sábado, 26 de diciembre de 2015

diciembre 26, 2015
WASHINGTON, D.C., 26 de diciembre.- Según Jerry Markon y David Nakamura, de The Washington Post, las redadas y expulsiones en todo Estados Unidos empezarían en enero y las llevaría a cargo el ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement / Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos). No sólo no hay sitio para los refugiados sirios; tampoco para los de Centroamérica. El Gobierno de Barack Obama está debatiendo llevar a cabo redadas y expulsiones masivas de cientos de familias de esa región que se han asentado en el sur de Estados Unidos, donde han ignorado las órdenes de abandonar el país que han recibido de la Justicia. Se trata en su mayor parte de mujeres y niños que están residiendo con otros familiares que ya estaban viviendo -legalmente o no- en Estados Unidos.

La medida, desvelada por el diario 'The Washington Post', ha sido criticada por los candidatos demócratas a la Presidencia en 2016 Bernie Sanders y Martin O'Malley, y celebrada por Donald Trump, el republicano que encabeza las encuestas y que en junio pasado dijo que los inmigrantes irregulares en EEUU "están trayendo drogas, están trayendo delincuencia. Son violadores y algunos, supongo, son buena gente". Trump colgó el jueves un mensaje en Twitter declarando que "ya era hora" de llevar a cabo la deportación. Hillary Clinton ha dado la callada por respuesta.

El 9 de diciembre, un agente de la Border Patrol detiene a inmigrantes indocumentados, aparentemente menores de edad, cerca de la frontera con México, en La Grulla, Texas, (John Moore / Getty Images)

Por ahora, el Gobierno de Obama, paralizado en plenas vacaciones de Navidad -el presidente y su familia están en Hawái desde el sábado- no ha reaccionado. Y, de hecho, parece que existen fuertes divisiones dentro del equipo del presidente acerca de la conveniencia o no de llevar a cabo el plan. Sin embargo, los portavoces del Departamento de Seguridad Interior no han negado que se esté considerando dicho plan, aunque sí han matizado que todavía no se ha adoptado una decisión final. La Oficina de Aplicación de Normas de Aduanas e Inmigración, que sería la encargada de poner en práctica las redadas, ha declarado al diario 'The Wall Street Journal' que éstas se centrarían "en individuos que suponen una amenaza para la seguridad nacional, del orden público y de la frontera".

De llevarse a cabo, las expulsiones supondrían un paso más en la política de Washington de tratar la llegada de centroamericanos que huyen de la violencia en sus países como un problema inmigratorio y no humanitario. Es el último episodio de inmigración irregular que sufre EEUU, y uno diferente de los anteriores. Desde 2008, la combinación del desplome de la natalidad en México y otros países latinoamericanos, sumado al colapso de la economía de EEUU debido a la crisis de las hipotecas-basura, primero, y a la lenta reactivación económica, después, ha hecho que el saldo migratorio neto que recibe Estados Unidos se haya desplomado.

De hecho, el número de inmigrantes irregulares es menor en casi un millón de personas que en 2008, y lleva estabilizado desde 2009. En el caso de los mexicanos 'sin papeles', que tanto espantan a Trump por su presunta tendencia a robar, matar y violar, hay 140.000 menos que hace cinco años, aunque es probable que la cifra real sea menor porque muchas personas que entran en EEUU con visados de trabajo o turista se quedan en el país ilegalmente.

Aun así, hay una cosa clara: pese a la histeria anti-inmigración que ha creado el Partido Republicano y, muy especialmente, Donald Trump, EEUU no está recibiendo irregulares. Pero hay una excepción esa regla: personas de Centroamérica -en particular de Honduras, Guatemala y El Salvador- que huyen de la violencia y de la pobreza en sus países. Sólo en el verano de 2014, alrededor de 70.000 menores de edad de esos países llegaron en masa a Estados Unidos. Algunos de ellos eran niños de seis años, pero esa circunstancia no ablandó al entonces gobernador republicano de Texas y ex candidato republicano a la Casa Blanca, Rick Perry, a la hora de reclamar a Obama que pusiera a las Fuerzas Armadas a patrullar la frontera.

Esas personas han huido de sus países, que se han transformado en 'narcoestados', después de que las mafias mexicanas de la droga se trasladaran a ellos debido a la presión de las autoridades en su país. La práctica desaparición de cualquier forma de seguridad se ha combinado con una sequía que ha sido particularmente devastadora para unos países muy pobres en los que la agricultura sigue jugando un papel central en la economía y el empleo. La consecuencia ha sido el éxodo de cientos de miles de personas hacia EEUU, en un viaje de 5.000 kilómetros a través de un país, México, que renuncia a hacerse cargo de ellos y en el que están totalmente en manos de criminales, a menudo en la famosa 'Bestia', que es el nombre del tren mexicano que cruza el país de sur a norte.

Es contra ese tipo de inmigrantes -para muchos, refugiados- contra los que el Gobierno de Obama quiere actuar. Su objetivo es deportar a los que han recibido orden de abandonar el país pero la han ignorado. Se trata de personas que han sido arrestadas y llevadas ante la Justicia, que las ha puesto en libertad pero ha decretado que son residentes ilegales. Una vez que se alcanza ese veredicto, las autoridades envían a esas personas una notificación -llamada coloquialmente 'bag and baggage', o sea, 'bolsa y equipaje'- en la que se les informa de dónde deberán presentarse para ser enviadas de vuelta a sus países y cuánto equipaje están autorizados a llevar. En muchos casos, los 'sin papeles' ignoran ese documento y cambian de domicilio. A partir de ese momento son susceptibles de ser arrestados y enviados automáticamente fuera de EEUU. Ahora, ése es el camino que podrían tener que tomar cientos de personas. (Pablo Pardo / El Mundo)