RIAD, 4 de diciembre.- Más de 50 personas están condenadas a muerte en Arabia Saudita. La noticia está dando la vuelta al mundo, mientras que la comunidad internacional está tomando medidas para poner fin a las ejecuciones. Arabia Saudita, según los datos publicados por Amnistía Internacional, es el país con el mayor número de ejecuciones en el mundo, después de China e Irán.
Entre 1985 y junio de 2015, han sido 2,208 personas las que murieron. Y en los últimos meses las ejecuciones parecen haber aumentado, con un incremento del 47 por ciento correspondiente a 102 personas.
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El rey Salman. (Reuters) |
"Es una nueva ola que constituye un hito sombrío sin precedentes de las autoridades saudíes." Las ejecuciones son realizadas por decapitación, excepto en algunos casos en los que se utiliza el pelotón de fusilamiento. Bajo ciertas circunstancias, las ejecuciones se llevan a cabo en público, con cabezas cortadas y cadáveres que se dejan expuestos. Recientemente, además, fueron contratados más verdugos para llevar a cabo nuevas ejecuciones.
Crímenes religiosos
El sistema jurídico del país se basa en la ley islámica, la Sharia, y sus jueces son religiosos ultraconservadores de la rama sunita wahabí. En su interpretación de la sharia, los crímenes incluyen la blasfemia y apostasía religiosa, el abandono de la fe islámica, que conlleva la pena de muerte como castigo. "Una respuesta tan violenta contra una forma legítima de opinión y de expresión tiene un efecto generalizado y aterrador en la sociedad saudí", dijo David Kaye, relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión. En enero, el rey Salman sucedió a su hermano Abdullah, considerado más liberal. A partir de marzo la monarquía lanzó una campaña militar contra los rebeldes en Yemen, matando a miles de civiles.
Entre las personas que arriesgan sus vidas, está el poeta y artista palestino Ashraf Fayadh, de 35 años, condenado por apostasía. El joven fue detenido por la policía religiosa de Arabia Saudita en 2013, y luego volvió a ser detenido en 2014 y condenado a cuatro años de prisión y 80 latigazos. Esa sentencia fue conmutada por la pena de muerte por un tribunal de apelaciones el mes pasado. En el caso de Fayadh también se movilizó la ONU. "Esta sería una ejecución arbitraria y por lo tanto ilegal, porque se basa en pruebas no confiables", dijeron los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.