lunes, 19 de enero de 2015

enero 19, 2015
El autor pidió se omitiera su nombre por temor a represalias

El pasado 6 de enero, todos los partidos MC, PRD, PT, NA Y PAN. representados en el IEPAC presentaron ante la oficina de la consejera presidenta María de Lourdes Rosas Moya la remoción de toda la Junta General Ejecutiva, que en el IEPAC se integran por 4 ciudadanos: El Secretario Ejecutivo, Jorge Esmit May Mex, el Director de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, Cesar Augusto Jiménez Méndez, El Director de Administración y Prerrogativas Ariel Francisco Itzá Alcalá y el Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica Alejandro Hadad Pinelo.


Los partido mencionados solicitaron que una vez hecha la evaluación, el Instituto proceda en consecuencia a la remoción de los que no tuvieran resultado satisfactorio con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Yucatán.

En el documento que entregaron los partidos políticos se afirma que los funcionarios electorales en cuestión durante su encargo no han desempeñado con lealtad, esmero ni responsabilidad las funciones que a su cargo competen de acuerdo con los artículos 125, 134, 135 y 136 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. Además se planteó que en base al artículo 7º transitorio de la Ley De Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y como se planteó en las sesiones del 1 y 10 de octubre del año pasado, se realice una evaluación al desempeño de tales funcionarios quienes han dejado muestras evidentes del desconocimiento de sus funciones que han propiciado errores y omisiones así como lentitud e insuficiencia en la atención a las solicitudes planteadas en el seno del Consejo General como consta en las actas del propio Consejo del IEPAC. 

Trascendió que en próxima sesión extraordinaria los ciudadanos en cuestión tendrían el derecho de audiencia, es decir, podrán exponer su propia justificación ante los consejeros y los partidos políticos que tendrán que valorar su remoción. 

Acá llaman la atención varias cosas, estos ciudadanos entraron al IEPAC en 2013 y tienen fuertes vínculos con el PRI, Esmit May fue pasante de Víctor Caballero Duran, Jiménez Méndez fue alumno de Víctor Caballero Duran, Itzá Alcalá y Hadad Pinelo tienen vínculos amistosos con Antonio Matute y Víctor Caballero Duran. El actual Secretario Ejecutivo entró en diciembre de 2013 con los 5 votos de los consejeros de entonces. Los tres últimos -directores de áreas estrategias en el órgano electoral dele estado- entraron otra sesión pero también con los 5 votos de los entonces consejeros, tres de los cuales, ocupan el mismo cargo ahora. 

Es también digna de mención una fotografía que circulo en estos últimos meses en las redes sociales donde se ve al Consejero Antonio Matute con Jiménez Méndez y el Represente del PRI ante el consejo Alfonzo Díaz departiendo en una fiesta a mediados de año 2013 cuando se preparaba la entrada al IEPAC. 

Entre los argumentos para pedir el cese del Secretario Ejecutivo y los integrantes de la Junta General Ejecutiva, los partidos opinaron que estas personas no pueden garantizar la labor que desarrollan ni que esta sea la adecuada además que no cumplen con los principios rectores del Instituto tal y como lo dice la MISIÓN de su cargo, visible en la página web institucional: “Actuar eficaz y legalmente en el ámbito de las atribuciones y obligaciones establecidas en la legislación electoral vigente en el Estado, garantizando en todo momento que la labor que se desarrolle, sea la adecuada y siempre bajo los principios rectores del Instituto. Destacaron que en el caso del Secretario Ejecutivo también viola con su actuación los principios rectores de los procesos electorales, especialmente los de certeza, legalidad y profesionalismo con los que pone en grave riesgo el proceso electoral en el que estamos inmersos. 

En las próximas sesiones que tendrán - y en la que los ciudadanos involucrados pueden defenderse- los consejeros electorales tienen el derecho de destituir o no a las personas que valoren incapaces para ejercer tan importante tarea electoral, plataforma para la confiabilidad de una elección. ¿Quién podrá defenderlos?