MÉXICO, 28 de febrero.- La aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción en la Cámara de Diputados cumple un compromiso hecho con los mexicanos, particularmente porque se trata de una legislación que atiende la demanda social de sancionar a funcionarios y a particulares que incurran en actos sancionables por el mal uso de los recursos públicos, por lo que a partir de ahora habrá más vigilancia a los gobiernos locales, declaró la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados Beatriz Zavala Peniche.
-Es indispensable que este modelo, que debe ser aprobado en el Senado, que alcanza a fiscalizar aproximadamente el 92% del presupuesto que manejan estados y municipios, sea adoptado y replicado en todas las entidades federativas de manera que haya una verdadera posibilidad de intervenir, medir, evaluar y transparentar la aplicación del dinero público que manejan las autoridades en los tres niveles de gobierno– subrayó-. Es deseable, sin embargo falta superar las barreras que en sus territorios pongan los gobernadores, particularmente aquellos que tienen a las legislaturas locales prácticamente bajo su mando, donde actúan como virreyes que manejan sus territorios como un asunto particular y donde el trámite de la aprobación calificada es necesaria para la entrada en vigor de la reforma a la Constitución de la República.
La legisladora federal puntualizó que entre lo más destacado de la reforma está el haber conseguido que exista lo que se ha denominado la “fiscalización en tiempo real”, es decir, la revisión del ejercicio de los recursos públicos en el mismo momento en que se vienen tomando las decisiones, que se pueda hacer en todas las etapas del ejercicio del gasto y no posteriormente como se viene haciendo ahora.
-Le dimos más facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda intervenir en el uso del cien por ciento de los recursos federales, que como ya dije son cercanos al 92% de lo que gastan estados y municipios, en cualquier parte del territorio nacional y prácticamente a cualquier programa que se lleve a cabo –dijo-. Esto es un gran avance que hay que llevar a todos los rincones del país y que requiere de la adopción de las legislaturas locales para que establezcamos una nueva forma de intervención del caso ante tantos conflictos de intereses y desvíos detectados en el uso y manejo del dinero público.
Afirmó que la reforma constitucional aprobada, aunque es un logro porque establece la posibilidad de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales en cualquier nivel de gobierno, todavía tiene que enfrentar la decisión de los virreyes que mandan en los estados, de esos gobernadores a quienes no les convienen medidas como estas y que prefieren, parafraseando al presidente Enrique Peña Nieto seguir, “nadando de muertito”.
-Ya hubo por parte del PRI un intento de detener esta reforma en la Cámara de Diputados, esperemos que no vayan a salir con sus marrullerías en el Senado o que los gobernadores de ese partido hagan tardado el proceso de ratificación en los congresos locales –advirtió-. Ese es el riesgo que se corre para frenar el avance de este tipo de iniciativas que contribuyen a generar condiciones de mayor certeza del quehacer público en México. Concluyó. (Boletín)
