domingo, 28 de junio de 2015

junio 28, 2015
TÚNEZ, 28 de junio.- El presidente, Beyi Caid Essebi, de 88 años, declaró el viernes por la noche que su Gobierno tomará medidas “dolorosas, pero necesarias”. Eso implica, entre otras decisiones, cerrar en la próxima semana 80 mezquitas por supuesta “complicidad con el terrorismo”. También se pretende revisar la ley de asociaciones. Pero solo a 20 minutos en coche desde donde el viernes un terrorista mató a 38 personas, hay una forma muy distinta de afrontar la situación.

El barrio de Kaschkach la mayoría de sus habitantes son partidarios del partido Hisb Ettahrir, que reivindica por medios pacíficos la implantación de un estado regido por la ley islámica emanada del Corán. Para muchos de sus habitantes, como el comerciante Ached Asel, de 52 años, el terrorismo islamista no está detrás de la matanza. "Han sido los servicios secretos internacionales, que quieren aprovecharse de la riqueza de este país", sostiene. El cierre de la mezquita del barrio lo ve inconcebible.

En la mezquita Fátima Zahra, del barrio de Sahlaul, un creyente que prefiere no dar su nombre asegura que el Gobierno no se atreverá a cerrar un solo templo. "En ningún país islámico se cierran mezquitas, como mucho cambiarán a algún imán, no llegarán más lejos".

Manifestación en Susa tras el atentado en que un terrorista mató a 38 personas. (Reuters)

En la prensa local hay quienes aseguran que en el nombre de la seguridad se va a limitar las libertades públicas e individuales. Y en la mezquita de Rahnen, su imán asegura que ya el dictador Ben Alí cerró mezquitas y lo único que consiguió es que muchos jóvenes buscaran la doctrina de la religión en algunas casas, sin ningún control del Estado.

Mientras el debate entre más seguridad o menos libertades toma forma en la prensa y las redes sociales, en las calles de Susa ya se aprecia la presencia de muchos policías.

El sábado por la noche unos cien tunecinos marcharon hacia las puertas del hotel Imperial Marhaba para protestar contra el terrorismo yihadista que acabó el viernes con la vida de 38 personas. No parecía una presencia masiva en contraste con la conmoción que ha causado el atentado en el país. La policía solo necesitó interrumpir el tráfico en dos carriles de los cuatro que tiene la principal avenida de esta localidad de 173.000 habitantes.

Hamid Ksiâa, de 43 años, acudió con su esposa y dos hijos a poner velas ante la puerta del hotel. “Están atacando la industria del turismo, de la que dependen 400.000 tunecinos y un millón de forma indirecta”, decía. Su esposa, la profesora Mariem Bouhadida, de 39 años, añadía: “Han matado a turistas porque saben que la repercusión internacional será mucho mayor. Pero ellos no tienen escrúpulos en matar a tunecinos. Es raro el mes en el que no matan a algún soldado o un policía nacional”, señalaba.

Otra manifestante afirmaba que la nacionalidad de los muertos era lo de menos. “Todas son personas. Y más que turistas, eran nuestros huéspedes. El pueblo tunecino no es así, nosotros siempre sabemos acoger a nuestros invitados. Esto es vergonzoso. Yo no pude dejar de llorar todo el viernes”.

Otros vecinos de Susa señalaban que el Gobierno debía ser más eficaz en la lucha contra el terrorismo. Ibrahim el Ghoul, uno de los testigos que presenció el asalto, calculó que desde que el terrorista entró en el hotel y comenzó a matar a gente hasta que fue abatido por la policía pasó más de media hora. “Y las primeras ambulancias tardaron más de 45 minutos en llegar”, añadió. Varios testigos aseguraron que el terrorista tuvo tiempo de subir hasta la segunda planta del hotel y regresar tranquilamente hacia la playa.

El ministro del Interior de Túnez, Mohamed Nayem Gharsalli, anunció el sábado por la nocheque destinará mil policías a proteger los hoteles y a los turistas. Gharsalli reconoció a la emisora Mosaïque, que hubo falta de coordinación entre el servicio de seguridad del hotel Imperial Marhaba y la policía. Gharsalli asumió que se habrían podido evitar muertes si los empleados del hotel hubieran llamado a la policía. No obstante, el ministro reconoció que los propietarios del hotel lo llamaron a él por teléfono en cuanto se produjo el ataque.

Zohra Driss, la dueña del establecimiento señaló el viernes en las puertas de su hotel que los empleados de seguridad no estaban armados y que era imposible para ellos hacer frente a alguien armado con un kalachsnikov.

El atentado es lo último que necesitaba un Gobierno con sólo seis meses de mandato, desgastado por las huelgas, las campañas en redes sociales y las protestas violentas. (Francisco Peregil / El País)