lunes, 23 de febrero de 2015

13:47:00
MÉRIDA, Yucatán, 23 de febrero de 2015.- La lucha por la igualdad de derechos hacia las personas con discapacidad en el Estado de Yucatán se vio comprometida luego de que el pasado viernes 13 de febrero de 2015 le negaron el acceso al joven sordo-ciego José Iván Caballero Cáceres -´Pepe’ como prefiere que le digan-, en un restaurante ubicado en la zona norte de la ciudad que opera bajo la razón social de ‘Mi Viejo Molino Café’.


Este hecho indignó a los familiares de Pepe, tras considerar que la razón que ofreció este establecimiento no es válida, ya que debido a su condición acudiría en compañía de su perro-guía ‘Praia’; y los directivos al saberlo mencionaron que el personal no estaba preparado para atenderlo, ya que les era ajeno el hecho de que un animal pudiera entrar al establecimiento, incurriendo así en una grave violación a sus derechos.

Lo anterior queda plasmado en el artículo Artículo 29 de la Ley para la protección de los derechos de las personas con discapacidad del Estado de Yucatán publicada en 2010 en la cual se destaca lo siguiente: “Las personas con discapacidad que requieran apoyo de un perro guía o animal de servicio para la realización de sus actividades cotidianas, tendrán derecho a que dichos animales tengan acceso a cualquier edificio o instalación de los organismos e instituciones públicas y privadas, así como que permanezcan con ellos en todos los espacios en donde se desenvuelvan”.

Ante este hecho, los familiares de Pepe se reunieron con Alejandro Ojeda, gerente de Mercadotecnia de esta cadena de restaurantes quien dijo representar a los dueños del citado negocio y pidió disculpas a Pepe por negarle el acceso a sus instalaciones, comprometiéndose a convocar a los medios de comunicación el día viernes 20 de febrero para aclarar de manera conjunta en conferencia de prensa las razones del conflicto, lo cual no ocurrió, y más bien a través de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), el presidente de este organismo en Yucatán, Álvaro Mimenza Aguiar, comentó que capacitarían a los más de 14 mil empleados de sus socios.

De esta forma, al ser omitida la presencia de Pepe y puesto que el mismo joven expresó su indignación por este hecho, su mamá la Sra. Ma. Eugenia Cáceres y su hermana Sra. Fabiola Caballero Cáceres, convocaron en Hotel Los Aluxes, salón Zac-Nicté a una conferencia de prensa de manera conjunta con el presidente de la Asociación de Sordos del Estado de Yucatán (ASEY), Alvar Adrián May Can y el director de Proyecto Baktún, Eduardo Rivera Coss, con la finalidad de dar a conocer a la sociedad estos hechos discriminatorios en contra de quienes padecen esta condición, así como el marco legal que regula los establecimientos.

La mamá de Pepe puntualizó su indignación ante la discriminación que ha sufrido su hijo Pepe, y sentenció con la frase de Benito Juárez: “Malditos aquellos que con palabras defienden al pueblo y que con sus hechos lo traicionan”, tras referir que la condición de su hijo no debe ser motivo para que grupos de empresarios se beneficien con publicidad que en los hechos no se cumple, destacando que hoy es tiempo de escuchar las leyes y hacerlas valer, así como generar apertura hacia quienes padecen discapacidad.

Detalló que la Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad en México, publicada en 2011, destaca lo siguiente en su Artículo 2 Fracc. IX: “Discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.

Además, en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, publicada en 2004, el Artículo 9 en referencia a la ‘Accesibilidad’ menciona: “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales …”

Por su parte, la hermana de Pepe destacó que ante estos hechos, procedió a interponer una serie de demandas, la primera de ellas con número de expediente PFC.YUC.B.3/000612-2015 ante la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Yucatán y con número de gestión 115/2015 ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

“No podemos aceptar que los negocios y establecimientos que supuestamente son públicos, le nieguen el acceso a quienes se desplazan por la calle con ayuda de un perro-guía, es un derecho fundamental reconocido legalmente en otros estados y en otros países, y que aquí en Yucatán no se cumple a pesar de que existen leyes para tal efecto”.

Por su parte, el presidente de ASEY comentó que es importante observar que la misma CANIRAC, en base a sus estatutos para poder operar un restaurante solicita ciertos requisitos para que puedan funcionar de manera apegada a la Ley con las siguientes reglamentaciones: Ley ambiental, Ley de Protección Civil, Ley de derechos de autor, Ley de cámaras empresariales, Leyes de Establecimientos Mercantiles, Ley de Salud, Ley del IMSS, Código Fiscal de la Federación, Ley de Residuos Sólidos, Ley de Protección a la Salud de los no fumadores, Normas oficiales laborales, Ley Federal de Protección al Consumidor.

“Son muchas leyes y requisitos los que piden, y ninguno incluye una Ley que especifique y regule el acceso a las personas con discapacidad, con lo cual queda de manifiesto un vacío dentro del marco jurídico y legal que regula la puesta en funcionamiento de los establecimientos comerciales”, detalló Alvar Adrián May.

Asimismo, el director de Proyecto Baktún recordó que una sociedad sana es al mismo tiempo inclusiva, promoviendo la igualdad entre las personas sin importar su condición, ya que bajo la premisa de promover el respeto a los derechos de las personas es posible desarrollar el respeto y la tolerancia. (Boletín)