jueves, 25 de febrero de 2016

febrero 25, 2016
MÉRIDA, Yucatán, 25 de febrero.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) reportó en su Informe anual de Actividades un total de 380 servidores públicos estatales y/o municipales sancionados por violaciones a derechos humanos a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas, dependiendo de la gravedad de los hechos.


El Ombudsman, José Enrique Goff Ailloud, informó que las sanciones a los funcionarios mencionados que violaron derechos humanos son el resultado de diversos procedimientos de queja a través de la figura de la conciliación o con motivo de una recomendación emitida.

Remarcó que la prioridad de la Comisión es buscar la restitución del goce del derecho vulnerado así como la sanción del servidor público que resulte responsable.

Ante el pleno del Congreso del Estado, el Presidente de la CODHEY, señaló que durante el periodo del primero de enero al 31 diciembre de 2015, se recibieron en las oficinas de Mérida, las Delegaciones den Valladolid y Tekax, así como en las oficinas de enlace, un total de 4 mil 318 solicitudes de atención, es decir, un promedio de casi 12 asuntos por día.

Se registraron 334 quejas de las cuales 330, es decir el 98.8 por ciento, fueron calificadas como presuntas violaciones a derechos humanos. Por la trascendencia de los hechos, se iniciaron 9 expedientes de oficio.

Los hechos violatorios más recurrentes durante el periodo que se informa fueron: prestación indebida del servicio público, 205; detención arbitraria, 201; lesiones, 152; violación a los derechos de los niños, 62; retención ilegal, 58; amenazas, 50; allanamiento de morada, 48; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 41; robo, 38; violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad, 36; negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación, 31; violaciones al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, 22; ejercicio indebido de la función pública, 13; violación al derecho a la igualdad y trato digno, 12.

Las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública con 136; la Fiscalía General Justicia del Estado, 47; Secretaría de Educación, 36; Ayuntamiento de Progreso, 14; Ayuntamiento de Mérida, 11; Servicios de Salud de Yucatán, 10; Ayuntamiento de Kanasín, 8; Ayuntamiento de Tizimín, 7; Ayuntamiento de Temozón, 6; Centro de Reinserción Social del Estado, 6; Ayuntamiento de Tekax, 5; Ayuntamiento de Ticul, 5; Ayuntamiento de Valladolid, 5; Policía Municipal de Mérida, 5; y Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 5.

Goff Ailloud informó que se conciliaron 185 expedientes de quejas y gestiones con un total de 44 autoridades, siempre buscando la restitución del goce inmediato del derecho vulnerado, y dependiendo de la gravedad del asunto, la sanción para el servidor público responsable.

Las instituciones que tuvieron las cifras más altas de conciliaciones son: Secretaría de Seguridad Pública, con 64; y Fiscalía General del Estado con 38; Secretaría de Educación, 18; Ayuntamiento de Progreso, 11; y Ayuntamiento de Mérida, 10; entre otros.

El Presidente de la CODHEY detalló que dentro de los procedimientos de quejas, se dictaron en el periodo que se informa 58 medidas cautelares a un total de 14 autoridades, de las cuales 36 fueron aceptadas.

Insistió en que las medidas cautelares son el recurso previsto en ley para restaurar a las personas la inmediata restitución de sus derechos y exhortó a tosas las autoridades a las que se dirijan, cumplirlas en todos sus términos.

Se interpuso ante el Ministerio Público un total de 10 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que además de ser presuntas violaciones a derechos, a criterio de la propia institución, se pudieran desprender hechos presuntamente delictivos.

Se llevaron a cabo 287 diligencias con relación al incidente extraordinario de presentación de persona, respecto de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente ante autoridades.

Ante la Fiscalía General de Justicia del Estado se realizaron, 125; SSP, 109; Procuraduría General de la República, 47; Instituto Nacional de Migración en el Estado, 2; Policía de Mérida, 2; Centro de Reinserción Social, 1; Centro Especializado en la aplicación de Medida para Adolescentes del Estado, 1.

Durante el periodo que se informa, se realizaron un total de 9 mil 457 diligencias con los quejosos y las autoridades señaladas como presuntas responsables a efecto de notificar oficios, ratificar quejas o para realizar la investigación de los hechos señalados como presuntamente violatorios de Derechos Humanos.

Asimismo, se emitieron 26 recomendaciones a 22 autoridades, donde se incluye, una Recomendación General por violencia obstétrica, dirigida a la Secretaría de Salud de Yucatán.

Centro de supervisión permanente

El Centro de supervisión permanente a organismos públicos de la CODHEY, realizó 254 visitas a diversos centros de internamiento públicos y privados, centros de salud y cárceles públicas.

Como cada año, con base en el Convenio de colaboración suscrito con la CNDH se realizó la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en los 4 centros de reinserción social del estado, mismo que arrojó los siguientes resultados: Centro de Reinserción Social Femenil 6.96, Centro de Reinserción Social de Mérida 5.89, Centro de Tekax 5.31 y Centro de Ebtún 5.83, de un máximo de 10 de calificación.

Una de los temas señalados reiteradamente por la CODHEY es el hacinamiento, mismo que al día de hoy ha sido superado, pero resulta indispensable seguir trabajando en la correcta separación de los internos, desarrollar manuales de operación y protocolos que guíen y normen la actuación de las autoridades penitenciarias en caso de registrase incidentes violentos en el interior de los centros, así como la implementación de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios que garanticen la legalidad de las medidas disciplinarias que se apliquen a los internos.

Se supervisaron 106 centros de salud ubicados en los diversos municipios del estado en donde, en comparación con años anteriores, se constataron avances importantes en algunos centros, tales como los ubicados en Xualtez comisaría de Espita, Celestún, Teabo, Kanasín, Tekax y el de la colonia Santa Rosa, en Mérida.

Por otro lado, los centros de salud que presentaron mayores deficiencias en cuanto a personal, infraestructura o equipamiento médico fueron los ubicados en Sanahcat, Samahil, Tinum, Calcehtok comisaría de Opichén y San Ignacio, comisaría de Progreso.

En materia de capacitación se realizaron diversos cursos y talleres en 16 ejes temáticos, alcanzando a 37 mil 841 personas.

Se trabajó de manera coordinada con la Universidad Marista así como la Universidad de Oriente para dar seguimiento e implementar la maestría en Derechos Humanos. Es preciso señalar que cinco funcionarios de la CODHEY ya cuentan con la misma y 26 están cursándola.

Ley contra la tortura

Adicionalmente, subrayó al Congreso del Estado la necesidad de contar con dos nuevas leyes: una, para prevenir y erradicar la tortura, y otra que garantice la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Al abundar sobre las dos propuestas planteadas a los diputados, destacó la necesidad de contar con un ordenamiento moderno que prevenga y sancione cualquier acto de tortura y demás tratos crueles inhumanos o degradantes, ya que ley actual es obsoleta e inoperante para hacer frente a la peor afrenta en contra de la dignidad de cualquier ser humano.

Al igual, pidió contar con una Ley que garantice el derecho a la reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos, para lo cual refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada para su elaboración a fin de garantizar su armonización y estandarización  con los más altos principios de protección de la vida y la integridad física y emocional de la personas.

Goff Ailloud se refirió al tema del feminicidio en Yucatán y urgió a la Fiscalía General del Estado la pronta implementación y puesta en marcha del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para analizar y clasificar con toda objetividad los delitos que encuadren en este tipo penal que agravia a las mujeres y a la sociedad en general.

Remarcó que dicho protocolo, el cual fue anunciado por el Ejecutivo del Estado, servirá para cumplir con los compromisos internacionales en la materia y garantizar a las mujeres de Yucatán un mejor acceso a la justicia, pero sobre todo, para evitar la impunidad. (Con información de la Codhey)