Carlos Loret de Mola Álvarez / 25-II-15
Hay algo que tiene enojado al secretario de la Defensa Nacional. Lo saben sus colaboradores, se los ha dicho a sus amigos, en las altas esferas del gobierno están al tanto y tiene conocimiento del asunto su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto.
El general Salvador Cienfuegos está molesto por el proceso judicial sobre el caso Tlatlaya, en el que militares están acusados de la ejecución extrajudicial de varios civiles, presuntos delincuentes.
En contra de lo que se pudiera intuir, el Ejército quiere que los soldados acusados sean procesados y encarcelados, lo más pronto posible. Eso les permitiría tener un discurso para responder a los señalamientos nacionales e internacionales sobre abusos y falta de respeto a los derechos humanos.
Pero según fuentes del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República no va a la velocidad que la Defensa Nacional quisiera. Los mismos informantes señalan que el Ministerio Público federal no ha dado al caso el “impulso procesal”, esa especie de “empujón” en tribunales que necesita cualquier expediente para avanzar en los lentos caminos de la justicia a la mexicana.
El asunto es más grave porque, de acuerdo a quienes han revisado el expediente, la principal acusadora —mamá de la única mujer, de 15 años de edad, asesinada en el hecho— ha incurrido en contradicciones en las cuatro declaraciones que ha presentado ante las autoridades.
¿Estamos en la puerta de que “se caiga” el caso Tlatlaya? ¿Que queden libres los militares acusados y vuelva a tener México un baño de coraje por la impunidad? ¿Esto lo promueve el gobierno federal? ¿Los jueces se están “vacunando”? ¿La PGR? ¿Quién gana con el desgaste del Ejército? ¿Alguien adentro? ¿Alguien afuera?
La madrugada del 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, un comando de militares se enfrentó con civiles. El gobierno ha señalado desde un inicio que eran presuntos narcotraficantes que mantenían asolada a esa zona del territorio, secuestrando, cobrando derecho de piso, asesinando, violando a mujeres, incluso menores de edad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que la refriega duró alrededor de ocho minutos y tras rendirse los civiles, se escucharon disparos aislados de soldados ejecutando a sus rivales. De las 22 personas muertas en el episodio, 15 habrían sido ejecutadas cuando estaban sometidas.
El Ejército trató de ocultar el hecho, pero la agencia Associated Press y unos días después la revista Esquire lo desvelaron tres meses después. Cuando explotó el escándalo, la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición de las autoridades a siete de sus integrantes, tres de ellos supuestamente vinculados de manera directa con la ejecución extrajudicial:
A Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides se les dictó auto de formal prisión por cuatro delitos. Su proceso es el que está hoy bajo polémica.
