viernes, 22 de mayo de 2015

mayo 22, 2015
MÉRIDA, Yucatán, 22 de mayo.- La bancada de regidores del PRI en el cabildo de Mérida lamenta las consecuencias de la actuación caprichosa del alcalde Renán Barrera Concha en el manejo del litigio relacionado con la devolución del impuesto predial y de adquisición sobre inmuebles (ISAI) y su intención de querer endeudar por más de 27 millones de pesos a las siguientes administraciones municipales, que ha derivado en un embargo de algunos bienes del municipio hasta por dicha cantidad.

Los regidores del PRI actuamos con responsabilidad de no endeudar al municipio, ya que en una sesión nocturna, Renán Barrera quiso sorprender a la ciudadanía con la intención de que el Cabildo aprobara dicha irresponsabilidad, la que consistía en endeudar a Mérida por el pago de la sentencia en mensualidades, pero lo que omitió manifestar es que su administración únicamente pagaría cuatro meses de 250 mil pesos cada uno y el resto de la deuda lo trasladarla a la siguiente administración.

Con mentiras y engaños, Renán Barrera Concha no asume su responsabilidad ante el cumplimiento con la ley, afirman los regidores del PRI. En la imagen, el Alcalde al final de la sesión de Cabildo del 15 de abril, donde propuso que esta administración pagara un millón 250 mil pesos y dejar la deuda  de más de 25 mdp a la siguiente administración.

La manera irresponsable de gobernar de Barrera Concha se ha caracterizado siempre por sus ocurrencias y en beneficio de su grupo de amigos cercanos. No podemos pasar por alto la responsabilidad de la entonces Tesorera Municipal Claudia Canto Mézquita, quien estaba enterada desde octubre de 2014 de la sentencia emitida en dichos juicios, y no contempló en el presupuesto de egresos este pago.

Ahora el alcalde Renán Barrera Concha intenta culpar a otros gobiernos, con más de 15 años de tiempo atrás (donde incluso ya pasaron administraciones panistas) por una irresponsabilidad que hoy le compete únicamente a él y en vez de hacer frente a las obligaciones del municipio, prefiere beneficiar a sus amigos siendo ésta una constante en su manera de gobernar, es decir, para unos cuantos. (Hasta aquí el boletín de los regidores del PRI).

Según el Diario de Yucatán, los particulares que reclaman la devolución de impuestos son Noemí Xacur ($17.595,773), Roberto Abraham ($4.036,288), Casa Beta ($1.633,811), Creaciones Haba ($1.513,650), y otros por $2.220,478.

Escribe Hernán Casartes Cámara: El caso de la sentencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado que obliga a la Comuna a devolverle casi $28 millones a 13 particulares por pagos supuestamente ilegales del Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI) se remonta a 1999.

En ese año, el Poder Ejecutivo, a cargo entonces de Víctor Cervera Pacheco, promulgó la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida con graves omisiones.

Faltó la firma de Casellas

Según el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Ruz Castro, para darle validez a la ley era necesaria la firma del gobernador y de los secretarios de Gobierno y de Hacienda, Cleominio Zoreda Novelo y Rafael Casellas Fitzmaurice, respectivamente.

—Casellas, sin embargo, nunca firmó la ley, aunque ésta estuvo vigente durante más de 20 años, sin que Cervera Pacheco u otro gobernador corrigiera la omisión. Tampoco Angélica Araujo hizo algo para remediar la situación, no obstante que las primeras denuncias llegaron desde 2011.

—No fue sino hasta la administración de Renán Barrera cuando redactamos otra ley que entró en vigor en 2013 —agregó.

Los demandantes de la Comuna se valieron de esta situación y argumentaron que durante años el Ayuntamiento les había cobrado el ISAI con base en una ley anticonstitucional, y por eso debía devolver el pago de ese impuesto. Este criterio fue avalado por el Tribunal.

La demanda asciende en total a $27 millones 726,000, aunque el motivo del embargo de ayer es por $19.718,959, correspondientes a 2 de las 7 sentencias.

Si el cobro del ISAI equivale al 2% de la operación de compra de un inmueble, quiere decir, afirma Ruz Castro, que los demandantes hicieron operaciones por casi $1,200 millones.

“Por eso digo que no es justa la sentencia”, advierte el funcionario.

El ISAI es un impuesto bien calculado, que paga toda la gente, menos quienes presentaron la demanda, originada por una omisión del gobierno del Estado, no del Ayuntamiento.

Según el secretario Ruz Castro, la sentencia no se justifica, porque ya se rebasó el plazo para reclamar el pago de impuestos mal cobrados y porque el Tribunal de Justicia Fiscal no tiene autoridad para atender ese tipo de casos. De hecho, la Comuna presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, pero ésta dictaminó la imposibilidad del Ayuntamiento para ampararse, toda vez que la ley normativa de ese tribunal no contempla esa posibilidad, cuando se trata de litigios entre la autoridad y el Tribunal.

En este sentido, dice Ruz Castro, al Ayuntamiento de Mérida no le queda más que acatar la sentencia, por lo que hace algunas semanas el alcalde propuso al Cabildo pagar los $27.7 millones en mensualidades de $250,000 durante 10 años.

Más información del Ayuntamiento al Diario de Yucatán:

Embargo 115 predios

El PRI rechazó la propuesta del alcalde Renán Barrera de devolver el ISAI mediante el pago de mensualidades.

Intereses

“Los regidores de ese partido se mostraron más interesados en apoyar a un grupo de particulares que a la ciudad”, señala el secretario de la Comuna, Alejandro Ruz. Castro.

Actuaria

Como no prosperó la propuesta, el Tribunal de Justicia Fiscal ejecutó la sentencia y ayer envió a una actuaria al Ayuntamiento.

Treinta minutos

La actuaria requirió a la Tesorería el pago de $16.039,633, correspondientes a uno de los juicios, y $3.679,326, de otro, o en su defecto señalar los bienes de su propiedad para su embargo, que sean suficientes para cubrir el monto señalado, y le dio 30 minutos para hacerlo.

Avalúos

El Ayuntamiento señaló 115 predios de su propiedad, pero el embargo no se concretó, a petición de los demandantes, hasta que ellos y el Tribunal conozcan si el avalúo de esos predios corresponde a la cantidad demandada.