miércoles, 29 de abril de 2015

abril 29, 2015
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril.- La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular el proyecto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política, a fin de establecer que la Ciudad de México será una entidad federativa, con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización político-administrativa.

Tras su aprobación, el Pleno del Senado de la República envió el dictamen a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

El senador Miguel Barbosa Huerta, informó que la secretaría de la Mesa Directiva publicará el registro de los votos que se emitieron fuera del sistema electrónico.

A propuesta de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal, de Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos, Segunda, el Pleno aprobó las modificaciones a la fracción VIII del artículo 122 del dictamen.


Dicha fracción dispone que la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimiento y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.


Plantea que dicho Tribunal tenga a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública local y los particulares; imponer en los términos que disponga la Ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.

Además, deberá fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afectan a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de sus entes públicos.

Con el cambio avalado, la Ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de sus magistrados.

La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la Judicatura Federal local, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

La asamblea aprobó en sus términos del dictamen los artículos 2 y 40 del dictamen, luego de que el senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, retiró sus propuestas de modificación a estas disposiciones.

Además, el Pleno rechazó las reservas que presentaron los senadores Delgado Carrillo, Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo; Gabriela Cuevas Barron y Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional, a los artículos 73, 122 y séptimo, octavo, noveno y décimo sexto transitorios del proyecto de decreto, así como para adicionar los artículos décimo octavo y décimo noveno transitorios.

Senado aprueba en lo general reforma política de la Ciudad de México
Con 88 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó en lo general el proyecto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma política de la Ciudad de México.

Previamente, senadores de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo intercambiaron puntos de vista a favor y en contra del dictamen.

El senador Manuel Bartlett Díaz, del PT, insistió en que la reforma es un acuerdo político, en el que gana el PRI, que “expulsa la participación de la ciudadanía” y que lo único que busca es alterar la relación de fuerzas de la capital de la República.

A favor del proyecto, la senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, aseguró que la propuesta --aunque de manera parcial-- salda una deuda histórica con los habitantes de la Ciudad de México y expresó que “en esta época en que los aires autoritarios soplan nuevamente”, su aprobación --con el acuerdo de todas las fuerzas políticas-- “es un buen mensaje” para el país y los capitalinos.

Por su parte, el senador del PT, David Monreal Ávila resaltó que el texto, surgido de la élite política, no logrará satisfacer las necesidades de la sociedad capitalina. Esta reforma va encaminada a modificar el régimen interno y su organización política administrativa, que es en sí un avance, pero en el que se desconoce la percepción de los ciudadanos.

Carlos Alberto Puente Salas, coordinador parlamentario del PVEM, subrayó que al dictamen le falta responder a las demandas de los capitalinos, ya que los cambios “superficiales” que contiene no ayudan a la transparencia y no aclara las facultades del modelo de las alcaldías. “Sin embargo establece un importante proceso constituyente y define un momento de referencia en la historia del país”.

El senador del PRI, Omar Fayad Meneses, calificó el dictamen como un “pegotero de ideas” que en nada abona a la democratización del Distrito Federal; y dijo que es necesario hacer una revisión profunda para que esta reforma incluya conceptos de democracia, transparencia y combate a la corrupción, “porque sólo contiene cambios superficiales”.

Por el PRD, el senador Isidro Pedraza Chávez afirmó que los cambios constitucionales que dan origen a la Ciudad de México son un avance con el que se busca que los ciudadanos recobren sus derechos políticos y se equipare al estatus de todas las entidades federativas.

El senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, aseguró que representa un avance histórico para consolidar la autonomía de la Ciudad en territorio nacional. La Constitución, agregó, sustituye al estatuto de gobierno del Distrito Federal y con ello se podrá dar respuesta con mayor eficacia a las demandas de la ciudadanía.

Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN, dijo que la Ciudad de México merece una reforma política amplia y de fondo, pero la propuesta que se discute “nació muerta”, producto de “un mal acuerdo político” que parece más una cirugía plástica “para cambiar las cosas para que sigan igual”, pues no fortalece al Pacto Federal y tampoco queda claro cuál es beneficio específico para la ciudadanía.

En contraste, Roberto Gil Zuarth, de la misma fracción parlamentaria, acotó: “Si hoy tenemos vacíos de gobierno en el Distrito Federal y ciudadanos de segunda, es precisamente porque nunca le hemos dado” a los capitalinos la posibilidad de regularse y de gobernarse. De ahí, recalcó, que la reforma trate de expandir los derechos de la entidad.

También del PAN, el senador Víctor Hermosillo y Celada consideró que se presenta una “reforma de políticos”, en donde lo principal es cómo se reparten los puestos, en la que no se ve el beneficio para los ciudadanos, porque además, no la conocen, y en la que prevaleció la resignación de los legisladores.

Para Zoé Robledo Aburto, del PRD, se trata de una votación histórica, pues se inicia un proceso de construcción constitucional desde cero, no visto desde hace cuatro décadas, en la que se le reconocerán a la Ciudad las facultades de entidad federativa.

En opinión de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del mismo partido, los avances de la legislación actual del Distrito Federal deben quedar inscritos en la nueva Constitución, a fin de que no haya una regresión en los derechos y libertades de los capitalinos, “porque esa es una de las características de esta Ciudad”.

Al fijar su postura contra la reforma, el senador del PAN, José María Martínez Martínez expresó que esta enmienda constitucional sólo beneficiará la creación de un gobierno central, ya que no reconoce a los ayuntamientos, concejales y tampoco les da a los ciudadanos la posibilidad de tener el gobierno que requieren.

La senadora del PRI, Lisbeth Hernández Lecona, dijo que la reforma marca la pauta para seguir con el trabajo de legislar, a fin de darle mayor autonomía a la entidad, y se dota a los ciudadanos de los derechos políticos que marca la Constitución.

La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del PRD, consideró que la reforma es incongruente en la conformación de la Asamblea Constituyente y señaló que sus integrantes deben estar designados por los ciudadanos y no por el Congreso de la Unión, el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno.

Por su parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, también del PRD, manifestó: “No me gusta la integración del Congreso Constituyente, pero hoy, les guste o no, hemos logrado las principales reformas y demandas que la izquierda se propuso para lograr la autonomía y los derechos plenos para los habitantes de la Ciudad”.

Luego de su aprobación en lo general, los senadores pasaron la discusión de los artículos reservados. (Senado)