CIUDAD DE MÉXICO, 17 de diciembre.- Raúl Salinas de Gortari quedó limpio ante la justicia. El viernes, antes de irse de vacaciones, el encargado de un tribunal lo exoneró en definitiva del delito de enriquecimiento ilícito.
Al resolver la apelación 180/2013, interpuesta por el actual Procurador Jesús Murillo Karam, el Tercer Tribunal Unitario Penal del DF, que lleva un mes sin titular, consideró que la PGR no acreditó que el incremento de la riqueza de Salinas sea producto de actos de corrupción como funcionario.
En las próximas horas le será notificada la decisión tanto a Salinas como a la PGR.
El fallo puso punto final a 19 años de acusaciones penales contra el hermano del ex Presidente Carlos Salinas al absolverlo en forma definitiva e inapelable de un enriquecimiento ilícito estimado en 224 millones de pesos, el último de los expedientes que tenía abierto.
Los agravios o alegatos que presentó la PGR en la apelación resultaron insuficientes para revertir la sentencia absolutoria dictada el 19 de julio de 2013 por el juez federal Carlos López Cruz, cuyo fallo fue ratificado.
La presunción de la PGR era que el enriquecimiento provenía de la partida secreta de la Presidencia, de la que se desviaron 2 mil 218 millones de pesos entre 1990 y 1994 por órdenes del entonces director de Administración de Los Pinos, Ernesto Sentíes, muerto en 1998.
Sin embargo, la Procuraduría nunca pudo probar su acusación.
El tribunal que ahora dictó la sentencia favorable no tiene titular desde el 15 de noviembre, cuando la magistrada Martha del Carmen Hernández -ex subprocuradora del Estado de México en el Gobierno de Enrique Peña- fue nombrada consejera de la Judicatura Federal.
En lugar de Hernández quedó como encargado de despacho el secretario Fermín Cotero, quien, de acuerdo con fuentes del Poder Judicial de la Federación, finiquitó el caso Salinas y el mismo viernes salió de vacaciones.
Desde su captura, el 28 de febrero de 1995, Salinas combatió uno a uno diversos procesos penales tanto por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu como por los delitos de peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal y, finalmente, enriquecimiento ilícito.
En este último expediente, la PGR lo acusó de adquirir 49 bienes inmuebles en el DF, Edomex, Guerrero, Morelos y otras cinco entidades, con recursos que sobrepasaban sus ingresos como funcionario.
En suma, la PGR calculó en 224 millones de pesos el supuesto enriquecimiento ilícito. (Reforma)
