Carlos Loret de Mola Álvarez / Historias de reportero
“La verdad no está dicha... una investigación no se termina hasta que se termina”. Así resume la postura actual de la PGR Felipe Muñoz, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ahora encargado del expediente de la desaparición de los 43.
El informe de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pegó en la línea de flotación a la llamada “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam.
La incineración es el punto central: para el grupo de la CIDH es científicamente imposible que los estudiantes hayan sido cremados en el basurero de Cocula como lo estableció la PGR.
Desde PGR hay distintas respuestas: la procuradora Arely Gómez anunció que se realizará un nuevo peritaje por un grupo colegiado de expertos del más alto nivel. El director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, en entrevista radiofónica con Leonardo Curzio, defendió la conclusión inicial sobre el basurero de Cocula y dijo que no pueden estar equivocados todos los peritos que participaron. Y el titular de la SEIDO, Felipe Muñoz, dejó todas las puertas abiertas.
Otro punto de discrepancia entre la CIDH y la PGR es el del llamado “quinto autobús”, que aparecía en la averiguación previa de la Procuraduría de Guerrero pero que en el expediente de PGR fue, según dijeron, desestimado. Piden investigarlo y, basados en el contexto, sugieren indagar si pudo haber llevado droga y si los ataques a los estudiantes buscaban impedir que el vehículo saliera de Iguala. No lo afirman ni tienen evidencia de que eso haya sucedido, sólo piden seguir esa línea.
Tampoco afirman que hayan participado policías federales o militares, pero piden ahondar en ello. Lo que sí dicen es que esa noche tanto la Policía Federal como “al menos un militar que patrullaba” se enteraron de que había un ataque a los normalistas y lo informaron por radio o por teléfono.
Coinciden con la PGR en la participación de las policías de los ayuntamientos de Iguala y Cocula, cooptadas por el crimen organizado, pero dicen no tener pruebas de que los estudiantes hayan sido entregados a narcotraficantes, sólo de que fueron trasladados por los uniformados hasta las afueras del municipio. A quién se los entregaron, no lo saben y piden indagarlo.
No desechan toda la investigación de la PGR, de hecho coinciden con muchas de sus partes. Pero el sólo punto de rechazar categóricamente la factibilidad de que hayan sido quemados en el basurero de Cocula deja todo lo demás en segundo plano.
Entonces ¿dónde los quemaron y quién?
Es un golpe político de gran impacto internacional para el gobierno de Peña Nieto. Veremos qué tanto sirve de amortiguador su reacción inicial de apertura y aceptación ante los señalamientos de los extranjeros.
Una conclusión creíble, verificable y que deje satisfechos a familiares, expertos, sociedad mexicana y observadores internacionales sería la única forma de sortear esta nueva crisis de confianza. Y eso parece muy poco probable.
SACIAMORBOS. Bifurcación Mancera: aceptar que en el DF operan cárteles o aceptar que la ciudad ya no es santuario para periodistas.
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