martes, 3 de febrero de 2015

febrero 03, 2015
Carlos Loret de Mola Álvarez / 3-II-15

Las cifras no son exactas y hay polémicas al respecto, pero es un hecho que hay más de 20 mil personas desaparecidas en México.

No se sabe en cuántos casos hubo participación de autoridades. Lo que sí se sabe es que ha habido apenas un puñado de consignaciones por desaparición forzada.

También se sabe que no sólo en Iguala o Cocula o Arcelia la policía municipal se convirtió en brazo armado legal del crimen organizado, con la complicidad de autoridades elegidas democráticamente y la pasividad de las fuerzas policiacas estatales y federales. Son cientos de municipios en todo el país. 


El problema es profundo y complicado. No es sólo la violencia ni sólo el narcotráfico ni sólo la corrupción. Es la impunidad.


Ningún Estado puede erradicar el crimen, pero un Estado que no da al ciudadano común la garantía mínima de que si es víctima de un delito será castigado quien lo cometa, está faltando a la primera de sus obligaciones.

La comparecencia de México, ayer, ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha cobrado gran notoriedad por el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, asesinados según la investigación de la PGR.

Es muy claro que existe ruido político alrededor del caso Iguala y una activa campaña política de grupos e individuos decididos a capitalizarla para sus intereses, pero sería un error grave minimizar el tema con ese pretexto.

Más allá de la grilla, quien gobierna México y quien pretenda gobernarlo en el futuro debe renunciar a la mirada de corto plazo. La impunidad es el gran tema del país. Su combate es la gran reforma omitida y el gran lastre para cualquier otra que se pretende llevar adelante.

Aunque las cifras varían, hay consenso entre los especialistas de que en México entre 95 y 97 por ciento de los delitos que se cometen quedan sin castigo. Hay 97 por ciento de posibilidades de que los delincuentes nunca paguen sus crímenes.

Eso lo saben los narcotraficantes, los policías coludidos, los sicarios de poca monta, los secuestradores y los políticos que se vuelven sus cómplices.

Pero también los delincuentes de cuello blanco, los altos funcionarios que mal usan el dinero público y las obras como trampolín político y los que canjean contratos públicos por beneficios personales.

Por eso siguen haciendo lo suyo. Saben que es casi seguro que se saldrán con la suya. Y siempre pueden gritar que son perseguidos políticos cuando ya no están en el gobierno o que los quieren desestabilizar fuerzas oscuras si están en el poder.

La clase política, de todos los colores, está llena de dignos portadores del título de “Míster 97%”.

Visto así, México tiene 3 por ciento de posibilidades de convertirse en un Estado de derecho y democrático pleno.

carlosloret@yahoo.com.mx