PEKÍN, China, 15 de marzo.- La Asamblea Nacional Popular, el máximo órgano legislativo del autoritario régimen chino, ha terminado este domingo como empezó hace diez días: con el primer ministro Li Keqiang prometiendo reformas económicas y un futuro mejor y los «peticionarios» –como se conoce a los agraviados por los abusos de poder– detenidos por tirar panfletos con sus quejas en la plaza de Tiananmen.
Sin hacer ni una mención a una cierta apertura política, Li Keqiang insistió en su programa de cambios económicos para seguir avanzando hacia el libre mercado en China, donde las empresas estatales controlan sectores clave como la energía, las finanzas y las telecomunicaciones. «Durante el curso de la reforma, algunos intereses particulares se verán contrariados porque el Gobierno está reduciendo su propio poder, pero estos cambios nos están ayudando a afrontar la presión por la ralentización de la economía», aseguró el primer ministro durante su comparecencia ante la prensa tras la clausura de la Asamblea. En el hermético régimen chino, se trata de la única rueda de prensa del primer ministro en todo el año, en la que además las preguntas han sido previamente acordadas.
Al término de su reunión anual, los casi 3.000 diputados del Parlamento orgánico chino, la mayoría de los cuales pertenece al Partido Comunista, aprobaron el informe del Gobierno y los planes para este año, que prevén un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en torno al 7 por ciento, el más bajo desde 1990. «Hemos rebajado nuestra previsión de crecimiento, pero será fácil alcanzar este objetivo», anunció Li Keqiang, quien añadió que si dicha subida del PIB «se acerca al límite más bajo y afecta a la creación de empleo y a los ingresos de la gente, estamos preparados para poner en marcha medidas macroeconómicas que impulsen la confianza del mercado, ya que en los dos últimos años no hemos tenido que recurrir a los estímulos masivos y tenemos margen para ello».
