Patricio Patrón Laviada*
No me considero un puritano de la política, creo que el que se sienta y quiera mantenerse blanco y puro, no tiene nada que hacer en la política, especialmente ejerciendo cargos públicos, donde uno está obligado a elegir entre el mal menor y tomar decisiones arriesgadas que no siempre salen bien y que los contrarios en cumplimiento de su necesaria labor de oposición, de forma muchas veces poco ética, lo maximizarán y difundirán para despedazar la imagen del gobernante.
Lo que sí está obligado a hacer el político, es a responder cualquier acusación o denuncia, aclarar lo más ampliamente posible sus decisiones, particularmente las cuestionables y al filo de la ley, razonando qué lo llevó a tomarlas.
Respuestas que no se han dado en el citado tema de los “moches”, donde después de más de dos años de que estalló el escándalo, ningún diputado o funcionario se ha dignado en dar una explicación.
En los “moches” la acusación es la siguiente: los diputados, de acuerdo con el ejecutivo federal, aprueban en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) una cantidad de recursos para que los diputados asignen obras; se reparte por igual entre todos: 10 millones de pesos por cabeza por cada uno de los 500 diputados del congreso de la Unión. No hay obra registrada en el PEF, sino un recurso que el diputado asignará libremente (dentro de un catálogo de obras o proyectos permitidos) al municipio que él decida. Aquí viene la primera aparentemente pequeña —pero que es sumamente grave— distorsión, que va contra el principio de la división de poderes pregonada por el Barón de Montesquieu, quedando en la práctica 500 diputados que pueden decidir cómo y dónde asignar una parte del recurso público, suplantando la función de su cuerpo colegiado y del poder ejecutivo. En esta forma, quedan rotos el control de la división de poderes; el buen uso del recurso queda completamente a discreción del diputado, lo cual, tratándose de dinero público, es inaceptable. Seguramente hay diputados que manejan honestamente los recursos, pero otros muchos no; simplemente para entregar el dinero a algún municipio, le piden quedarse con una parte; de ahí lo de “los moches”. Los alcaldes con la oportunidad de obras extra y además llevarse una comisión, felices aceptan, máxime que el que les está dando el dinero es parte del ente fiscalizador, con lo cual la impunidad queda garantizada.
Pero los “moches” no paran ahí, algunos, ya más organizados, tienen a sus empresas constructoras que son los encargados de hacer la obra; en estos casos el diputado le ofrece al ayuntamiento hacer cierta cantidad de obras a un costo, indicando qué empresa lo va a hacer y ofreciendo el “diezmo” al alcalde; de esta forma el moche para el diputado es aún mayor.
Además existen los “megamoches”, recursos manejados por los coordinadores de las bancadas en contubernio con la Secretaría de Hacienda Federal (SHCP) y “bajados” o distribuidos a través de sus diputados consentidos. Estos “megamoches” sobrepasan los 100 millones de pesos, en el medio de la construcción se habla de un moche de 30% que se manda a México para repartirse entre funcionarios de la Secretaría de Hacienda y los coordinadores y, seguramente algo le tocará al diputado gestor-colocador, aparte de las comisiones que se lleva el alcalde y además de lo que la compañía constructora amiga o del diputado recibe. Con tantas mochadas, hay obras multimillonarias aquí en Yucatán que solo cuestan la tercera parte de lo que se pagó por ellas.
Y ahora, por las investigaciones que realiza un grupo ciudadano, nos enteramos que hay recursos manejados de igual forma, que no aparecen en las cuentas de transparencia del gobierno; simplemente el regreso de la partida secreta presidencial con total impunidad, pues los que están obligados y tienen los instrumentos para fiscalizar —la Auditoría Superior de la Federación es parte de la cámara de diputados— tienen la cola enredada en los moches y al no aparecer en ningún lado el gasto, ya ni siquiera los ciudadanos valientes pueden investigar y denunciar los malos manejos.
La colusión e impunidad en todo su esplendor. PRI, PAN, PRD, Morena, Verde, todos metidos en el estercolero, aunque, cabe aclarar que solamente panistas han denunciado el hecho, la dirigencia ofreció investigar sin que hasta ahora pase nada. Los acusados al más puro estilo priista se hacen a los tontos y no responden y con un cinismo que envidiaría la mismísima Ivonne, le achacan todo a los tiempos electorales a pesar de que desde hace más de dos años se viene denunciando.
Ahora que el PAN está en elecciones para elegir presidente nacional y local, el tema toma relevancia; ¿Los panistas premiaran a los cómplices de robarle millones al pueblo y desprestigiar al PAN o les darán luz verde para que sigan sus cobarde atraco? Recalco, cobarde atraco, porque en el caso de los “moches” los integrantes del supuesto órgano fiscalizador y hasta la oposición que en un sistema democrático tiene la obligación de vigilar al gobierno están coludidos en el fraude garantizando la impunidad.
* Ex alcalde de Mérida (1995-1998), Ex senador de la República (2000), ex gobernador de Yucatán (2001-2007), ex titular de la Profepa (2007-2011) y ex militante del PAN.
