se afirma que los responsables están siendo procesados. Es la reacción a un caso inocultable.
Mientras tanto, pasan los años y no hay un banco genético en el país para la identificación de más de veinte mil personas desaparecidas; el Mando Único sigue siendo un discurso (que además no acaba de convencer como solución); el aterrizaje del nuevo sistema de justicia es exasperantemente lento y exhibe ineficacia estructural; y por si fuera poco, continúan las resistencias para combatir un mal que está presente de principio a fin en la cadena de esta crisis: la corrupción.
Negar la realidad sólo retrasa la salida.
SACIAMORBOS. La semana pasada en estas Historias de Reportero usted se enteró del pleito entre el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y su compañero priísta, pero rival político local, el gobernador de Campeche, Alejandro Alito Moreno. Parece que el episodio que hizo reventar la disputa —que culminó con que Sales prácticamente ya no visita Campeche, y cuando va no realiza actos públicos— fue que el comisionado asesoró al munícipe panista de Ciudad del Carmen a combatir la delincuencia. El paquete incluyó un polémico nombramiento. El gobernador, tan joven de edad, tan viejo de prácticas, se va deshaciendo de sus críticos pasito a pasito. Hasta sus aliados consideran que está en
plenitud del abuso del poder.
