MÉRIDA, Yucatán, 4 de septiembre.- La tarde de este viernes se celebró en la Casa de la Cultura Jurídica la mesa panel "Avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBT en Yucatán", durante la cual tres expertos en la materia destacaron los logros alcanzados tras varios años de lucha, por la vía jurídica, para hacer valer los derechos de la diversidad sexual en la entidad.
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| Lic. Álex Alí Méndez Díaz, de Matrimonio Igualitario México; Mtro. Jorge Fernández Mendiburu, de Indignación y Mtra. Amelia Ojeda Sosa, de Unasse (foto: JMRM) |
La conferencia inició con la participación de Álex Méndez, quien habló sobre la lucha jurídica en otras entidades por el matrimonio igualitario y lo que ha implicado el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual.
El ponente remarcó que ninguna ley local o nacional puede estar encima de los tratados internacionales que ha suscrito México y que buscan, por la vía legal, invalidar aquellos artículos que vulneren los derechos humanos.
Indicó que los estados están obligados a adecuar su legislación y que la continua omisión en este rubro podría implicar una responsabilidad internacional del Estado Mexicano.
Méndez hizo mención de la importancia que tienen otros temas como la identidad trans, la adopción, el VIH, la discriminación laboral y en centros educativos, remarcando que no por esto deja de ser importante el matrimonio igualitario.
Mencionó el caso de Chihuahua, donde una organización recolectó 23 mil firmas contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo y las entregó al Congreso, indicando que éste ha quedado relegado en este tipo de decisiones ya que la ciudadanía se ha apropiado de este derecho.
"Esto ya no se puede detener porque es un tema de derechos humanos... ahorita nos sentamos, demandamos y ganamos, punto", subrayó.
Fue precisamente en Chihuahua donde, tras pedir reparación del daño, el gobernador dio la orden de casar a las parejas homosexuales, por la cual, considera, la indemnización económica puede ser una manera de impulsar estos avances a lo largo de la República.
Antecedentes en Yucatán en la lucha por el matrimonio igualitario
En su turno, Jorge Fernández recordó los antecedentes en Yucatán en la lucha por el matrimonio igualitario, explicando que la lucha en pro de los derechos humanos es en búsqueda de la igualdad, no discriminación y dignidad.
Indicó que a pesar de que hay problemáticas que podrían parecer más urgentes, el matrimonio para todos es un tema de seguridad que sirve para visibilizar a un grupo humano que ha sido históricamente discriminado con consecuencias fatales.
Indicó que México es el segundo país en Latinoamérica en crímenes por homofobia y que, a nivel nacional, Yucatán está entre los primeros lugares.
Centrándose en la lucha por el matrimonio igualitario en Yucatán, recordó cómo, en noviembre de 2008, fueron 13 organizaciones de la sociedad civil las que impulsaron esta causa y, en respuesta, organizaciones auspiciadas por la Jerarquía Católica -la denominada Red Pro Yucatán- presentaron una campaña que, "tramposamente", llamaba a "defender la familia".
El propósito del segundo grupo, explicó, fue establecer en la Constitución Política del Estado de Yucatán un candado a la definición del matrimonio y concubinato, constitucionalizando la limitación del Código Civil que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
En lo que respecta a las agrupaciones que impulsaron el matrimonio igualitario, Fernández reconoció que lanzar la campaña fue una decisión que tomaron sin consultar a la comunidad LGBT y que tal vez hubo cierta arrogancia de su parte al decidir sobre un colectivo.
De 3,000 firmas que necesitaban juntar para llevar al Congreso, indicó, llegaron a aproximadamente la mitad.
"Le dimos ideas a la derecha, otra autocrítica", reconoció.
El 14 de julio de 2009, la iniciativa impulsada por la denominada Red Pro Yucatán fue aprobada por una mayoría absoluta en el Congreso del Estado.
En agosto del mismo año, recordó, 11 agrupaciones pidieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) ejercer sus facultades e iniciar una acción de inconstitucionalidad, ya que la reforma aprobada representa una regresión en materia de derechos humanos.
Indicó que la Codhey, entonces a cargo de Jorge Victoria Maldonado, se negó argumentando que la reforma implicaba una diferenciación mas no era discriminatoria y que, de aprobarse el matrimonio para todos, éste perdería su razón de ser.
Añadió que dos parejas impugnaron, sin éxito, la reforma a la ley local.
Tras la reforma constitucional de 2011, que incorpora a la Carta Magna el derecho a la no discriminación, fue que cambió la situación.
Fernández hizo mención especial de la primera pareja del mismo sexo, conformada por Javier Carrillo Esquivel y Ricardo Góngora Zaldívar, que logró contraer matrimonio en la entidad.
En marzo de 2013, recordó, inició la lucha jurídica de la pareja, que finalmente contrajo matrimonio en agosto del mismo año.
Adicionalmente, en octubre del mismo año el Poder Judicial reconoció como concubinos a una pareja de hombres.
Fernández Mendiburu mencionó que, inicialmente, el Registro Civil cumplía las sentencias a medias, incluyéndolas en un libro aparte del de matrimonios y expidiendo documentos de "cumplimiento de sentencia" en vez de actas.
Destacó que Yucatán es una de las entidades donde más juicios se han promovido contra la negativa del Registro Civil a casar a parejas del mismo sexo.
Hasta la fecha, indicó, la dependencia estatal sigue negando estas solicitudes pero no impugna las sentencias que llegan para que los casos no lleguen a instancias judiciales que a la larga puedan dar un fallo que quede como precedente.
El abogado mencionó que el Seguro Social sigue discriminando, aunque los matrimonios lleguen con su acta.
El ponente también expuso cómo, este año, el Poder Judicial rechazó la acción por omisión legislativa promovida por tres agrupaciones de la sociedad civil.
Jorge Fernández remarcó que los tres poderes a nivel estatal son responsables por esta situación. El Ejecutivo, indicó, al presentar una reforma regresiva, el Legislativo por mantener "en la congeladora" (no turnar a comisiones) una iniciativa en la materia y el Judicial por no ejercer sus facultades e irse por la tangente. La Codhey, remarcó, también es responsable porque tuvo la oportunidad de erigirse como defensora del pueblo y no lo hizo.
"Cada día se nos ocurren cosas nuevas para estar pisando el callo a las autoridades"
Finalmente, Amelia Ojeda Sosa abundó sobre las acciones y estrategias impulsadas en la entidad, centrándose en el caso del primer niño registrado como hijo de un matrimonio homoparental.
"No son derechos nuevos que se están dando", remarcó, explicando que ya se tienen pero hay obstáculos en su libre ejercicio.
Indicó que Unasse tiene conocimiento de 19 amparos por la negativa del Registro Civil de casar a parejas del mismo sexo, pero que hay otros casos de personas que han optado por promoverlos con el apoyo de otros grupos o bien con el apoyo de un despacho particular.
Recordó que, en el primer caso, contrataron a un notario para hacer un certificado de hechos, pero con los posteriores optaron por elaborar un oficio y que éste fuera sellado de recibido.
La abogada mencionó el caso de Karla y Lorena, quienes tras casarse en enero de 2014 decidieron tener un bebé.
En enero de los corrientes, añadió, acudieron ante el Registro Civil donde se negaron a registrar al pequeño bajo el argumento de que éste tenía derecho a conocer la identidad de su padre biológico, ofreciendo a la madre biológica la posibilidad de registrarlo como si fuera madre soltera.
Fue el Juez V de Distrito, agregó, quien resolvió que la negativa del Registro Civil violentaba los derechos del menor, específicamente el derecho a tener un nombre, nacionalidad, filiación y familia.
Adicionalmente, mencionó Ojeda, el niño no podía contar con su cartilla de vacunación hasta no tener su acta de nacimiento.
La oradora señaló una contradicción en la Constitución Política del Estado de Yucatán, ya que aunque en 2013 se incorporó a ésta el principio de no discriminación, el contenido de su Artículo 94 sigue siéndolo contra las parejas del mismo sexo.
La abogada explicó que es obligación de los legisladores revisar que el marco legal esté acorde a los derechos humanos.
"Cada día se nos ocurren cosas nuevas para estar pisando el callo a las autoridades", remarcó.
El foro registró un lleno total, siendo la mayoría de los asistentes jóvenes además de algunos activistas de la sociedad civil organizada. (JMRM)
