domingo, 14 de diciembre de 2014

diciembre 14, 2014
Juan Acuesta Rodríguez

He seguido con atención el caso de la Universidad del Valle de Grijalva (UVG) y sí resulta no sólo penoso sino alarmante que se instalen escuelas superiores en Yucatán ofertando carreras sin los RVOE correspondientes.

Es cierto que tanto los padres de familia como los jóvenes estudiantes tienen la obligación de averiguar si las instituciones que llegan están reconocidas por la Secretaría de Educación. Y lo curioso es que, efectivamente, esas instituciones están reconocidas, pero no en todos los casos las carreras que ofertan tienen su RVOE.

UVG campus Mérida, Periférico norte.

Me pregunto qué hace la Secretaría de Educación ante estos casos. ¿Cómo permite que se abran carreras al público sin los documentos legales que las acrediten? Si los padres de familia tienen responsabilidad, creo que la Secretaría tiene más responsabilidad, porque tiene la Dirección de Estudios Superiores, tiene la Dirección de Registro de Profesiones y tiene el Departamento, o Dirección también, en donde se tramitan y otorgan los RVOE para cada licenciatura, maestría o doctorado que se oferten. Cuando estas instituciones privadas a todas luces por la prensa, por la radio, por TV y hasta por los camiones urbanos ofertan sus licenciaturas. ¿Acaso la Secretaría de Educación tan sólo funciona como oficinas y elementos de escritorio? ¿No cuenta con supervisores?

Creo que es obligación de la Secretaría de Educación y quizá también de la Profeco (y hasta de otras autoridades, porque es un fraude), emitir publicaciones de todas las escuelas privadas que existen en Yucatán con cada una de sus licenciaturas que cuentan con los registros que las avalen. 

Secretaría de Educación. (Foto SIPSE)

¿Por qué esperar que concluyan y al querer tramitar su cédula profesional o título se topen los usuarios con que las escuelas sí existen físicamente pero que algunas de sus licenciaturas no están debidamente documentadas y reconocidas?


Desde mi punto de vista, es una negligencia e incompetencia de la autoridad, cuando ya de por sí la oferta educativa oficial no es suficiente para todo el conglomerado estudiantil que egresa de los bachilleratos o de Educación Media Superior.

Hace algunos años, siendo más precisos, en el inicio de la segunda administración como Gobernador de don Víctor Cervera, se dio un caso similar, pero fue con la CTM, en la cual varias de sus licenciaturas, si es que no todas, no contaban con la documentación legal que las acreditara como tales. Sin embargo, el Gobierno tomó cartas y se regularizó esa situación y se les reconoció a todos los egresados su registro para cédula profesional.

Resulta muy fácil y cómodo decir desde sus oficinas: "lo siento, no están reconocidas, no podemos hacerles el trámite" y argumentar que a los usuarios les corresponde esa obligación de investigar si tienen sus RVOE. Es muy fácil lavarse las manos y tirar la pelotita como en este caso a la Secretaría de Salud y de ahí a la de Educación, y de ahí otra vez a Salud y de ahí a Educación, y no hacer del conocimiento de la gente en general cuáles sí y cuáles no están reconocidas. Tal parece que sólo son trabajadores de oficina y que los directores y secretarios y todas las autoridades involucradas en esto estén tan sólo en sus edificios y que estén más pendientes de actos donde va a estar presente el Gobernador.

Señores, son servidores públicos y están para servir a la sociedad, y reiteradas veces el Gobernador Rolando Zapata se los ha dicho públicamente.

Entonces, ¿por qué esperar que la granada reviente? ¿Por qué permitir que las familias mal inviertan su dinero en licenciaturas apócrifas para sus hijos, cuando ya de por sí la economía está seriamente deteriorada y va para peor?

Asuman su responsabilidad como autoridad, porque a ustedes les competen estas situaciones, no sean negligentes e irresponsables. Se les paga para cumplir y para servir.

Es cuanto.