MÉRIDA, Yucatán, 16 de abril.- En sesión extraordinaria de Cabildo, el alcalde Renán Barrera Concha propuso hacer cumplir una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado que señala el pago de unos $27 millones a 13 particulares, derivado de una omisión del gobierno estatal en 1999.
Durante la sesión nocturna, el primer edil propuso que el pago se cubriese con $250 mil al mes, a partir de mayo al 31 de agosto, ambos del presente año. El resto se pagaría en los ejercicios fiscales subsecuentes.
Los regidores del PRI pretendían que se retire la propuesta, para que el Ayuntamiento pague en una sola emisión los $27 millones.
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| Alejandro Ruz Castro, secretario municipal, defendió apasionada y desesperadamente la propuesta del Primer Edil. |
La síndico municipal, Lízbeth Estrada Osorio, les hizo notar el daño que se ocasionaría al erario y, por ende, la afectación en la prestación de servicios a los meridanos.
—Jamás se puede anteponer el interés particular al interés colectivo —subrayó—. Aprobar, en los términos que proponen, significaría hacer recortes que obligarían a dejar de prestar los servicios públicos.
Debido a que por la naturaleza del asunto se requería del voto calificado (las dos terceras partes del total de los integrantes del Cabildo), cuando menos la aprobación de 13 de los regidores. La fracción del PAN y el del PRD, once en total, votaron a favor de la propuesta, pero los cinco ediles priístas presentes lo hicieron en contra. Hubo tres ausencias, una del PAN (Mireille Morales Estrada) y dos del PRI (Marisol Gómez García y Jorge Alberto Dogre Oramas).
Al no lograrse la votación calificada requerida, el Ayuntamiento queda en riesgo de caer en desacato ante las resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado.
El secretario de la Comuna, Alejandro Ruz Castro, manifestó que los regidores del PRI asumieron una actitud irresponsable y, con su actitud asumida, atentan contra los intereses de los meridanos.
Las resoluciones dictadas por el Tribunal mencionado fueron a raíz de diversos juicios contenciosos mediante los cuales el órgano colegiado ordenó la devolución del pago del impuesto predial, base contraprestación, y del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles.
La promoción de los juicios de los particulares se interpusieron en diversas fechas, a partir de 2011 y su origen fue por una “omisión” del Ejecutivo estatal en 1999, en ese entonces encabezado por Víctor Cervera Pacheco, la cual ha obligado a la actual administración a pagar anteriormente $30 millones, por los mismos motivos, o sea, son en total $57 millones a los que se obliga al Ayuntamiento a pagar por un “error” cometido por otro orden de gobierno.
A raíz del daño ocasionado al patrimonio municipal, el Ayuntamiento interpuso hace un mes una demanda ante juzgados civiles en contra del Ejecutivo estatal para la reparación correspondiente.
La “omisión” se debió a que uno de los titulares de las dependencias correspondientes no firmó el decreto de la Ley de Hacienda del Ayuntamiento de 1999. Fue en 2012 cuando la administración actual presentó una nueva ley para remediar esa “omisión”, pero ya el daño estaba hecho.
