Después del encuentro del jueves entre el presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en los hechos violentos de Iguala el año pasado, la Presidencia de la República se mantiene al pendiente de la reacción que tendrá en las próximas horas tanto este colectivo guerrerense, como los grupos sociales que les han dado su apoyo, y que mañana encabezarán una marcha por la ciudad de México, nos informan.
El ambiente en Los Pinos es de tranquilidad tras la reunión en el Museo Tecnológico de la CFE, pero también de una intensa tarea en la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República a fin de dar seguimiento a las acciones y demandas de la comunidad de Ayotzinapa, nos dicen.
Desde ayer, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, dejó claro que el gobierno de la República será "muy respetuoso" de las expresiones de la sociedad civil "y desde luego de cualquiera que quiera llevar a cabo alguna expresión de su propio pensamiento", pero aclaró que el límite será el que las leyes señalan y en los términos que la Constitución establece.
Queda claro, nos indican, que habrá un seguimiento al desarrollo de la marcha, a un año de los terribles acontecimientos en Iguala.
Ninguna foto de los padres con Peña Nieto
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| Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia. |
Los Pinos dispuso un enérgico control de todo lo que sucedió en la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Uno de los acuerdos fue que no se difundieran imágenes ni el contenido del encuentro mientras se desarrollaba, para evitar desinformación y distorsiones —en el primer encuentro de octubre de 2014 hubo fuga de datos y hasta un video—, nos dicen. Otro punto para la organización fue la instrucción precisa de que el único que daría la posición del gobierno federal fuera el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez. Y algo más: la seguridad en
torno al Museo Tecnológico de la CFE, la zona aledaña, el Papalote, La Feria, una parte del Periférico y varios metros de la avenida Constituyentes estuvo bajo resguardo de los elementos del Estado Mayor Presidencial.
Muere Día contra Desaparición Forzada
Mucho antes de nacer, falleció el Día Nacional en contra de la Desaparición Forzada de Personas, que se celebraría por primera ocasión el 26 de septiembre —día de los hechos de Iguala contra los 43 normalistas de Ayotzinapa—. El proyecto fue aprobado por la vía rápida en la Cámara de Diputados con 463 votos. Sin embargo, encontró su tumba en el Senado, donde la izquierda lo miró como una vacilada. El tema se quedó sin promotores y nadie lo recordó en la semana que ha transcurrido desde su votación y envío a la Cámara de Senadores, donde el presidente de la Mesa Directiva, el panista Roberto Gil Zuarth, le dio
turno a las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, presididas por PRI, PRD y PAN. Los legisladores ignoraron olímpicamente la idea iniciada por los diputados César Camacho, del PRI; Marko Cortés, del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, nos comentan.
Diputados valientes al ISSSTE
Vaya que son valientes los diputados federales de Morena. Ayer los 35 legisladores de esa bancada renunciaron al Seguro de Gastos Médicos Mayores que les otorga la Cámara de Diputados y se dieron de alta como derechohabientes del ISSSTE. Un video difundido por EL UNIVERSAL da cuenta de una presunta negligencia en la atención al propio director del Instituto, Sebastián Lerdo de Tejada, quien perdió la vida a consecuencia de un infarto. Al preguntarles si confiaban en esta institución después de lo que le pasó a Lerdo de Tejada, la coordinadora de la bancada, Rocío Nahle, respondió que “sí” y que había que dotar de mayores recursos a las instituciones públicas de salud, pues algunas están rebasadas por
la demanda.
Gobernadores dormidos
Muchos gobernadores del país se siguen haciendo de la vista gorda en un tema de la mayor relevancia para el país: el nuevo sistema de justicia penal, nos hacen ver. Primero fue la titular de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow, quien alertó sobre los rezagos de algunos gobiernos en los trabajos para ponerlo en marcha. Ahora es el ministro de la Corte José Ramón Cossío quien habla de incumplimientos en la materia. El tiempo se agota, quedan menos de 9 meses para que el sistema de justicia actual, de tipo inquisitivo y secreto, cambie a uno oral y público. En junio de 2016 deberá estar completada la transición, pero algunos mandatarios estatales no dan la importancia que el tema merece y se siguen prendiendo las alertas. ¿No habrá llegado el momento de que se haga pública la lista de los gobernadores que están dormidos en los trabajos del nuevo sistema de justicia penal?
