martes, 21 de julio de 2015

julio 21, 2015
Carlos Loret de Mola Álvarez / Historias de reportero

En contra de lo que se hubiera pensado hace dos meses, el gobierno federal empieza a tomar acciones que pueden cambiar su relación de poder con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El punto de mayor sometimiento de la administración de Peña Nieto frente a la CNTE se registró unos días antes de las elecciones: la SEP anunció que se posponía el examen de maestros, que era exactamente lo que quería la Coordinadora para no perder su dominio político sobre la educación. La decisión fue del Presidente, con el argumento de intentar evitar el vapuleo a la imagen de México si no había elecciones en buena parte del país, como amenazaba la CNTE.

La reacción de la opinión pública fue de una unanimidad inusual: desistir del examen representaba la claudicación del Estado frente a una camarilla impopular y delictiva, que antidemocráticamente, usando la fuerza de la ilegalidad y el chantaje, torcía la ley. En Los Pinos pudieron medir el pulso del rechazo de la sociedad a la CNTE.


El primer mandatario y su equipo siguieron el plan original: dos días después de los comicios, la SEP anunció que sí se llevaría a cabo la evaluación de maestros y en las fechas originalmente planteadas. Todo había sido un engaño a la CNTE para que no echara toda la carne al asador al boicot electoral.

Se llevó a cabo el examen para más de 80% de los aspirantes. Luego hubo operativos sorpresa para evadir a la CNTE en Oaxaca, Michoacán y Chiapas, donde la Coordinadora amenazó con impedir la prueba y humilló a maestros que sí la querían presentar.

El segundo fin de semana de junio, en secreto, sucedió un segundo golpe.

Este es el contexto: para recibir los apoyos del programa Prospera (que sustituyó a Oportunidades), se pide como requisito que las familias beneficiadas lleven a sus hijos a la escuela, y para comprobarlo, se exige la firma de una autoridad escolar.

De manera discreta, la delegación de la Sedesol en el estado sesionó para levantar ese requisito, que permitía a la CNTE chantajear a los padres de familia con no firmarles si no los apoyaban en paros y marchas. La CNTE intentó boicotear la sesión, así que la secretaria Rosario Robles la atrajo al DF, donde se realizó conforme a lo planeado: desde ese día, último fin de semana de junio, y durante un año, la firma educativa no es necesaria para recibir los apoyos de Prospera en Oaxaca.

Así perdió la CNTE un arma de chantaje sobre los alumnos y sus papás, una firma que tenía gracias a su control del aparato burocrático educativo local del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que es la SEP oaxaqueña, pieza clave en su financiamiento y dominio político.

La CNTE se dice en contra de las autoridades educativas, pero en Oaxaca ellos han sido la autoridad educativa desde 1992, cuando el entonces gobernador, el priísta Heladio Ramírez, decretó que la CNTE se encargaría de designar a los directivos del IEEPO. El IEEPO se volvió desde ese momento columna vertebral de la CNTE, fuente inagotable de dinero y arma de control político para amenazar con represalias a los maestros que quieren dar clases en lugar de vandalizar edificios.

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