lunes, 1 de junio de 2015

junio 01, 2015
MÉRIDA, Yucatán, 1 de junio.- La abogada Celia Rivas Rodríguez es la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputada por el VII Distrito Local. Sin embargo, poco se ha comentado en los medios respecto a su legado de casos no resueltos, ineficiencia administrativa y corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia estatal que estuvo a su cargo hasta apenas hace unos meses.


En octubre de 2012, el Gobierno del Estado nombró a la hoy candidata Fiscal General del Estado, cargo del cual se separó en enero de 2015 para contender en los comicios de este año. Durante la administración de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco (2007-2012), la priista se desempeñó como Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa).

Entre los casos más recientes que la FGE no logró esclarecer se puede mencionar el asesinato del abogado Efraín Ramírez Herrera, que permanece impune hasta la fecha.

También cabe señalar los alegatos de tortura, sustentados por evidencia fotográfica, de la cual fue víctima el Dr. Pablo Santos García Gutiérrez, sospechoso por el asesinato del Dr. Felipe Triay Peniche.

La desaparición del Dr. Delio Peniche Manzano, caso que se remonta a noviembre del año del 2008, tampoco fue esclarecida durante su gestión.

Hasta la fecha, también se desconoce el paradero de José Elías Aguilar Nechar (2008), David Escárcega Montalvo, alias “Pistón” (2010) y Carlos Castillo Bolio (2012).

En enero de 2013, la periodista Anabel Hernández publicó en la revista Proceso que había, hasta esa fecha, 191 personas desaparecidas en la entidad. Sin embargo, Celia Rivas declaró a un rotativo local que únicamente había cuatro expedientes abiertos en relación a denuncias de esa naturaleza.

En junio del mismo año, la Fiscalía intentó presentar a la ucraniana Maryna Burakova como presunta responsable por el homicidio de su esposo. Sin embargo, la muerte de la joven turista fue confirmada en marzo de 2014.

La Fiscalía tampoco actúo contra los presuntos implicados en el megafraude de Crecicuentas, en el cual centenares de personas perdieron sus ahorros. Un colectivo de personas afectadas por la inacción de las autoridades denunció penalmente, el pasado 25 de mayo, a Rivas Rodríguez y a Víctor Caballero Durán.

"Cabe recordar que a los autores materiales e intelectuales del delito cometido ya se les había demandado desde hace 2 años, pero el litigio prácticamente se congeló por parte de la ex-fiscal, hoy candidata por el PRI a diputada local por el VII Distrito, para favorecer a Victor Caballero, que se embolsó 38 millones de pesos, parte del dinero despojado a las abuelas (de la Plaza Grande), quienes solamente esperan en este nuevo proceso la aplicación de la JUSTICIA EXPEDITA así como el fincamiento de las responsabilidades jurídicas a quienes corresponda", publicó en su perfil de facebook el activista Juan Chaía Shaadi, integrante de Poder Ciudadano Colectivo 4 de Julio A.C.

Es de conocimiento público el tortuguismo con el cual opera hasta la fecha la Fiscalía General del Estado, el hecho de que los denunciantes tienen que esperar horas para ser atendidos y que se les trata con grosería y lentitud, además de que tienen que realizar múltiples viajes para ratificar sus denuncias y aportar pruebas y que, encima de todo, se les ponen obstáculos cuando desean obtener una copia de ésta.

En numerosas ocasiones, ha sido señalado el hecho de que el Servicio Médico Forense (Semefo), adscrito a la Fiscalía, está a cargo del señor Luis Fernando Peniche Centeno, quien únicamente cuenta con la carrera de Cirujano Dentista y un posgrado cursado en una escuela de Chiapas pero no con estudios en medicina por lo cual no está capacitado para ostentar dicho cargo. Sin embargo, se le presenta como "doctor" ante los medios de comunicación, en actos públicos y cuando tiene que atender a la ciudadanía, lo cual también se reporta lo hace de muy mala gana a pesar de que trata con personas que acaban de perder a un familiar.

En mayo de 2014, Contrapunto publicó que Verónica Ramayo Chi, empleada de la dependencia, fue denunciada junto con su esposo Juan Eduardo Maza Poot por presunto despojo. La Fiscalía jamás emitió un posicionamiento respecto a este tema. (JMRM)