martes, 3 de marzo de 2015

marzo 03, 2015
Héctor Rodolfo López Ceballos

Al Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán.
A la opinión pública.

El día de ayer se cometió uno de los más grandes atropellos a los derechos humanos, no sólo en Yucatán o en la República Mexicana, sino en el mundo. Lamentablemente ciudadanos yucatecos fueron protagonistas de un episodio que pasará a la historia por su carácter vergonzoso, lleno de ignominia y decepción que, de una manera u otra, refleja el lastimoso conservadurismo y pensamiento retrógrado que impera en buena parte de nuestro estado.


Los Magistrados eruditos, personas que a todas luces prefieren ser asistidos por las apariencias y no por la razón y el más elemental sentido de humanidad, decidieron con siete votos en contra y cuatro a favor, declarar sobreseído el proyecto de sentencia de la legalidad de los matrimonios entre parejas del mismo sexo en Yucatán. Aquellos ilustres personajes parecen haber encontrado motivos suficientes para sobreponer las nimiedades legales a los derechos humanos. Parece que el “qué dirán” triunfó sobre las garantías individuales y la dignidad humana. 

Empecemos aclarando que el tema no debería girar jamás en torno a asuntos legales, pues no se pueden poner condicionantes a los derechos universales, que por el simple hecho de nacer ya tiene cada una de las personas sin excepción alguna. El anteponer cualquier argumento a estos derechos es un acto de injusticia con total alevosía y que agravia enormemente no sólo a los involucrados directamente en el proceso, sino a toda la sociedad. Imagínese usted que en el futuro empezaran a discutir si todos debieran tener acceso a la educación, a la salud, a poder transitar libremente por las calles, a poder trabajar en lo que uno decida. Bueno, pues estas no son simples exageraciones. Todos los anteriores son derechos humanos universales, inquebrantables, inviolables e irrestrictos. Así también lo es el poder decidir con quién unirse de manera legal y para los fines que así le convengan a las personas.

Y esto nos lleva al otro punto: los derechos son iguales para todos, sin poder discriminar entre uno y otro individuo. ¿Qué pasaría si de pronto empezáramos a excluir a ciertos sectores de la población en determinadas circunstancias? Como por ejemplo, que los católicos no pudiesen recibir educación por tener que ser esta laica y ajena a todo dogma o de igual manera, que no pudieran tener escuelas bajo su cargo –por este punto seguramente desaparecerían muchas instituciones educativas privadas en el estado-. O que los obreros y campesinos, los estudiantes y las amas de casa no tuvieran derecho a la salud, a la atención médica gratuita y de calidad, entre otros muchos ejemplos y etcéteras. Los derechos no son negociables, ninguno de ellos. ¿Por qué habría de serlo el de la libre elección de cónyuge, el de una seguridad jurídica? 

Yucatán es el eterno estado conservador, el que se resiste estoicamente al cambio, el que colecciona valores contradictorios sin cuestionarse, sin preguntarse por qué y para qué. Yucatán es el liberal light; “yo respeto a los mayas porque fueron sabios, pero no te me vayas a casar con uno de apellido indígena…” –que llega a ser tanta la presión social y la marginación que muchos terminan castellanizando sus apellidos- o “yo respeto a los gays, pero que no se anden montando espectáculos en público ni se anden comportando como mujeres. Una cosa es que te gusten los hombres y otra cosa es ser maricón”. ¿Les suena familiar?

Es lamentable cómo se levantan voces –que más bien parecen griteríos condenatorios- en contra de los derechos de terceros, del prójimo, del otro. Argumentan lo contra natura que son las relaciones homosexuales, basados en dogmas y principios que consideraban completamente natural la esclavitud, la inferioridad de la mujer frente al hombre, entre otras ideas que hoy nos parecen absurdas. Hablan de lo mal que le haría a la sociedad constituir familias sin la presencia de un hombre y una mujer, aun cuando existen millones de familias en las que hay un solo padre o no hay hijos de por medio y son perfectamente funcionales y distintas al modelo tradicional. Ante el debate científico recurren a los insultos, a la inflexibilidad, a los estudios sin rigor y normalmente financiados por el conservadurismo eclesiástico que no entiende de razones. 

Yucatán debe ser más que eso. Debe ser más que siete ministros que anteponen las apariencias a los derechos humanos, más que la discriminación y el sectarismo, más que un puñado de partidos políticos que en algunos casos buscan abanderar estas luchas con tal de ganar elecciones. Yucatán es un verdadero lugar de oportunidades donde aún se puede hacer historia, donde todos iremos entendiendo que ningún derecho es más importante que otro, que ningún formalismo está por encima de la dignidad humana, que todos somos iguales. Las nuevas generaciones van arrasando y abriendo nichos.

Esta es una cuestión de humanidad en la que más temprano que tarde se logrará la igualdad de derechos, a pesar de magistrados, de opositores, de la cerrazón. 

Los derechos humanos no se debaten; se ejercen y se respetan.